?Es legal que los empresarios mexicanos orienten el voto de sus empleados?
EL PA?S consulta a cinco juristas y expertos sobre los pronunciamientos de los patrones que piden votar contra L¨®pez Obrador
La ofensiva de los empresarios mexicanos para evitar el voto a favor del candidato de Morena y l¨ªder en los sondeos, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha abierto el debate sobre la pertinencia de sus pronunciamientos. Las leyes mexicanas consideran la coacci¨®n para votar o no a un candidato como un delito. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha catalogado los comentarios de los magnates como parte de su derecho a la libre expresi¨®n. Dos de los hombres m¨¢s ricos de M¨¦xico han trasladado a sus empleados en los ¨²ltimos d¨ªas la conveniencia para votar por aquellos candidatos que conserven el mismo paso econ¨®mico de los ¨²ltimos a?os y asegurar, as¨ª, la viabilidad de las empresas en las que trabajan.
Por un lado, Germ¨¢n Larrea, presidente de Grupo M¨¦xico y segundo hombre m¨¢s rico del pa¨ªs, envi¨® el martes una carta en la que alertaba a sus trabajadores contra el sufragio por ¡°un modelo econ¨®mico populista¡±. La misiva, en cuyos p¨¢rrafos m¨¢s pol¨¦micos no hab¨ªa menciones expl¨ªcitas a L¨®pez Obrador, fue enviada a empleados, accionistas y colaboradores del gigante empresarial. Alberto Baill¨¨res, presidente de Grupo Bal y el tercer magnate mexicano, citaba por su parte a reuniones en las que se invitaba a los empleados a votar el pr¨®ximo 1 de julio por la opci¨®n con m¨¢s posibilidades de derrotar al aspirante de Morena. Una apelaci¨®n al voto ¨²til a la que se han sumado los l¨ªderes de Aeom¨¦xico, Femsa o Vasconia, entre otros, y que ha desatado importantes cr¨ªticas.
La situaci¨®n no es nueva. En 2006, las c¨¢maras empresariales tambi¨¦n se pronunciaron en contra del propio L¨®pez Obrador ¡ªentonces candidato del PRD¡ª con anuncios en radio y televisi¨®n. Doce a?os despu¨¦s y ante un panorama que favorece al l¨ªder opositor, los empresarios han salido uno a uno a detallar sus opiniones, dirigi¨¦ndose directamente a quienes dependen econ¨®micamente de la buena marcha de sus negocios.
Dos textos legales mexicanos contemplan la coacci¨®n del voto como un delito: la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La primera permite denunciar penalmente ante la Fiscal¨ªa Especializada para la Atenci¨®n de Delitos Electorales (Fepade), mientras que la segunda sugiere un proceso administrativo ante el INE que puede resultar en una disculpa p¨²blica y una multa. En ambos casos, se permite a terceras personas ¡ªno implicadas¡ª querellarse.
Los comentarios de los empresarios mexicanos se encuentran al l¨ªmite de lo permitido: su opini¨®n, a pesar de considerarse parte de su derecho a la libertad de expresi¨®n consagrado en la Constituci¨®n, se han vertido ante un grupo de subordinados por lo que podr¨ªa ser interpretado como una presi¨®n o coacci¨®n al voto, seg¨²n juristas y abogados consultados por EL PA?S. "Aqu¨ª lo que estamos viendo no es solo la libre expresi¨®n de una opini¨®n libre ¡ªen cuyo caso no habr¨ªa ning¨²n problema¡ª sino la redacci¨®n previa de una carta que trata de infundir miedo. No es algo que hayan dicho de manera natural, sino que est¨¢ preelaborado de manera intencionada", apunta C¨¦sar Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas de la UNAM, en referencia directa al caso de Grupo M¨¦xico. "Es una l¨ªnea de tensi¨®n muy compleja entre lo que se podr¨ªa considerar delito y lo que no. En este punto, lo que habr¨ªa que hacer es una llamada a la prudencia y a la autocontenci¨®n, porque se trata de uno de los empresarios m¨¢s poderosos del pa¨ªs, con miles de empleados a su cargo", se?ala.
"Es un tema complicado: los empresarios tienen derecho a opinar, como cualquier ciudadano, pero no a presionar a sus empleados. La situaci¨®n est¨¢ al filo de la navaja: no se les puede acusar de presi¨®n [a estos empresarios] a pesar de que claramente est¨¢n tratando de presionar",?opina Mar¨ªa Marv¨¢n, ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral (hoy INE).?"Efectivamente, es una l¨ªnea muy delgada", valora Armando Hern¨¢ndez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de M¨¦xico, al tiempo que subraya que su opini¨®n es "estrictamente personal" y que "de ninguna manera" refleja alg¨²n tipo de posicionamiento de la instituci¨®n a la que pertenece. "En cada caso en concreto", a?ade Hern¨¢ndez, "el INE tendr¨ªa que ponderar si las declaraciones de los empresarios salen del margen de libertad que establece la libertad de expresi¨®n y m¨¢s bien est¨¢n generando presi¨®n o coacci¨®n en sus empleados".
La carta de Larrea est¨¢ escrita en primera persona y recomienda a sus empleados tomar "medidas precautorias en el gasto familiar" para despu¨¦s del 1 de julio. "La circular no condiciona el voto directamente, solo lo sugiere y en ese caso s¨ª me parece que los empresarios est¨¢n ejerciendo su derecho a la libertad de expresi¨®n. La misiva habla de populismo y eso puede involucrar a m¨¢s de un candidato, no solo a L¨®pez Obrador. Hay matices y siempre es una sugerencia y en un aspecto legal eso no cobra relevancia", explica Tonatiuh Ram¨ªrez, abogado especializado en materia electoral.
El factor que pone a los magnates bajo los reflectores es, por encima de todo, su condici¨®n de empleadores. Para David Rivera, abogado asociado de Accuracy Legal and Consulting, la relaci¨®n de subordinaci¨®n puede convertir a estos pronunciamientos en situaciones de coacci¨®n al voto. "Hasta ahora no ha habido intimidaci¨®n, ya que nadie le ha dicho a los empleados que pueden perder su empleo si votan por un candidato", aclara el letrado. Sin embargo, Rivera considera que en el caso de Baill¨¨res, en el que los propios empleados han sido convocados a reuniones para hablar del tema, podr¨ªa estarse excediendo la libertad de expresi¨®n. "No es una manifestaci¨®n al p¨²blico en general, a todos los mexicanos, es un mensaje dirigido a sus subordinados. Pero se tendr¨ªa que demostrar que caus¨® temor entre los empleados", se?ala.
Los expertos consultados coinciden que hasta ahora el INE ha valorado atinadamente la situaci¨®n, al considerarlos mensajes dentro del derecho de libertad de expresi¨®n, pero que es su responsabilidad investigar las situaciones que puedan generar presi¨®n entre los mexicanos para votar. ¡°En la pr¨¢ctica resultar¨ªa complicado limitar la libertad de expresi¨®n diciendo que las peticiones de los l¨ªderes empresariales a sus empleados generan presi¨®n o coacci¨®n cuando, al menos de lo que hemos visto en medios de comunicaci¨®n, no se est¨¢n realizando estas conductas para votar o no votar por un candidato determinado¡±, explica Armando Hern¨¢ndez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de M¨¦xico.
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