Rev¨¦s europeo a las el¨¦ctricas: seguir¨¢n pagando 200 millones al fondo de eficiencia

Las empresas que comercializan gas y electricidad en Espa?a no podr¨¢n dejar de contribuir econ¨®micamente al Fondo Nacional de Eficiencia Energ¨¦tica. El Tribunal de Justicia de la UE ha determinado este martes que la ley espa?ola que les obliga a hacer aportaciones anuales a la Administraci¨®n no viola las leyes comunitarias, con lo que avala as¨ª las tesis del Gobierno frente a las el¨¦ctricas. En 2018, m¨¢s de 300 compa?¨ªas pagar¨¢n 204,9 millones para alimentar ese fondo, una cantidad similar a la de los ¨²ltimos ejercicios, con Repsol, Endesa, Cepsa y Gas Natural como mayores contribuyentes al ser las que m¨¢s volumen de ventas registran.

El Tribunal Supremo dudaba de que el mecanismo, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, fuera compatible con la directiva de ahorro energ¨¦tico, por lo que plante¨® a la Corte de Luxemburgo varias cuestiones al respecto. El TJUE considera legal la normativa, dado que "la obligaci¨®n de contribuir al fondo constituye uno de los medios enumerados en la directiva para obtener ahorros de energ¨ªa", aunque traslada al Supremo la responsabilidad de comprobar el cumplimiento de diversos puntos de la ley.

El Ejecutivo espa?ol concibi¨® este sistema para financiar proyectos de eficiencia energ¨¦tica que le permitan cumplir con los objetivos de ahorro fijados por la UE para 2020. Concretamente invierte en la mejora de instalaciones de desalaci¨®n, el sistema ferroviario y la rehabilitaci¨®n energ¨¦tica de edificios. El sector no lo vio con buenos ojos: declar¨® una guerra abierta al fondo desde su creaci¨®n al considerarlo un impuesto encubierto, e inici¨® una batalla judicial en la que ahora sale derrotado. Las compa?¨ªas afectadas recurrieron a la justicia al entender que la norma era ilegal, dado que solo contempla rascarse el bolsillo, y no les ofrece como la alternativa cumplir ellas mismas con las metas de ahorro, una de sus principales peticiones.

La justicia europea estima, en cambio, que la directiva concede a los Estados miembros una amplia autonom¨ªa para alcanzar los objetivos europeos a trav¨¦s de los medios que estime oportunos, por lo que Espa?a puede optar por exigir ¨²nicamente la aportaci¨®n monetaria. "Constituye un instrumento de financiaci¨®n que induce a que se apliquen tecnolog¨ªas o t¨¦cnicas eficientes desde el punto de vista energ¨¦tico y que da lugar a una reducci¨®n del consumo de energ¨ªa de uso final", respalda el dictamen.

El proceso ha contado con m¨²ltiples observaciones escritas, entre ellas las de Acciona, Endesa, Grupo Villar Mir, Espa?a y la Comisi¨®n Europea. En la impugnaci¨®n, presentada por Saras Energ¨ªa pero respaldada por otros muchos grupos, se se?ala el car¨¢cter discriminatorio del reparto de los pagos: Espa?a reclama dinero a las comercializadoras de gas y electricidad y no a las distribuidoras, y se nutre de los mayoristas de petr¨®leo y gases licuados dejando exentos a los minoristas. Para la Corte de Luxemburgo, ello no contraviene la ley "siempre que la designaci¨®n de esas empresas se base en criterios objetivos y no discriminatorios expresamente indicados".

Adem¨¢s, las firmas energ¨¦ticas no comparten el m¨¦todo de c¨¢lculo de la cuant¨ªa a abonar, ya que es el Ministerio de Industria, seg¨²n criterios, en su opini¨®n poco transparentes, el que determina la equivalencia financiera del ahorro energ¨¦tico. Para la justicia europea, el sistema espa?ol cumple las normas "siempre que garantice una obtenci¨®n de ahorros de energ¨ªa equivalente a los sistemas de obligaciones de eficiencia energ¨¦tica", algo que emplaza al Tribunal Supremo a comprobar.

Las aportaciones de las empresas suponen en torno al 65% del fondo, y el resto lo cubre el Estado. Con ellas, el Ejecutivo anterior se marc¨® un objetivo ambicioso: prev¨¦ reducir la factura petrolera en 7.700 millones de euros hasta 2020.