Cualquier pa¨ªs de la UE podr¨¢ vetar el pacto comercial de la era posBrexit
El Tribunal de la UE establece que los parlamentos nacionales deben dar luz verde a acuerdos comerciales como el TTIP
El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha dictaminado que Bruselas tiene amplias competencias exclusivas sobre los tratados comerciales, pero obliga a que los parlamentos nacionales ratifiquen dos cap¨ªtulos: la inversi¨®n extranjera y los pol¨¦micos tribunales de arbitraje para resolver disputas entre inversores y Estados. La decisi¨®n afecta a posibles pactos como el TTIP o la futura relaci¨®n comercial con Reino Unido tras el Brexit. La negociaci¨®n con Londres sobre este punto no comenzar¨¢ hasta concretar las condiciones de salida, pero la sentencia abre la puerta a una larga traves¨ªa por hasta 38 parlamentos nacionales y regionales para la aprobaci¨®n definitiva del nuevo marco comercial.
La Uni¨®n Europea no puede firmar acuerdos comerciales de calado sin consultar a los parlamentos nacionales. El Tribunal de Justicia de la UE as¨ª lo ha decidido este martes en una sentencia sobre el tratado con Singapur cuyos efectos se dejar¨¢n sentir mucho m¨¢s all¨¢: puede cambiar el resultado final de negociaciones tan relevantes como el futuro pacto comercial con Reino Unido tras el Brexit.
Los jueces estiman que Bruselas tiene competencia exclusiva para aprobar por s¨ª sola gran parte de las cuestiones de un tratado comercial, pero han determinado que los socios europeos deben dar el visto bueno a su pol¨ªtica en dos ¨¢mbitos: "La Uni¨®n no dispone de competencia exclusiva ¨²nicamente en lo que concierne a dos aspectos del acuerdo: el ¨¢mbito de las inversiones extranjeras distintas de las directas y el r¨¦gimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados". Precisamente la independencia de los tribunales de arbitraje, un mecanismo presente en la mayor¨ªa de acuerdos comerciales para dirimir eventuales demandas de multinacionales contra los Estados, fueron el principal escollo para que Valonia diera el visto bueno a la firma del CETA.
Aunque el veredicto se?ala la obligatoriedad de consultar a los Estados miembros en ambos aspectos, el dictamen suaviza la opini¨®n expresada por el abogado general en diciembre. El letrado plante¨® entonces incluir entre las competencias compartidas entre Bruselas y los socios europeos cuestiones como el transporte, algunos derechos de propiedad intelectual y normas laborales y medioambientales que ahora el tribunal deja solo en manos de la UE.
La resoluci¨®n abre la puerta a que hasta 38 parlamentos nacionales y regionales deban dar su consentimiento a acuerdos como el TTIP o el tratado comercial con Reino Unido tras el Brexit para que entren en vigor de forma definitiva. Ese largo recorrido est¨¢ sujeto a un gran n¨²mero de imprevistos: cada Estado puede tener intereses contrapuestos o exigir a cambio de su voto favorable contrapartidas que amenazan con convertir cualquier discusi¨®n en un laberinto de dif¨ªcil salida.
La ¨²nica forma de que un tratado comercial con Reino Unido pueda entrar en vigor esquivando el farragoso tr¨¢mite de recorrer las c¨¢maras de la UE pasa por rebajar el nivel de ambici¨®n dejando a un lado temporalmente esos dos aspectos para seguir adelante con los puntos que la ley permite y as¨ª evitar retrasos. A¨²n est¨¢ por ver si esta opci¨®n se contempla en la negociaci¨®n. Las discusiones sobre los intercambios comerciales UE-Reino Unido no comenzar¨¢n hasta que se cierren las condiciones de salida, que solo necesitar¨¢n del benepl¨¢cito de las instituciones comunitarias.?
Precedentes como la resistencia valona a autorizar la firma del CETA, el tratado de libre comercio con Canad¨¢, muestran que la renacionalizaci¨®n de la pol¨ªtica comercial puede traer quebraderos de cabeza a los responsables comunitarios. En el horizonte est¨¢ la aprobaci¨®n de tratados como los que actualmente se negocian con Jap¨®n, M¨¦xico, los pa¨ªses latinoamericanos de Mercosur o la ratificaci¨®n final del CETA. Tambi¨¦n el pol¨¦mico TTIP, que ha perdido impulso tras la llegada del proteccionista Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Algunas de estas negociaciones llevan abiertas desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, y a la de por s¨ª compleja tarea de compatibilizar legislaciones, pueden tener que superar ahora los vaivenes pol¨ªticos de decenas de parlamentos europeos.
Bruselas trat¨® de convencer a los Veintiocho de la necesidad de que la aprobaci¨®n de los acuerdos fuera competencia exclusiva de la UE para agilizar as¨ª su puesta en marcha y mostrarse de cara a sus socios como un actor predecible, pero los Estados no estaban por la labor. La presi¨®n de la opini¨®n p¨²blica llev¨® a la canciller alemana, Angela Merkel, a intervenir de forma tajante para asentar la legitimidad democr¨¢tica de los pactos: ¡°sea cual sea el an¨¢lisis jur¨ªdico, el Bundestag ¡ªel parlamento alem¨¢n¡ª tendr¨¢ que pronunciarse¡±, dej¨® claro en plena pol¨¦mica sobre el CETA. Esa negativa de los Estados llev¨® a la Comisi¨®n Europea a replantearse su posici¨®n y aceptar finalmente que el acuerdo con Canad¨¢ pasara el filtro de los parlamentos nacionales.
"Victoria de la democracia" para las organizaciones contrarias al TTIP
Las organizaciones contrarias a la firma de acuerdos como el TTIP o el CETA han dado la bienvenida a la sentencia, que retrasar¨¢ y har¨¢ m¨¢s compleja la aprobaci¨®n de cualquier tratado futuro. Sus detractores creen que estos pactos rebajan los est¨¢ndares europeos en materias como la protecci¨®n ambiental o la seguridad alimentaria y dejan las eventuales disputas comerciales con multinacionales en manos de opacos tribunales de arbitraje privados.
La ong Greenpeace se felicit¨® de que la Comisi¨®n no podr¨¢ negociar la puesta en marcha de ese sistema de arbitraje sin la aprobaci¨®n de los parlamentos nacionales. "El veredicto es una victoria para la democracia. La sentencia refuerza el debate sobre los beneficios y los peligros de los tratados comerciales", indic¨® en un comunicado el responsable de Pol¨ªtica Comercial de la organizaci¨®n, Kees Kodde.
La movilizaci¨®n callejera frente a este tipo de tratados ha acabado con la percepci¨®n de que su aprobaci¨®n es una cuesti¨®n meramente t¨¦cnica que no afecta al ciudadano de a pie. Las protestas alcanzaron su cenit en Alemania, donde se llegaron a concentrar m¨¢s de 150.000 personas en octubre de 2015.
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