La lucha contra las ocupaciones

Estos d¨ªas ha tenido un destacado eco en los medios de comunicaci¨®n la modificaci¨®n, por parte de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados, de la Ley de enjuiciamiento civil para agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente. Es l¨®gico que sea as¨ª. Espa?a ha vivido en los ¨²ltimos a?os un importante problema por la proliferaci¨®n de conductas antijur¨ªdicas de ocupaci¨®n de viviendas ajenas. Y detr¨¢s de dichas ocupaciones existen en muchos casos movimientos o actuaciones perfectamente organizadas.

El derecho penal ofrece una respuesta jur¨ªdica frente a este tipo de conductas, pero en la pr¨¢ctica la soluci¨®n a estas ocupaciones se ha tratado de conseguir en el ¨¢mbito de los procedimientos civiles. Esto es as¨ª porque se ha considerado al derecho penal como mecanismo de ¨²ltimo recurso entre las diferentes posibilidades de actuaci¨®n del Estado, y porque, en algunos casos, los juzgados responsables de la aplicaci¨®n de la norma penal han demostrado una actitud excesivamente cautelosa. Todo ello retrasa la satisfacci¨®n del leg¨ªtimo derecho del propietario o del inquilino a recuperar la posesi¨®n de la vivienda ilegalmente ocupada.

Es un¨¢nime la opini¨®n de que este fen¨®meno de la ocupaci¨®n ilegal de inmuebles constituye un problema tanto jur¨ªdico como de orden social. Por eso es sorprendente que la iniciativa legislativa favorezca la facultad de recuperar la posesi¨®n de las viviendas de determinados propietarios y limite esta misma facultad en el caso de otros, como los bancos. Esto es incomprensible desde el punto de vista de la finalidad directa de la iniciativa, que no duda en calificar el fen¨®meno de las ocupaciones ilegales de algo tremendamente nocivo. Y es tambi¨¦n incomprensible desde un punto de vista jur¨ªdico, porque establece una discriminaci¨®n injustificable en cuanto al derecho de acceso a la justicia, lo que supone un evidente menosprecio al principio de igualdad. Y es asimismo incomprensible desde el punto de vista del orden p¨²blico y de la convivencia ciudadana, por los problemas que los fen¨®menos de ocupaci¨®n ilegal generan en aquellas comunidades de vecinos en las que tienen lugar. Por otra parte, la iniciativa del Congreso puede suponer un verdadero, y parad¨®jico, incentivo a la ocupaci¨®n de las viviendas de esos propietarios a los que la norma no ha considerado merecedores de esa especial protecci¨®n.

Confiamos en que las diferentes voces que han puesto de manifiesto la necesidad de atajar el problema en su plenitud, y no solo parcialmente, hagan reflexionar a los grupos pol¨ªticos, y a lo largo de la tramitaci¨®n parlamentaria de esta iniciativa pueda subsanarse el error de la omisi¨®n. Aunque solo sea en aras de la salvaguarda de principios constitucionales elementales.

Javier Rodr¨ªguez Pellitero es secretario general de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca