Sobresalto en el Caribe

Durante los ¨²ltimos meses las autoridades colombianas han estado aparentemente deshojando la margarita para ver qu¨¦ hacer con una compa?¨ªa privada, Electricaribe, que provee de electricidad a buena parte de la costa del Pac¨ªfico y del Caribe. La intervenci¨®n inicial, ahora se sabe, estaba ya orientada a la liquidaci¨®n. Este decisivo paso de las autoridades colombianas va a dar lugar a una catarata de litigaci¨®n, incluyendo arbitrajes internacionales de inversi¨®n. Los accionistas de la compa?¨ªa, tanto la espa?ola Gas Natural ¡ªque a su vez tiene centenares de miles de accionistas ante los que debe responder¡ª, como las docenas de accionistas minoritarios, no pueden dar el asunto por zanjado. El embrollo jur¨ªdico y el desgaste para los protagonistas est¨¢ garantizado.

M¨¢s informaci¨®n

Colombia ordena la liquidaci¨®n de la filial de Gas Natural

Gas Natural intentar¨¢ el lunes un acuerdo en su filial colombiana

Gas Natural espera una indemnizaci¨®n de 475 millones en Colombia

Pero la noticia de la liquidaci¨®n de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S.A.) por parte del Gobierno colombiano no es solo una nefasta noticia para los accionistas, tambi¨¦n para los mercados y la credibilidad de Colombia como destino de la inversi¨®n.

Esta decisi¨®n ratifica al severo retroceso que experimenta el pa¨ªs en relaci¨®n con la seguridad jur¨ªdica y la protecci¨®n a la inversi¨®n extranjera, como consta en el reciente Informe sobre la Seguridad Jur¨ªdica y la protecci¨®n a la inversi¨®n en Iberoam¨¦rica, publicado por World Federation of Investors y la Asociaci¨®n Espa?ola de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. El trabajo de investigaci¨®n arroja un sorprendente resultado, Argentina mejora posiciones en el ranking de la seguridad jur¨ªdica, mientras que Colombia, tradicionalmente un destino serio y respetado, pierde posiciones y se acerca a los pa¨ªses de peor reputaci¨®n.

El caso de Electrocaribe reviste especial gravedad por las circunstancias que han rodeado el caso, pero se suma a otros episodios donde se ha atacado la seguridad jur¨ªdica afectando a un n¨²mero creciente de empresas transnacionales (Glencore PLC, Cosigo Resources, Am¨¦rica M¨®vil, Telef¨®nica, Anglogold Ashanti, etc.) que se han visto obligadas a acudir ante cortes internacionales de arbitraje en b¨²squeda de protecci¨®n a la inversi¨®n.

En 2016 Colombia registr¨® un n¨²mero de nuevos casos de arbitraje internacional ante el CIADI que se acerca al de Venezuela y se distancia de pa¨ªses como Argentina, M¨¦xico o Per¨². Y todo indica que dicha tendencia podr¨ªa consolidarse.

El origen de esta creciente conflictividad no es ajeno a la ausencia de reformas estructurales en el sistema regulatorio colombiano. Reformas advertidas por la OCDE, reconocidas por el propio Gobierno Nacional, y que el presidente Santos, quiz¨¢ por tener m¨¢s concentrada su atenci¨®n en el proceso de paz, ha retrasado m¨¢s de lo necesario.

La ausencia de reformas para fortalecer el marco general de regulaci¨®n y supervisi¨®n en Colombia est¨¢ relacionada, como se?ala la OCDE, con la debilidad de los mecanismos de evaluaci¨®n ex post de las normas reguladoras; la fragilidad de los procesos de coordinaci¨®n entre los diferentes reguladores sectoriales y, sobre todo, la exposici¨®n del sistema a las inevitables presiones electorales.

No es positivo que la m¨¢xima autoridad del ¨®rgano sancionador pueda ser cesada por cualquier causa, en cualquier momento y sin un proceso m¨ªnimamente transparente por parte del jefe del Ejecutivo.

La consolidaci¨®n de Colombia como destino preferente de la inversi¨®n extranjera pasa por despejar cualquier incertidumbre sobre la interferencia de criterios ajenos a los estrictamente regulatorios en la toma de decisiones de profunda repercusi¨®n econ¨®mica y reputacional para los sectores regulados. La fragilidad de este modelo de supervisi¨®n, superado en Argentina, M¨¦xico, Per¨² y otros muchos pa¨ªses del ¨¢rea, y conservado en Colombia, Venezuela o Bolivia, extiende un inevitable e innecesario manto de duda sobre la neutralidad de sus actuaciones ante las siempre presentes presiones electorales de uno u otro signo. A esto se suma, como elemento relevante para la comprensi¨®n de este caso, que el 21 de febrero de 2017 y por primera vez en la historia institucional de Colombia, la Administraci¨®n central intervino formalmente y al m¨¢s alto nivel, un Gobierno Departamental. Una intervenci¨®n que tuvo lugar, precisamente, en esta regi¨®n del pa¨ªs, como consecuencia de flagrantes hechos de corrupci¨®n, elevada politizaci¨®n de sus instituciones e indebida gesti¨®n de sus competencias.

El elevado riesgo de toma de decisiones a partir de criterios electorales transmite un mensaje peligroso para los inversores nacionales e internacionales en el pa¨ªs. Por ello la intervenci¨®n y liquidaci¨®n de una importante empresa del sector el¨¦ctrico colombiano como la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S.A.) por parte del Gobierno colombiano hace saltar todas las alarmas sobre su independencia en un contexto preelectoral, altamente politizado y con grave riesgo de expropiaci¨®n.

Este contexto tambi¨¦n est¨¢ marcado por debilidades estructurales (no coyunturales) del mercado de la electricidad en esta regi¨®n colombiana, relacionadas con los ineficaces mecanismos de evaluaci¨®n ex post de las normas reguladoras. Esto ha permitido la aparici¨®n de serias dificultades para la empresa. Entre ellas, la morosidad de las administraciones p¨²blicas en el cumplimiento de sus obligaciones ante la empresa y la creciente prestaci¨®n del servicio a sectores de la poblaci¨®n sin que entren en funcionamiento los necesarios mecanismos de compensaci¨®n.

La decisi¨®n de iniciar el proceso de liquidaci¨®n de Electrocaribe no es la ¨²ltima palabra sobre el destino final de la compa?¨ªa. Pase lo que pase, la medida es un severo retroceso en la credibilidad de Colombia ante los inversores internacionales. Un pa¨ªs con unas ¨¦lites pol¨ªticas, econ¨®micas, culturales y jur¨ªdicas admiradas en todo el mundo no deb¨ªa haber optado por la senda de pol¨ªticas propias de una rep¨²blica bananera: intervenir y liquidar una empresa privada de energ¨ªa es decisi¨®n de extrema radicalidad y trascendencia. Colombia quiere entrar en la OCDE, pero con decisiones como esta, hoy se encuentra un pelda?o m¨¢s lejos de su objetivo. Santos nunca debi¨® permitir que un peque?o pero muy influyente grupo de la clase pol¨ªtica de Barranquilla le arrancara un jir¨®n de credibilidad a uno de los grandes pa¨ªses de Am¨¦rica. Ese no es el camino para proporcionar bienestar, justicia e igualdad a los consumidores colombianos a los que torticeramente se dice querer defender.

Javier Cremades. Abogado. Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo