Obligados a planificar

La Administraci¨®n p¨²blica espa?ola nunca ha sido capaz de gestionar con racionalidad las inversiones en infraestructuras. Este es un hecho hist¨®rico que contribuye a explicar por que en Espa?a existen aeropuertos sin aviones, ciudades de la Justicia abandonadas, redes de transporte pagadas a precio de oro por los contribuyentes que ni de lejos se aproximan a la rentabilidad, autopistas en quiebra o puertos infrautilizados. Sorprende que hoy nadie sea capaz de fijar responsabilidades pol¨ªticas y econ¨®micas en el caso del fiasco de las radiales, cuando es evidente que existe un da?o al patrimonio p¨²blico. Y sorprende todav¨ªa m¨¢s que en Espa?a el valor de las infraestructuras se acabe en las fronteras regionales. Para Catalu?a s¨®lo importa la inversi¨®n en obra p¨²blica realizada en Catalu?a y lo mismo sucede con cualquier comunidad aut¨®noma. El principio de rentabilidad para el conjunto del pa¨ªs (una inversi¨®n en carreteras en el arco mediterr¨¢neo tambi¨¦n favorece a Andaluc¨ªa) en Espa?a ni siquiera se entiende. Infraestructura es una base material, de almacenamiento o transporte, generalmente construida con dinero p¨²blico, que facilita el flujo de la riqueza privada. Por lo tanto es un concepto comunitario que excluye la mera valoraci¨®n de proximidad.

Las infraestructuras en Espa?a se desarrollan en r¨¦gimen de caos y desorden. Hay demasiado transporte ferroviario de larga distancia y faltan cercan¨ªas; no se sabe bien cual ser¨¢ el futuro de las autopisas cuyas concesiones empiezan a vencer; sobran quiz¨¢ aeropuertos o est¨¢n mal die?ados seg¨² n tama?o y funciones... y as¨ª sucesivamente. Varias razones explican el caos. Por ejemplo, el uso pol¨ªtico de la construcci¨®n de obra p¨²blica para conseguir votos, que ha llevado a disparates como el de las radiales; o la presi¨®n de facciones corruptas, en connivencia con los partidos pol¨ªticos, orientadas a extraer el dinero p¨²blico a cambio de comisiones y cohechos. No es necesario subrayar la presencia del fraude en el alicatado de las costas espa?olas.

Pero a pesar de la indignaci¨®n que genera la corrupci¨®n en la infraestructura, el da?o sistem¨¢tico e intenso no procede de la contrataci¨®n fraudulenta, sino de la ausencia de una planificaci¨®n o coordinaci¨®n m¨ªnima de las obras p¨²blicas. Hay una competencia regional por cada puerto, por cada AVE y por cada carretera, con independencia de si est¨¢n capacitados para sostener la rentabilidad del cemento construido o de una racionalidad de base en la acumulaci¨®n de inversiones. Esta irracionalidad visceral est¨¢ fundada en la reclamaci¨®n permanente y en la maldici¨®n que pesa sobre el t¨¦rmino planificaci¨®n, contaminado desde ambos extremos (la planificaci¨®n comunista y la planificaci¨®n de L¨®pez Rod¨®, bien distintas pero unidas en el concepto). Sin embargo, la planificaci¨®n no s¨®lo es conveniente, sino obligada. Fue la ausencia de planificaci¨®n la que provoc¨® el vergonzoso caos en el programa de renovables orquestado por Zapatero; y es la ausencia de planificaci¨®n la que puede acumular estructuras sin sentido en las autonom¨ªas espa?olas.

Espa?a necesita un Plan Nacional de Infraestructuras, al menos para orientar con criterio los equipamientos bas¨ªcos, construir AVE donde sean necesarios en funci¨®n del tr¨¢fico, ordenar los transportes donde hacen falta en funci¨®n de las necesidades de producci¨®n y suministro y erigir una red barata de telecomunicaciones que funcione. Un plan que dure varias legislaturas. No obstante, los precedentes pol¨ªticos invitan al pesimismo.