Despidos de oro con dinero p¨²blico en las mutuas
El caso de un ex alto cargo de Artur Mas, con 610.000 euros de indemnizaci¨®n, destaca entre una docena de salidas irregulares
La Audiencia Nacional no tuvo dudas: aquello era un pacto para ¡°acaparar el abono de una importante indemnizaci¨®n¡±. El 10 de abril de 2008 MC Mutual despidi¨® a uno de sus altos directivos alegando ¡°falta de confianza¡±. Le pag¨® una indemnizaci¨®n de 610.000 euros, que abon¨® con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social que gestionan todas las mutuas, es decir, con dinero p¨²blico. ?Se fue a la calle el directivo? No: fue contratado de nuevo en la misma mutua solo cuatro d¨ªas despu¨¦s, pero en otro puesto.
El directivo en cuesti¨®n es Josep Maria Via i Redons, un hombre muy conocido en el ¨¢mbito de la sanidad que ha sido asesor del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y tambi¨¦n presidente del Hospital del Mar, uno de los grandes centros sanitarios de Barcelona. Cuando Via fue despedido de la mutua era consejero permanente de Presidencia, pero antes hab¨ªa sido director gerente de Midat Mutua, una de las dos entidades que se fusionaron en 2006 para crear la actual MC Mutual, que gestiona cerca de 850 millones de euros al a?o en cotizaciones sociales y cubre a 1,2 millones de trabajadores de unas 170.000 empresas.
El despido irregular de Via es solo uno de los muchos que los auditores de la Seguridad Social han destapado recientemente en sus informes de intervenci¨®n anuales. Uno de los tipos m¨¢s comunes es el de las mutuas que despiden a directivos con jugosas indemnizaciones cuando est¨¢n a punto de jubilarse. Cuando la Seguridad Social detecta estas situaciones, a¨²n en el caso de empleados de niveles no directivos, exige a las mutuas que devuelvan el dinero. EL PA?S ha encontrado una docena de casos de indemnizaciones por despido irregulares solo en seis a?os, en las resoluciones de auditor¨ªa de los ejercicios que van de 2006 a 2011 (¨²ltimo a?o para el que hay resoluci¨®n firme).
Las reclamaciones que hace la Seguridad Social a sus mutuas por haber gastado irregularmente el dinero de las cotizaciones sociales que gestionan se prolongan durante a?os, primero por cauces administrativos, y despu¨¦s judiciales. Tambi¨¦n en el caso de los despidos fraudulentos. Pese a que hace casi 10 a?os, el caso de Via a¨²n sigue abierto y el dinero no se ha restituido. Hace un par de semanas se celebr¨® el juicio para que el despedido devolviera a la entidad catalana el dinero y esta, a su vez, al instituto p¨²blico.
Un directivo sanitario controvertido
Josep Maria Via es muy conocido en el ¨¢mbito de la salud en Catalu?a. Ha ocupado varios puestos en la Administraci¨®n y ¨²ltimamente ha sido noticia porque el Consorcio de Salud y Social de Catalu?a (CSC), organismo p¨²blico que gestiona una veintena de hospitales catalanes y del cual Via era uno de sus principales directivos, le adjudic¨® en 2015 un contrato de auditor¨ªa de casi 200.000 euros, seg¨²n adelant¨® EL PA?S. Via demand¨® a una peque?a publicaci¨®n llamada Caf¨¨ambllet que denunci¨® en un v¨ªdeo la opacidad en la sanidad p¨²blica y varios casos de corrupci¨®n. Sus responsables fueron condenados a pagar a Via 10.000 euros por afectar a su honor, pero posteriormente la Audiencia de Barcelona anul¨® la sentencia al considerar que las declaraciones del v¨ªdeo est¨¢n amparadas en la libertad de expresi¨®n. Actualmente Via se dedica a consultor¨ªa sanitaria.
