Por qu¨¦ el Gobierno tiene dif¨ªcil aprobar una reforma que acabe con el conflicto del taxi

El Gobierno va a tener muy dif¨ªcil aplicar las reformas legislativas que ha prometido al sector del taxi para limitar las licencias de las empresas de veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC), las que usan Uber y Cabify.

En primer lugar, porque para sacar adelante cualquier norma precisar¨ªa de todos los apoyos parlamentarios que llevaron a Pedro S¨¢nchez a La Moncloa. Y en segundo, porque aunque superara el tr¨¢mite parlamentario, y las comunidades aut¨®nomas desarrollaran luego normas restrictivas como exigir a los VTC una segunda licencia urbana para operar en cada municipio, el Estado y las administraciones que promovieran esas normas se enfrentar¨ªan a una catarata de recursos judiciales, incluyendo del Tribunal Constitucional. Y, muy posiblemente, al pago de indemnizaciones millonarias a los actuales propietarios de las autorizaciones, seg¨²n los expertos juristas consultados.

¡°Hay que respetar las autorizaciones ya concedidas. Si estas se dieron para permitir una actividad en todo el territorio espa?ol, no se puede aprobar ahora una norma con car¨¢cter retroactivo que limite su aplicaci¨®n en determinados lugares. La ¨²nica soluci¨®n ser¨ªa o bien indemnizar a los propietarios de autorizaciones VTC o bien reconvertir sus t¨ªtulos en licencias de taxi. Si no, el Gobierno tendr¨¢ que esperar a que poco a poco las autorizaciones VTC vayan extingui¨¦ndose. Y esto ser¨ªa un proceso de muchos a?os¡±, se?ala Luciano Parejo, catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Administrativo en la Carlos III.

Fuentes jur¨ªdicas a?aden que la opci¨®n m¨¢s f¨¢cil para el Gobierno consistir¨ªa en rescatar (expropiar) las autorizaciones VTC e indemnizar a sus propietarios con un justiprecio. Pero esta posibilidad, adem¨¢s de cara, ser¨ªa dif¨ªcil de vender pol¨ªticamente por el uso de recursos p¨²blicos para indemnizaciones millonarias para personas que dieron un pelotazo al hacerse con autorizaciones a precios de saldo. ¡°El problema no son solo las licencias que hay, sino las que van a llegar. Hay muchas sub judice, que previsiblemente los tribunales van a aprobarlas pr¨®ximamente¡±, a?aden estas fuentes.

El primer obst¨¢culo al que se enfrenta el Ejecutivo es la transferencia a las comunidades aut¨®nomas de la capacidad normativa sobre las VTC, ahora en manos del Estado. En contra de lo que sostienen las asociaciones de taxistas y Ayuntamientos como el de Barcelona, ese traspaso no se puede hacer por decreto ley para intentar saltarse el tr¨¢mite parlamentario.

La delegaci¨®n de facultades del Estado en las comunidades aut¨®nomas en materia de transportes est¨¢ regulada por una ley org¨¢nica, y no puede modificarse por un decreto ley, sino que precisa de otra ley org¨¢nica, que debe ser votada por la mayor¨ªa absoluta del Congreso. Eso obliga al Gobierno a contar con todos los apoyos parlamentarios de sus posibles socios (nacionalistas, Podemos y Bildu), ya que tanto PP como Ciudadanos han mostrado su oposici¨®n a esta transferencia. Adem¨¢s, muchas comunidades ¡ªlas gobernadas por el PP¡ª podr¨ªan rechazar ese traspaso. El titular de Fomento, Jos¨¦ ?balos, reconoci¨® en una comparencia parlamentaria la necesidad de un ¡°amplio consenso¡± para llevar a cabo ese traspaso.

Incluso si esa fase parlamentaria se superara, el conflicto no solo no se apagar¨ªa, sino que se enredar¨ªa a¨²n m¨¢s. Aunque ahora en los tribunales. Si se atiende a las demandas de los taxistas y se someten a las licencias actuales de VTC a una doble autorizaci¨®n, la que ya poseen con validez y eficacia general para todo el Estado, y otra nueva de car¨¢cter territorial que otorgar¨ªan los municipios o ¨¢reas metropolitanas, los propietarios presentar¨ªan demandas para ser indemnizados por la limitaci¨®n de sus derechos legalmente adquiridos.

Esa segunda licencia es la que ha querido aplicar sin ¨¦xito la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) mediante un reglamento cuya paralizaci¨®n por el Tribunal Supremo de Justicia de Catalu?a ha dado origen a la huelga de taxistas.

El reglamento exig¨ªa a todos los veh¨ªculos con licencia VTC una autorizaci¨®n adicional para poder circular que, en la pr¨¢ctica, supone la desaparici¨®n de casi 1.000 licencias en Barcelona. Si se aplicara el modelo a escala nacional, 7.100 propietarios de VTC de los 9.366 que circulan actualmente tendr¨ªan que parar.

Adem¨¢s de las indemnizaciones, los propietarios de las licencias podr¨ªan recurrir esa licencia urbana en los tribunales porque vulnerar¨ªa lo establecido en la Directiva de Servicios de 2006, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento espa?ol, y la Ley de garant¨ªa de la unidad de mercado de 2013, entre otras leyes b¨¢sicas del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, seg¨²n el informe que ha entregado este martes Unauto al Ministerio de Fomento.

Los actuales propietarios de las licencias de VTC defienden que siempre han cumplido las limitaciones que marcaba la ley en cada momento. Las primeras fueron establecidas en el Reglamento de la LOTT de 1990, que fue derogado por la ley de liberalizaci¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero de 2009, por lo que se otorgaron sin ning¨²n l¨ªmite hasta que el tope 1/30 fue repuesto en 2015. Un decreto ley limitando derechos con car¨¢cter retroactivo tendr¨ªa muy dif¨ªcil pasar el filtro de los tribunales con la jurisprudencia espa?ola, apuntan los juristas consultados.