La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El pr¨®ximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 a?os. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro a?os para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mec¨¢nicos y electr¨®nicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, as¨ª como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprob¨® el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusi¨®n Social, que habla de hacer "ajustes razonables". Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ah¨ª o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

"En Espa?a, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitect¨®nicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles ¡ªcasi 2,3 millones¡ª. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles", seg¨²n las estimaciones de Salvador D¨ªez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de Espa?a (CGCAFE).

Por contra, el n¨²mero de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la poblaci¨®n, seg¨²n el INE. Algunos de ellos viven en una c¨¢rcel. Se calcula que en Espa?a existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez, presidente de la Comisi¨®n de Comunicaci¨®n y Estad¨ªstica de la Federaci¨®n Empresarial Espa?ola de Ascensores (FEEDA). "En los edificios antiguos de dif¨ªcil distribuci¨®n y con problemas por los grados de protecci¨®n del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones", comenta Manuela Julia Mart¨ªnez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta regi¨®n, "el 60% de los edificios no habr¨ªa ejecutado las obras necesarias para la supresi¨®n de barreras arquitect¨®nicas", insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obst¨¢culos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obst¨¢culos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicaci¨®n. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 a?os. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no est¨¢n obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y as¨ª "evitar la contradicci¨®n entre las normas", explica D¨ªez.

Adem¨¢s, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas p¨²blicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. "La pr¨¢ctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos", dicen en la asesor¨ªa jur¨ªdica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayor¨ªa, en cuyo caso tambi¨¦n obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay m¨¢s razones: falta de recursos econ¨®micos y alta morosidad, tardanza en las concesi¨®n de licencias o problemas de distribuci¨®n y espacio en inmuebles antiguos. "No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservaci¨®n y mantenimiento del inmueble. Tambi¨¦n por la tardanza en la obtenci¨®n de las licencias urban¨ªsticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar m¨¢s de un a?o", expone Mart¨ªnez Torres. Esa tardanza compromete adem¨¢s la obtenci¨®n de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. "Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores", a?ade la presidenta de CAFMadrid, que cree que ser¨ªa m¨¢s efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, "el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos a?os lo han pagado con medios propios y est¨¢n a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones P¨²blicas", aporta Salvador D¨ªez.

Las fincas que han dejado atr¨¢s las barreras se han decantado por las soluciones m¨¢s econ¨®micas. "Las que m¨¢s se realizan son la instalaci¨®n de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustituci¨®n del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora", cuenta D¨ªez. Aunque dif¨ªcil de desglosar, "en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en Espa?a y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos", calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en funci¨®n de la obra civil y las alturas. "Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros", se?ala Mart¨ªnez Torres.

?Qu¨¦ pasar¨¢ el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un mill¨®n de euros. "Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas", contesta el presidente del CGCAFE.