Cuando la Seguridad Social reclam¨® a la mutua que devolviera los 610.000 euros de Via, esta recurri¨® a la Audiencia Nacional. Y perdi¨®. El tribunal no tuvo dudas. Especialmente cuando descubri¨® que el despido no era tal. En una junta directiva celebrada un mes antes, el acta hab¨ªa dejado negro sobre blanco la intenci¨®n de Via de dejar su puesto. ¡°Aceptar la renuncia presentada¡±, se lee. El tribunal es contundente: ¡°Los hechos relatados nos demuestran claramente la existencia de una rescisi¨®n pactada del contrato de alta direcci¨®n firmado en su d¨ªa, escondida bajo la figura del desistimiento empresarial al objeto de acaparar el abono de una importante indemnizaci¨®n¡±, se?ala la sentencia, a la que tuvo acceso EL PA?S.
Indemnizados a punto de jubilarse
En las cuentas de 2007 de Fremap, la mutua m¨¢s grande del sector, los auditores p¨²blicos encontraron una indemnizaci¨®n por despido de 516.348 euros con cargo a cotizaciones. Exigieron su devoluci¨®n y la Audiencia Nacional le dio la raz¨®n a la Seguridad Social hace unos meses. El directivo en cuesti¨®n firm¨® el despido un d¨ªa despu¨¦s de que le dieran de alta con una propuesta de incapacidad permanente. El tribunal encuentra "dif¨ªcil de creer" que la mutua no lo supiera y asegura no entender "la raz¨®n por la que la Mutua no esper¨® a la finalizaci¨®n del expediente para no tener que realizar el despido".
En 2008, la situaci¨®n se repiti¨® con otros tres casos. En uno de ellos, el del director de Prevenci¨®n,? el despido cost¨® 436.308 euros, de los cuales 420.000 fueron de indemnizaci¨®n. "Cantidades totalmente desproporcionadas", se?ala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez m¨¢s, conden¨® a Fremap a devolver el dinero. A este directivo solo le quedaban dos a?os para jubilarse, lo que lleva al tribunal a afirmar que la decisi¨®n de despedirle "desde un punto de vista de gesti¨®n empresarial resulta incomprensible". El fallo concluye que la mutua hizo "una indebida gesti¨®n de los fondos de la Seguridad Social".
Exceso de retribuciones
A veces la reclamaci¨®n p¨²blica no es sobre el despido en s¨ª o sobre toda la indemnizaci¨®n, sino sobre una parte de ella porque los auditores descubren que se ha pagado de m¨¢s. Le ocurri¨® a Egarsat en 2008. Ese a?o despidi¨® al que hab¨ªa sido director adjunto de SAT, una de las dos mutuas que se fusionaron para crear Egarsat. El problema que encontr¨® la Seguridad Social fue que le pag¨® 165.271 euros de m¨¢s en la indemnizaci¨®n, por una antig¨¹edad que no era la real. El caso lleg¨® a la Audiencia Nacional. La mutua consign¨® como fecha de alta en la empresa 1992, cuando en realidad el directivo hab¨ªa empezado a trabajar en 1998.
El tribunal fall¨® a favor de la Seguridad Social. Pese a que admiti¨® que el Estatuto de los Trabajadores permite pactar en el contrato una antig¨¹edad superior a la real ¨Cse hace en ocasiones para captar directivos con mejores condiciones--, consider¨® que ¡°esa libertad¡± no deber¨ªa imputarse al patrimonio de la Seguridad Social, es decir, al dinero p¨²blico. Por eso la mutua tuvo que restituir esa cantidad con base a su patrimonio privativo, es decir, a sus propios recursos. Un portavoz de Egarsat asegura que la pr¨¢ctica es perfectamente legal y que se emplea para "blindar" a directivos que de otra forma no ir¨ªan a trabajar para la mutua.
La pr¨¢ctica ha continuado despu¨¦s de 2011. En 2013, Mutua Universal, cuya anterior directiva est¨¢ imputada y pendiente de juicio por un fraude de 200 millones con las cotizaciones sociales, despidi¨® a Jordi Pons Coma y le pag¨® 569.191 euros. Pons es, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez que instruye el caso, uno de los 11 directivos que particip¨® en la presunta malversaci¨®n, descubierta a?os antes, en 2007.
