Golpe al fraude en la vivienda
La Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios abre una v¨ªa para facilitar que los afectados que perdieron sus ahorros y nunca recibieron sus viviendas sobre plano puedan reclamar a las entidades financieras
Se cuentan por cientos de miles, aunque muchos siguen en la sombra, desconocedores de que gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia pueden recuperar sus ahorros. Son los hu¨¦rfanos de la crisis inmobiliaria, esos que anticiparon una importante cantidad de dinero para la compra de una vivienda sobre plano. Pero las promotoras incumplieron el deber de avalar o garantizar esas cantidades, como exig¨ªa la Ley 57/1968. Y "los bancos tampoco verificaron que esta garant¨ªa exist¨ªa, de acuerdo con la obligaci¨®n que les impon¨ªa la ley", recuerda Marta Serra, directora de El Defensor de tu Vivienda. Era la ¨¦poca del boom, en la que bancos y cajas, promotores, cooperativas e, incluso, compradores miraban hacia otro lado.
Tras el pinchazo de la burbuja y el concurso de acreedores de miles de promotoras y cooperativas, sobre todo a partir de 2007 y 2008, estos compradores se quedaron sin casa y sin dinero. Y lo que es peor, sin esperanzas de recuperar ninguno de los dos. Son muchas las familias afectadas en toda Espa?a y muchas las que no saben que ahora pueden reclamar sus ahorros a las entidades financieras que, gracias a un giro de tim¨®n judicial, se han convertido en responsables. Por eso, la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de arrancar una campa?a para reclamar el dinero perdido m¨¢s los intereses devengados. "Nos podr¨ªamos encontrar casos en los que el importe de intereses sea superior al principal reclamado", se?alan. Ya se han apuntado 500 afectados.
A los tribunales pueden acudir aquellas personas (no inversores) que compraron una vivienda sobre plano antes del 31 de diciembre de 2015 sin la existencia de aval. El plazo para reclamar acaba el 31 de diciembre de 2020. No hay registros oficiales sobre el n¨²mero de afectados, pero las estimaciones de los bufetes de abogados se mueven entre las 600.000 y el mill¨®n de personas. "Teniendo en cuenta que con el estallido de la burbuja hubo casi un millar de promociones fallidas, podr¨ªa haber un mill¨®n de afectados, en su mayor parte familias espa?olas, pero tambi¨¦n extranjeros que invirtieron en zonas costeras de Andaluc¨ªa y Comunidad Valenciana", apunta David Castell¨®, socio fundador de la plataforma de reclamaciones online Winu.es. "El porcentaje es mayor en los primeros a?os, dado que el comprador que contrat¨® con una promotora a partir de 2010 era m¨¢s prudente", indica Fernando Gonz¨¢lez, presidente de IURE Abogados.
La aportaci¨®n media por afectado est¨¢ entre 36.000 y 50.000 euros, entre lo pagado y los intereses acumulados. As¨ª, la banca se juega entre 21.000 y 50.000 millones de euros. Ya hay sentencias. "Las entidades a las que m¨¢s cantidades hemos reclamado han sido Bankia y Caixabank. Tambi¨¦n, a Santander, BBVA, Abanca, Banco Popular, Banco CEISS y Unicaja, con sentencias favorables", enumeran en El Defensor de tu Vivienda. Solo este bufete tiene localizadas 700 promociones y cooperativas fallidas. "Todas las entidades financiaron promociones en el boom, por lo que, aunque hayan desaparecido, puede demandarse al banco que las haya absorbido; las entidades m¨¢s grandes son las que m¨¢s demandas van a soportar", dice Castell¨®.
Nuevas reglas de juego
Este cambio de rumbo arranca en diciembre de 2015 cuando el Tribunal Supremo dio carpetazo a a?os de oscuridad y fij¨® como doctrina jurisprudencial que "la entidad financiera que recib¨ªa las aportaciones de los promotores en los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2016, si no vigil¨® que dichas aportaciones quedaban aseguradas al amparo de la Ley 57/68, resultaba responsable por el incumplimiento del deber in vigilando", explica Gonz¨¢lez, de IURE Abogados. As¨ª pues, "la entidad de cr¨¦dito debe responder, pues supo o tuvo que saber que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas, lo que la obligaba legalmente a abrir una cuenta especial y separada", a?ade Fernando Sanahuja, abogado de Sanahuja Miranda.
Desde esta sentencia, los casos de afectados han crecido, aunque siguen siendo muchos los que desconocen que pueden recuperar su dinero. "Hemos notado un aumento de clientes en las capitales de provincia, sobre todo Madrid y Barcelona, as¨ª como en zonas costeras de M¨¢laga y Comunidad Valenciana", dice Mario Ledesma, de Criterio Abogados. En este despacho aseguran que todas las demandas interpuestas, que suelen prolongarse durante un a?o, han sido favorables.
Hasta esa sentencia del Supremo reclamar era una encrucijada. "Juzgados y tribunales entend¨ªan que si el promotor no cumpl¨ªa ¨ªntegramente los requisitos de constituci¨®n de las garant¨ªas, las entidades financieras no eran responsables", comentan en la OCU. "Los compradores no pod¨ªan hacer nada m¨¢s que acudir al promotor, que sol¨ªa ser insolvente, por lo que recuperar el total de las cantidades invertidas se tornaba en una tarea imposible", a?ade Ledesma, de Criterio Abogados.
Hay cientos de promotoras que han dejado a miles de afectados sin sus casas y sin su dinero, tanto grandes como peque?as: Martinsa-Fadesa, Aifos, JJ Alem¨¢n, Construcciones Azagra, Seyma Gestiones, Cristina Sur Promociones, Naviro Inmobiliaria 2000, Cooperativa Andaluza Puerta Mediterr¨¢neo, Paseo Mar¨ªtimo, Promoelja...
En OCU preocupa que puedan volver a darse situaciones parecidas con la reactivaci¨®n del mercado inmobiliario. Los que compraron a partir de enero de 2016, ya en el nuevo ciclo, deben regirse por una normativa (Ley 20/2015 del 14 de julio) que, seg¨²n los expertos, es algo m¨¢s permisiva. "Solo existe obligaci¨®n de garantizar las cantidades entregadas desde que el proyecto cuente con licencia de obras. Las que se entreguen con anterioridad no estar¨¢n garantizadas", advierte Marta Serra. Pero siendo as¨ª sobre el papel, la realidad es que "ninguna entidad concede financiaci¨®n hoy d¨ªa sin la licencia de obras, as¨ª que afortunadamente esto ha cambiado", concluye el abogado Fernando Sanahuja.
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