Trabajo acumula 1.500 millones sin gastar en formaci¨®n desde 2015
Sindicatos y patronal responsabilizan a la gesti¨®n del Gobierno anterior y atribuyen esta situaci¨®n a la reforma legal sobre la materia que se aprob¨® hace tres a?os
En las arcas del Ministerio de Trabajo hay 1.504 millones que deben gastarse obligatoriamente en formaci¨®n. Es dinero que no se consumi¨® en 2015, 2016 y 2017, seg¨²n confesaron en una reuni¨®n reciente los dirigentes del Servicio P¨²blico de Empleo a los sindicatos y las patronales. Estos achacan esta situaci¨®n a la reforma de la formaci¨®n aprobada en 2015 y las altas exigencias que impon¨ªa para impartir cursos. Tambi¨¦n responsabilizan a la gesti¨®n del Gobierno anterior. Desde el equipo de F¨¢tima B¨¢?ez se contraataca argumentando que los litigios judiciales que promovieron contra esa ley frenaron su implantaci¨®n. Adem¨¢s, recuerdan que en esos fondos por gastar hay dinero correspondiente a las comunidades, y destacan a Andaluc¨ªa.
La formaci¨®n para el empleo no acaba de levantar cabeza. A los ya viejos recortes presupuestarios y el fantasma del fraude hay que sumar los problemas de ejecuci¨®n. Entre 2015 y 2017 quedaron por gastar 1.504 millones, seg¨²n contaron los responsables de los Servicios P¨²blicos de Empleo Estatal a sindicatos y empresarios en una reuni¨®n el mi¨¦rcoles de la semana pasada, apuntan fuentes presentes en la cita. La cifra confirma las sospechas de los agentes sociales, que calculan que cuando acabe 2018 el dinero por gastar ascender¨¢ a los 2.000 millones.
Dentro de esos 1.504 millones hay dinero que deber¨ªa haber desembolsado por el Ministerio. C¨¢lculos no of¨ªciales lo cifran en casi 900 millones. En el resto hay fondos que tendr¨ªan que haber empleado autonom¨ªas, principalmente Andaluc¨ªa, que cuando arreciaron los problemas por supuesto fraude dej¨® de ejecutar programas de formaci¨®n.
Cada a?o, Trabajo recauda unos 2.000 millones de la cuota para formaci¨®n ¡ªun 0,7% de la base de cotizaci¨®n¡ª que debe emplearse obligatoriamente para eso por el Ministerio de Trabajo y las comunidades. El Tribunal Constitucional ha sentenciado varias veces que ese dinero solo puede gastarse en aquello para lo que se ha recaudado. As¨ª que la reforma de 2015 consagr¨® esta doctrina: obliga a guardar lo no gastado y hacerlo en los a?os siguientes.
Un sistema complejo
El sistema de formaci¨®n y el reparto de sus fondos es complejo. Cada a?o se recaudan unos 2.000 millones que pagan empresarios y trabajadores en cotizaciones. La mitad de estos fondos se destina a la formaci¨®n y reciclaje de parados, y su gesti¨®n corresponde exclusivamente a las comunidades.
La otra mitad debe emplearse en mejorar las habilidades de quien ya tiene empleo. Una peque?a parte tambi¨¦n la gestionan las autonom¨ªas, pero la gran mayor¨ªa es competencia de los Servicios P¨²blicos de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, y de la Fundaci¨®n Estatal para la Formaci¨®n en el Empleo (Fundae).
Estos fondos se gastan de dos formas. Una es la parte bonificada: las empresas eligen la formaci¨®n para sus empleados y el dinero invertido de lo cotizado. En este apartado ha quedado algo de dinero por gastar en los ¨²ltimos a?os.
Pero donde se acumulan m¨¢s recursos es en la otra parte. Esta se organiza con convocatorias de planes a las que concurren empresas y centros formativos. Desde 2015 ha habido dos: una en 2016, por 250 millones, y otra este a?o, por otros 50.
Este puede que sea el ¨²nico aspecto que gusta a sindicatos y empresarios de esa ley, que los dej¨® fuera de la ejecuci¨®n directa de cursos y de los recursos que eso conlleva, aunque no a entidades dependientes de ellos. Critican a los anteriores responsables del Ministerio de Trabajo, entonces de Empleo, por la falta de convocatorias de cursos. No las hubo en 2015 ni en 2017, y en 2016 hubo una que ascend¨ªa a 250 millones y que apenas tiene un nivel de ejecuci¨®n del 14%.
Adem¨¢s de esto, para los agentes sociales la incapacidad de gasto tambi¨¦n est¨¢ en la norma. ¡°Esto es un drama. Y lo es por esa ley. El sistema agoniza: hay excedentes, las empresas necesitan trabajadores que no encuentran y no pueden hacer formaci¨®n¡±, argumenta Juan Carlos Tejeda, de CEOE, la organizaci¨®n m¨¢s beligerante. La exigencia de rehacer la norma incluida en el reciente pacto salarial parti¨® de la patronal.
¡°Todo esto es por la chapuza del Gobierno anterior. Por ejemplo, la ley exige que las empresas que dan formaci¨®n adelanten los recursos. El ¨²ltimo 40% de ese dinero no lo reciben hasta m¨¢s de un a?o despu¨¦s de haberlo adelantado. As¨ª que muchas desisten¡±, abunda Sebasti¨¢n Pacheco, de UGT. Lo mismo opina Lola Santillana, del sindicato CC?OO: ¡°Ha hecho inviable el sistema¡±.
Litigios
Los anteriores responsables del Ministerio, autores de la norma, lo niegan. Admiten que algunas exigencias, como la ¡°limitaci¨®n de pagos adelantados¡±, pueden haber supuesto un freno, pero culpan a ¡°los litigios planteados por organizaciones afectadas por los cambios¡±, en referencia a los agentes sociales. Como prueba de que la ley no ser¨ªa un problema, dicen que hay autonom¨ªas que gastan sus fondos. Pero las hay que no, y se?alan a Andaluc¨ªa, ¡°que recibe anualmente m¨¢s de 200 millones¡± y suspendi¨® la formaci¨®n desde 2012.
En la Consejer¨ªa de Empleo andaluza lo admiten, si bien recuerdan que ya en 2017 volvieron a la normalidad. Ahora reclaman que ¡°el dinero no ejecutado durante estos a?os se asigne a Andaluc¨ªa en un plan especial de empleo¡±. En una posici¨®n salom¨®nica est¨¢ Lorenzo Alonzo, vicepresidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Empresas de Formaci¨®n: ¡°En s¨ª no es una mala ley. Intenta paliar problemas del pasado, pero hay cosas que arreglar¡±. Entre ellas, menciona recibir el ¨²ltimo pago, ese 40% de recursos, hasta pasado un a?o. Alonso a?ade tambi¨¦n la falta de convocatorias estatales a las que optar para impartir cursos. Y acaba lamentando que siga sin ¡°controlarse la calidad¡± y que muchos esfuerzos sigan y¨¦ndose en tr¨¢mites burocr¨¢ticos.
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