Las mutuas no siempre pierden la batalla en los tribunales. Fraternidad venci¨® en 2012 la exigencia de que devolviera los 494.610 euros de indemnizaci¨®n de su director gerente adjunto, que dej¨® la entidad en 2010. De esa cantidad 404.652 euros se pagaron de cotizaciones sociales; el resto sali¨® del patrimonio de la mutua.
La indemnizaci¨®n por despido de Josep Maria Via es la m¨¢s abultada de la que recogen las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, y la ¨²nica en la que se reclama a la mutua que le exija el dinero al beneficiario, que dice estar "muy sorprendido" por ello.
Cuando Via fue recontratado su puesto fue de adjunto al director de la divisi¨®n de recursos asistenciales. All¨ª permaneci¨® un a?o, hasta que abandon¨® la mutua, seg¨²n explica a EL PA?S en conversaci¨®n telef¨®nica. ¡°Es un puesto que no tiene nada que ver, con un contrato laboral ordinario vinculado a una actividad muy concreta, que era la puesta en marcha del nuevo hospital de Mutua. Dur¨® un a?o y se acab¨®¡±.
Una portavoz de MC Mutual explica el porqu¨¦ de la contrataci¨®n de Via solo cuatro d¨ªas despu¨¦s de despedirle con una jugosa indemnizaci¨®n: "Debido a la contrastada experiencia del se?or Via en el sector sanitario, una vez extinguida la relaci¨®n laboral de alta direcci¨®n, se incorpor¨® a Mutual Midat Cyclops con una relaci¨®n laboral com¨²n que se extendi¨® durante un a?o para prestar sus servicios en la Divisi¨®n de Recursos Asistenciales, no realizando en ese per¨ªodo funciones de direcci¨®n".?
La mutua explica que ahora le reclama el dinero a Via en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. Via, por su parte, asegura que no entiende por qu¨¦ le piden el dinero ahora: ¡°El contrato se cumpli¨® y punto. Es as¨ª de simple. Lo que ocurre es un problema entre la Seguridad Social y la mutua. A m¨ª no me concierne para nada¡±.
investigacion@elpais.es
Obras de arte propiedad del Estado
El trabajo de los auditores que controlan al detalle las finanzas de las mutuas tambi¨¦n consiste en controlar qu¨¦ venden y qu¨¦ se hace con el dinero que obtienen. MC Mutual vendi¨® en 2005 cuatro cuadros de tres pintores catalanes de principios del siglo XX: Eliseu Meifr¨¦n, Francesc Gimeno y Joaquim Mir i Trinxet. Obtuvo 802.000 euros, y se los qued¨®. La intervenci¨®n se los reclam¨® en la auditor¨ªa de ese a?o, al considerar que pertenec¨ªan al patrimonio de la Seguridad Social y no al propio de la entidad.
Entre ambos hay una diferencia sustancial. El de la mutua es el que la asociaci¨®n de empresarios acumul¨® hasta 1967, cuando estas entidades se integraron en el sistema de la Seguridad Social. El otro es el que gestionan estas organizaciones, pero se ha construido con cotizaciones sociales desde ese a?o y es p¨²blico.
La mutua argument¨® que no conservaba documentaci¨®n sobre la compra de las obras de arte, que debi¨® de producirse hacia 1991. La Seguridad Social reclam¨® que se acreditara que la propiedad de los cuadros correspond¨ªa, en el momento de la venta, al patrimonio hist¨®rico de la mutua. Como no pudo demostrarlo en tres de los cuadros, tuvo que reintegrar 562.000 euros. El Tribunal Supremo oblig¨® a ello en 2014, al considerar que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social no solo los ingresos obtenidos por las primas que aportan los asociados, sino tambi¨¦n los bienes en los que se inviertan esos ingresos.
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