El Constitucional anula la sentencia que tumb¨® el bono el¨¦ctrico y pide al Supremo que vuelva a fallar
El alto tribunal considera que se vulner¨® el derecho a un proceso p¨²blico con todas las garant¨ªas
Golpe del Tribunal Constitucional (TC) a las empresas energ¨¦ticas. El pleno del alto tribunal ha dado la raz¨®n a la Administraci¨®n General del Estado (AGE) y ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que tir¨® abajo el llamado bono social el¨¦ctrico, una tarifa subvencionada que se aplicaba a los consumidores con bajos ingresos. Los magistrados han decidido revocar dicha resoluci¨®n al haberse vulnerado el derecho a un proceso p¨²blico con todas las garant¨ªas, previsto en el art¨ªculo 24.2 de la Ley Fundamental.
Seg¨²n ha detallado el TC, el tribunal ha admitido el recurso de amparo de la AGE contra la decisi¨®n del Supremo, ya que el ¨®rgano judicial no aplic¨® la normativa nacional por considerarla incompatible con una directiva europea, pero lo hizo sin, previamente, recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). Eso implica que se resolvi¨® sin tener en cuenta esta "fuente" legal. Por todo ello, el Constitucional ha decidido anular la sentencia del Supremo y devolver el caso a dicho ¨®rgano judicial: "Para que dicte nueva resoluci¨®n que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado", han detallado los magistrados.
El Supremo tumb¨® el bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. La sentencia consider¨® que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compa?¨ªas el¨¦ctricas que lo sufragan y que la Administraci¨®n no justific¨® los criterios con que distribuye el coste de la subvenci¨®n. Adem¨¢s, reconoci¨® el derecho de las el¨¦ctricas demandantes a cobrar una indemnizaci¨®n por las cantidades abonadas, de manera que se reintegren todas las cantidades que hayan pagado por ese concepto, m¨¢s los intereses legales correspondientes. Fuentes del sector calcularon entonces que ese importe puede superar los 500 millones de euros.
El bono social es un descuento del 25% en la factura de la luz al que tienen derecho algunos colectivos considerados vulnerables, que alcanza a unos 2,4 millones de clientes, y que supone un coste de unos 200 millones de euros anuales, que sufragan las compa?¨ªas el¨¦ctricas. Estas han reclamado siempre que esa subvenci¨®n debe asumirla la Administraci¨®n, por lo que llevaron el asunto a los tribunales.
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