Bienestar social, elecciones y territorio

La acumulaci¨®n de citas electorales en las pr¨®ximas fechas invita a reflexionar sobre qu¨¦ referencias utilizan los votantes al determinar sus preferencias. Es f¨¢cil imaginar que normalmente optar¨¢n por las propuestas electorales que asocian a mayores niveles de bienestar. M¨¢s dif¨ªcil es precisar qu¨¦ concepto de bienestar es el que identifican los ciudadanos residentes en un territorio determinado y a qui¨¦n atribuyen la responsabilidad de los logros y l¨ªmites en su evoluci¨®n.

En una interpretaci¨®n restrictiva podr¨ªa calificarse el bienestar de un territorio como el disfrute generalizado de un nivel suficiente de renta y el acceso a unos niveles b¨¢sicos de bienes y servicios sociales. Existe consenso en se?alar como tales al menos la garant¨ªa de rentas, el acceso a una red b¨¢sica de servicios sanitarios y educativos, una vivienda digna y una red suficiente de servicios sociales. El an¨¢lisis de las diferencias territoriales de bienestar, sin embargo, no puede limitarse a constatar meramente si se cubren los requisitos m¨ªnimos en la dotaci¨®n de estos servicios, sino tambi¨¦n si existen saltos de calidad en los bienes p¨²blicos a los que acceden los ciudadanos residentes en distintas regiones.

Los votantes de un territorio, por tanto, pueden comparar los resultados de las pol¨ªticas de sus gobernantes con los de otras ¨¢reas pr¨®ximas y primar o penalizar a los primeros a trav¨¦s del voto. Por otro lado, la posible existencia de grandes diferencias en parcelas concretas del bienestar social puede quebrar el principio de equidad horizontal caracter¨ªstico de las pol¨ªticas p¨²blicas.

Para valorar las diferencias de bienestar actuales entre las comunidades aut¨®nomas hay que tener en cuenta las interrelaciones entre el desarrollo y la consolidaci¨®n de los servicios de bienestar b¨¢sicos y el proceso de descentralizaci¨®n del Estado, fen¨®menos que se han producido de forma paralela en Espa?a durante las ¨²ltimas d¨¦cadas. La singular estructura del sector p¨²blico espa?ol, al convivir la prestaci¨®n de ciertos servicios por parte de la Administraci¨®n central con la asunci¨®n de responsabilidades en otros por los Gobiernos territoriales plantea varios interrogantes: ?Existen diferencias territoriales en la dotaci¨®n de bienes sociales cuando el encargado de su provisi¨®n es el Gobierno central? ?C¨®mo ha afectado la descentralizaci¨®n de servicios al bienestar de los ciudadanos? ?A qui¨¦n asignan estos la responsabilidad de su funcionamiento?

No es posible dar respuesta aqu¨ª a todas estas cuestiones, pero s¨ª intentar resumir en alg¨²n indicador indirecto el alcance de las diferencias regionales en los niveles de bienestar. Una v¨ªa puede ser observar no solo c¨®mo crece la renta en cada territorio, sino tambi¨¦n c¨®mo se reparte esta entre los ciudadanos en ¨¦l residentes, lo que depende de la extensi¨®n y la calidad de los bienes y servicios citados. Una soluci¨®n operativa, ya apuntada en esta tribuna hace algunos meses, pasar¨ªa por combinar los indicadores de renta con alguna variable representativa de su reparto. Parece aceptable la premisa de que entre dos regiones con un mismo nivel de renta, pero diferente desigualdad, el bienes?tar ser¨¢ mayor donde esta sea menor.

Cuando as¨ª se procede, el panorama territorial resultante muestra una cierta polarizaci¨®n, con dos comunidades con niveles de bienestar superiores en un 30% a la media espa?ola (Pa¨ªs Vasco y Navarra) y otras dos por debajo del 80% (Extremadura y Canarias). Resulta tambi¨¦n interesante observar c¨®mo determinadas regiones no consiguen traducir sus altos niveles de renta media en mayores niveles de bienestar. El caso m¨¢s representativo es el de la Comunidad de Madrid, que siendo la tercera regi¨®n con mayor nivel de renta del hogar es tambi¨¦n una de las tres comunidades donde mayor es la desigualdad.

Desde una mirada retrospectiva, este patr¨®n presenta algunas diferencias respecto al que exist¨ªa antes del proceso de consolidaci¨®n democr¨¢tica, si bien las distancias respecto a la media de las comunidades en mejor y peor posici¨®n no se han modificado sustancialmente. A principios de los a?os setenta eran Pa¨ªs Vasco, Madrid y Catalu?a las que encabezaban el ranking, situ¨¢ndose en el extremo opuesto Andaluc¨ªa, Galicia, las dos Castillas y Extremadura.

Aunque estos resultados no solo dependen de las pol¨ªticas p¨²blicas, sino tambi¨¦n de los recursos naturales, la especializaci¨®n productiva y las diferencias en la estructura demogr¨¢fica, una parte cada vez m¨¢s importante de las diferencias territoriales de bienestar social se explica por el distinto dise?o y dotaci¨®n presupuestaria de los bienes y servicios regionales. El hecho de que se mantengan diferencias tan pronunciadas tiene implicaciones pol¨ªticas relevantes y remite, por tanto, no solo a la actuaci¨®n de los gobernantes de la Administraci¨®n central, sino tambi¨¦n a la de los gobernantes auton¨®micos.

Estas diferencias apelan, adem¨¢s, a la revisi¨®n del dise?o organizativo de esos bienes y servicios sociales. Aunque las diferencias de bienestar entre regiones son inevitables, lo importante es que el sector p¨²blico asegure a cada ciudadano, con independencia de su lugar de residencia, una serie de prestaciones b¨¢sicas. Mientras que algunos servicios de bienestar se garantizan mejor desde la proximidad, lo que exige la implicaci¨®n de las autoridades auton¨®micas, y es la actuaci¨®n de estas la que deben valorar los votantes, otros cumplen mejor su finalidad desde un modelo m¨¢s centralizado, y es a este nivel de Gobierno al que se deben exigir responsabilidades. La variable clave para garantizar la equidad en todo el territorio es la coordinaci¨®n, que debe concretarse en la adecuada definici¨®n de necesidades y en la delimitaci¨®n de las prestaciones b¨¢sicas que debe asegurar el sector p¨²blico. Pero un buen mecanismo de coordinaci¨®n no puede funcionar adecuadamente si no se aplica el pertinente sistema de control y la exigencia de responsabilidades cuando las decisiones p¨²blicas no son las m¨¢s adecuadas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Uno de los canales preferentes para que esta exigencia se materialice es, sin duda, el leg¨ªtimo ejercicio del derecho al voto.

Luis Ayala es profesor de Econom¨ªa en la Universidad Rey Juan Carlos