?A qu¨¦ escenarios judiciales se enfrentan Puigdemont y los otros seis l¨ªderes del 'proc¨¦s' huidos?

Despu¨¦s del auto de procesamiento del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, del pasado 21 de marzo, en la causa que investiga el proceso de secesi¨®n de Catalu?a, hay varios dirigentes independentistas declarados en rebeld¨ªa por no acudir a declarar: el expresidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, que aguarda encarcelado en Alemania; Marta Rovira y Anna Gabriel, que se encuentran en Suiza; los exconsejeros Toni Com¨ªn, Llu¨ªs Puig y Meritxell Serret, en B¨¦lgica; y Clara Ponsat¨ª, en Escocia.

El hecho de encontrarse en distintos estados introduce variaciones en el futuro procesal que se le abre a cada uno de ellos. Tal y como explica, ?ngeles Guti¨¦rrez Zarza, profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinadora de Red Espa?ola de Derecho Penal Europeo (ReDPE), dentro de la UE, al igual que hay libre circulaci¨®n de personas, tambi¨¦n circulan libremente las decisiones judiciales, incluidos los autos de detenci¨®n y prisi¨®n provisional dictados por los jueces de un Estado miembro a trav¨¦s de la orden europea de detenci¨®n y entrega (ODE). ?sta se encuentra regulada en una Decisi¨®n Marco de 2002, que recoge un procedimiento general que, posteriormente, cada pa¨ªs ha desarrollado en una norma interna que determina qui¨¦n es competente para qu¨¦ funciones, y cu¨¢les son los concretos tr¨¢mites que deben seguirse.

Puigdemont en Alemania

En el caso de Puigdemont, su orden de detenci¨®n europea activada, desactivada y vuelta a activar, plantea muchas inc¨®gnitas. Al haber sido detenido a trav¨¦s de una alerta del Sistema de Informaci¨®n de Schengen (SIS), las autoridades alemanas deben recibir a¨²n la ODE en el formulario oficial, debidamente cumplimentada y traducida a alem¨¢n. De lo contrario, quedar¨¢ en libertad.

Despu¨¦s de que el tribunal de Primera Instancia de Neum¨¹nster acordara mantenerle privado de libertad (decisi¨®n que no es recurrible), la competencia para decidir sobre la orden corresponde ahora a la Fiscal¨ªa y al Tribunal Regional Superior de Schleswig Holstein, donde Puigdemont fue localizado. El ¨®rgano judicial examinar¨¢ sus circunstancias personales y le preguntar¨¢ si tiene motivos para oponerse a la entrega. Si el expresident acepta su entrega, se seguir¨¢ un procedimiento simplificado, cuya duraci¨®n media se estima entre 14 y 15 d¨ªas.

Tres fases

Si Puigdemont no consiente su entrega, el procedimiento tiene tres fases. En la primera, el fiscal examina si concurre alg¨²n motivo de denegaci¨®n. El primer posible motivo oponible es la existencia de doble incriminaci¨®n, es decir, que para ejecutar la ODE de Puigdemont los delitos de malversaci¨®n y rebeli¨®n deben estar penados tambi¨¦n en Alemania. En el caso de la malversaci¨®n la doble tipificaci¨®n es clara pero no tanto en el de rebeli¨®n. Alemania prev¨¦ en su C¨®digo Penal el delito de alta traici¨®n pero la dificultad estriba en decidir si en los hechos que se le imputan a Puigdemont existi¨® violencia o amenaza de violencia, requisito que tambi¨¦n exige el delito de alta traici¨®n alem¨¢n.

El otro motivo de denegaci¨®n es la posible vulneraci¨®n de derechos fundamentales. La normativa alemana establece que se denegar¨¢ la ODE cuando suponga una violaci¨®n del art¨ªculo 6 del Tratado de la Uni¨®n Europea (derechos fundamentales), pero este precepto se tiene en cuenta en los casos en los que el delito tiene una entidad menor y el perjuicio que se causar¨ªa al sospechoso por su detenci¨®n y entrega a otro Estado miembro ser¨ªa mucho mayor (ausencia de proporcionalidad).

En la segunda fase, el fiscal alega cualquier motivo de denegaci¨®n ante el Tribunal Regional Superior que revisar¨¢ su decisi¨®n y decidir¨¢ sobre si se permite o no la entrega. La decisi¨®n no es recurrible y s¨®lo vincula al Ministerio P¨²blico si rechaza la entrega porque si la autoriza, a¨²n puede el fiscal denegarla por estimar que concurren motivos justificados de denegaci¨®n.

En la tercera y ¨²ltima fase, el fiscal toma la decisi¨®n final, para la que hayun plazo de 60 d¨ªas desde la detenci¨®n, prorrogable excepcionalmente por otros 30 d¨ªas. Como regla general, los fiscales alemanes tardan una media de entre 32 y 40 d¨ªas en tomar su decisi¨®n.

Tambi¨¦n corresponde al Fiscal del Tribunal Regional Superior organizar la entrega de la persona en colaboraci¨®n con las autoridades competentes de Espa?a, en un plazo de 10 d¨ªas despu¨¦s de la decisi¨®n definitiva.

