El delirio de las autopistas de peaje en quiebra

El conflicto de la estiba ha dejado en segundo plano la negociaci¨®n sobre las nueve autopistas de peaje en quiebra, una de las prioridades de la hoja de ruta del ministro de Fomento, ??igo de la Serna, desde que lleg¨® al Ministerio de Fomento. Aparentemente parece aparcado. Sin embargo, el inter¨¦s del Gobierno en solucionar la papeleta, por un lado, y la presi¨®n de los fondos de inversi¨®n que se han quedado con la mayor parte de la deuda financiera que pertenec¨ªa a la banca, por otro, mantienen las espadas en alto.

Seg¨²n fuentes consultadas, los contactos se mantienen semanalmente entre Houlihan Lokey, la firma especializada conocida por su intervenci¨®n en casos como el de Abengoa o Lehman Brothers y que ha sido contratada por los fondos para representarles en las negociaciones, y Fomento, que negocia a trav¨¦s de la Sociedad Espa?ola de Infraestructuras del Transporte Terrestres (Seittsa) con su presidente y secretario general de Infraestructuras, Manuel Ni?o, y el director general, Jos¨¦ Mar¨ªa Pi?eiro, a la cabeza.

La deuda de este delirio megal¨®mano de los tiempos del Gobierno de Aznar asciende a 3.500 millones de euros y est¨¢ en manos principalmente de cuatro fondos oportunistas, tambi¨¦n conocidos como buitres (Taconic Capital, Kingstreet Capital, Strategic Value Partners y Atlestor). A ellos se unen, con menores cantidades, Deutsche Bank, JP Morgan y Goldman Sasch, entre otros, sumando en total cerca del 80% de la deuda. El resto queda en poder del ICO (en torno al 9%), Bankia y peque?as entidades financieras. A esa cantidad hay que a?adir otros 2.000 millones, correspondientes a la inversi¨®n realizada por las concesionarias, propiedad de las constructoras (500 millones), y los costes de las expropiaciones (1.800), todav¨ªa pendientes de pago. Es decir, un total de unos 5.800 millones que debe asumir el Gobierno.

El Gobierno ha asumido que se quedar¨¢ con ellas y quiere reducir al m¨¢ximo el impacto en el d¨¦ficit

Las ocho concesionarias (una de ellas tiene dos autopistas) se enfrentan a un procedimiento adecuado de liquidaci¨®n. Del total, hay tres (Accesos de Madrid, que gestiona las radiales R-3 y la R-5; Autopista de Levante, que tiene la AP-36, y Ciralsa, que controla la circunvalaci¨®n de Alicante) a punto de que se resuelva el contrato. El resto (Henarsa, R-2; Madrid Sur, R-4; Eje Aeropuerto, M-12; Madrid-Toledo, AP-41; Aucosta, el tramo de Almer¨ªa-Vera de la AP-7) continuar¨¢n el rosario de ca¨ªdas.

Fomento ha asumido que, al final, se quedar¨¢ con las autopistas; pero cree que puede recortar la deuda y, adem¨¢s de reducir el impacto en el d¨¦ficit, simplificar el l¨ªo judicial. De ah¨ª, el inter¨¦s por alcanzar un acuerdo con los fondos. Seg¨²n fuentes del entorno de las negociaciones, podr¨ªa rebajarse hasta los 2.200 millones. Esto indica, en cualquier caso, que Houlihan negocia con la posibilidad de aceptar una quita, que no llegar¨ªa al 50% que pretend¨ªa la exministra de Fomento, Ana Pastor, hab¨ªa ofrecido una soluci¨®n que inclu¨ªa un bono a 30 a?os al 1% de inter¨¦s y un pago aplazado, de tal forma que el Gobierno pudiera digerir el d¨¦ficit del generaba.

Los citados fondos compraron la deuda a bancos espa?oles y extranjeros que hab¨ªan participado en la financiaci¨®n de las obras y que decidieron hacer mutis por el foro en cuanto vieron que la posibilidad de llegar a un acuerdo era cada vez m¨¢s remota. Lo hicieron con p¨¦rdidas, ya que en algunos casos los cobros se aproximaron al 10% del valor nominal. Entre los bancos que vendieron est¨¢n Santander, BBVA, Popular, ING, Natixis, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, ING y Bank of Tokyo-Mitsubishi, principalmente.

Pero el conflicto, adem¨¢s, afecta a las constructoras, con las que Fomento tambi¨¦n tiene que negociar con la presi¨®n de cumplir las obligaciones que implica la Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n (RPA), que tienen todas las concesionarias menos la R-2 y que coincide con el valor de la inversi¨®n. Es decir, los fondos y Fomento pueden negociar lo que quieran, pero las constructoras quieren recuperar lo que puedan.

La cifra, cualquier que sea, ir¨ªa contra el d¨¦ficit del Estado, por lo que deja al Gobierno en una posici¨®n muy delicada, entre otras cosas porque compromete el cumplimiento de los objetivos impuestos por Bruselas. De la Serna nada en aguas turbulentas. Se debate entre tomar una decisi¨®n econ¨®mica correcta o una decisi¨®n pol¨ªtica correcta, aunque no sea nada econ¨®mica. Sabe que, lejos de que tenga un coste cero en las arcas p¨²blicas, como dec¨ªa Pastor, habr¨¢ una quita m¨¢s o menos cuantiosa; pero que tiene que recortar lo m¨¢ximo posible para mandar un mensaje a los mercados financieros y a la Comisi¨®n Europea. En todo caso, convencido de que tendr¨¢ que quedarse con unas infraestructuras que valen 6.000 millones, la hoja de ruta pasa por su puesta en venta y, si las cosas bien, sacar los m¨¢ximo posible.