Rovira y Gabriel, en Suiza

Suiza forma parte del espacio Schengen pero, al no ser miembro de la UE, no aplica la ODE sino el procedimiento de extradici¨®n tradicional. Las declaraciones de la Fiscal¨ªa General del pa¨ªs, aseverando que no es posible conceder la extradici¨®n por motivos pol¨ªticos, podr¨ªa dar la impresi¨®n de que no habr¨¢ traslado de las fugadas. Sin embargo, la cuesti¨®n no es tan simple porque Suiza ha firmado el Convenio Europeo de Extradici¨®n (del Consejo de Europa) y su Protocolo I. La norma no permite la extradici¨®n por motivos pol¨ªticos, pero su Protocolo I s¨ª. Precisamente, se adopt¨® con esta finalidad.

Los exconsejeros en B¨¦lgica

Los tres exconsejeros catalanes huidos en B¨¦lgica no han sido detenidos, de momento, porque la justicia del pa¨ªs no aprecia riesgo de fuga. En su caso, ser¨¢ la Sala Preliminar (la pre-trial chamber), la que decidir¨¢ si concurren claros motivos para denegar la orden detenci¨®n europea.

Las resoluciones de la Sala preliminar son recurribles ante la Sala de Acusaciones (Indictments Chamber) y esta, a su vez, puede recurrirse ante la Corte Superior de Apelaci¨®n. A pesar de tanto recurso las autoridades belgas suelen respetar el plazo m¨¢ximo general para resolver sobre la entrega de 60 d¨ªas.

Sobre los motivos de denegaci¨®n que pueden alegarse por la defensa de la persona requerida, parece que los que dar¨ªan m¨¢s juego son la ausencia de doble incriminaci¨®n y el riesgo de no tener un juicio imparcial en Espa?a.

La correspondencia exacta no es necesaria

Sobre la doble incriminaci¨®n, aunque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha se?alado que no es necesaria una correspondencia exacta entre los tipos penales, sino que los hechos que sirvan de base a la orden de detenci¨®n est¨¦n incriminados en Espa?a y en B¨¦lgica, no es f¨¢cil encontrar correspondencias entre los C¨®digos Penales de ambos pa¨ªses. El belga regula el delito de sedici¨®n, pero s¨®lo para el caso de cometerse entre particulares. Quiz¨¢ los delitos de coalici¨®n de funcionarios podr¨ªan tener m¨¢s f¨¢cil equiparaci¨®n.

Otro de los posibles motivos de denegaci¨®n es el riesgo de vulneraci¨®n de derechos fundamentales por las autoridades espa?olas, expresamente previsto en la Ley belga sobre la orden de detenci¨®n europea y que fue aplicado por sus autoridades para denegar las primeras emitidas por Espa?a en casos de terroristas de ETA residentes en B¨¦lgica en 2003. Las decisiones fueron, sin embargo, objeto de apelaci¨®n por la Fiscal¨ªa belga y se corrigieron en las instancias superiores. La cuesti¨®n se ha seguido planteando ante los tribunales belgas en posteriores procesos, con soluciones dispares.

El procedimiento en Escocia

Escocia cuenta con su propia organizaci¨®n judicial y sus normas procesales, pero en lo que se refiere a la ODE se rige por la Extradition Act 2003, de aplicaci¨®n en todo el Reino Unido. Estos requerimientos los centraliza la Crown Office of Scotland, que la examina y certifica su validez.

Uno de los defensores (lawyers) de la Unidad de Cooperaci¨®n Judicial examinar¨¢ si concurre alg¨²n motivo para denegar la extradici¨®n. El lawyer env¨ªa copia de la orden al oficial de enlace internacional de la Polic¨ªa escocesa, que introduce una alerta en el sistema nacional de localizaciones. Antes del arresto, la polic¨ªa verifica de nuevo la naturaleza de la persona requerida. Es posible que el procedimiento de la exconsejera Ponsat¨ª se encuentre en este punto.

Si la dirigente es detenida, debe ponerse a disposici¨®n judicial (ante el Sheriff) dentro de las 48 horas siguientes. En esta audiencia se examina si la persona quiere consentir su entrega. Como regla general no suele acordarse la privaci¨®n de libertad de la persona detenida, pero en su caso podr¨ªa adoptarse una decisi¨®n distinta.

La decisi¨®n sobre la entrega corresponde a la Edinburgh Sheriff Court of Lothian and Borders, con sede en Edinburgo. Puede recurrirse en apelaci¨®n ante una secci¨®n colegiada de la High Court of the Judiciary, el m¨¢s alto Tribunal de la Jurisdicci¨®n penal escocesa.

En cuanto a los plazos, si la persona consiente, las autoridades de Escocia suelen cumplir el plazo de 10 d¨ªas. Pero si no es as¨ª, las posibilidades de recurrir la decisi¨®n del Sheriff son tan amplias que el cumplimiento del plazo general de 60 d¨ªas resulta casi imposible.

En cuanto a los motivos de denegaci¨®n en Escocia, su ley de extradici¨®n reproduce los motivos de denegaci¨®n de la regulaci¨®n sobre la euroorden (adem¨¢s de algunos otros), por lo que de nuevo podr¨ªan alegarse la vulneraci¨®n de derechos fundamentales, incluida la ausencia de proceso debido, de imparcialidad del ¨®rgano judicial y, sobre todo, de doble incriminaci¨®n. En Escocia, el delito de sedici¨®n fue abolido 2011 y el de rebeli¨®n s¨®lo es comparable con el de traici¨®n, que define actos de violencia contra la corona.

Para m¨¢s informaci¨®n, consulta en las gu¨ªas jur¨ªdicas la orden europea de detenci¨®n y extradici¨®n