Fin de la ¡®guerra del agua¡¯: una teleoperadora condenada a suministrar botellas de agua mineral a su plantilla

Los trabajadores pueden exigir legalmente que se respeten sus derechos adquiridos y combatir las decisiones unilaterales de la direcci¨®n, incluso si los beneficios fueron concedidos por el antiguo empleador. Este es el caso de la guerra por el agua que han protagonizado m¨¢s de mil empleados de una teleoperadora, dedicada a prestar servicios a Vodafone, con oficinas en Valladolid. Los trabajadores demandaron a la comercial cuando, tras comprar el negocio e integrar a toda la plantilla, suprimi¨® el servicio de agua mineral embotellada del que dispon¨ªan desde 1997 y recomend¨® a los teleoperadores que usasen ¡°el agua potable de los ba?os¡±.

Tras cinco a?os de litigios en los tribunales, la lucha por el agua mineral embotellada de estos trabajadores ha terminado con la imposici¨®n de una multa diaria de 3.000 euros a la compa?¨ªa (consulte aqu¨ª la resoluci¨®n). La jueza castiga as¨ª la ¡°clara voluntad incumplidora¡± de la empresa, condenada en 2015 a mantener el servicio en las mismas condiciones que antes de su retirada. La resoluci¨®n considera que, pese a estar advertida, la compa?¨ªa no ha cumplido con el fallo al no reponer las suficientes garrafas de agua para el personal, que, seg¨²n denunci¨® el comit¨¦, se agotaban a los ¡°tres o cuatro d¨ªas¡±. Los trabajadores piden 600 botellas de 25 litros al mes, un total de 15.000 litros que, calculan, es el consumo medio en la oficina.

Los problemas comenzaron en 2014, cuando tras adquirir el negocio, la nueva direcci¨®n decidi¨® suprimir el gasto mensual en agua mineral en las oficinas. Los teleoperadores ven¨ªan disfrutando de este beneficio desde 1997, cuando los antiguos patronos pusieron en tres de los centros de trabajo fuentes de agua embotellada, a dos temperaturas y con vasos, repartidas por las diferentes salas. En total, la organizaci¨®n ten¨ªa instaladas 31surtidores con un consumo medio de 600 garrafas mensuales.

La sucesi¨®n empresarial se hab¨ªa llevado a cabo pac¨ªficamente. Ambas compa?¨ªas y los representantes sindicales hab¨ªan firmado un acuerdo sobre las condiciones de la transmisi¨®n en el que el nuevo empleador se compromet¨ªa a respetar todos los derechos adquiridos por los trabajadores, incluidos los que vinieran aplic¨¢ndose por el ¡°uso y costumbre¡±. Sin embargo, poco despu¨¦s, la empresa decidi¨® suprimir el servicio, sugiriendo a los empleados que usasen el ¡°agua potable de los ba?os¡±. A requerimiento de la Inspecci¨®n de Trabajo instal¨® varias fuentes de agua potable en el comedor, as¨ª como m¨¢quinas de vending.

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Beneficio cuestionado

Los teleoperadores ganaron la batalla judicial cuando en 2015, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y Le¨®n (en una sentencia que puede consultar aqu¨ª), les dio la raz¨®n, obligando a la empresa a reponer el servicio y a mantener el suministro en id¨¦nticas condiciones a las que ven¨ªan disfrutando durante m¨¢s de quince a?os.

En su escrito, la empresa llega a justificar su decisi¨®n en motivos medioambientales, dada la existencia de una alternativa m¨¢s ecol¨®gica, ya que, afirma, se garantiza un ¡°suministro p¨²blico suficiente y seguro de agua potable¡±. Sin embargo, los magistrados reprochan a la direcci¨®n que no siguiera el procedimiento legal establecido en estos casos, negociando con los representantes sindicales la modificaci¨®n de esta condici¨®n laboral.

La resoluci¨®n considera que los trabajadores adquirieron un derecho al suministro de agua mineral, como ¡°condici¨®n m¨¢s beneficiosa¡± que la nueva empresa debi¨® respetar. Esta categor¨ªa de derechos laborales, explican los magistrados, son mejoras en las condiciones de trabajo que los empresarios conceden voluntariamente y que, transcurrido un tiempo, no pueden suprimir de manera unilateral. Se convierten as¨ª en algo que pueden exigir individual o, incluso, colectivamente. En este caso, adem¨¢s, hubo mucho m¨¢s que una ¡°mera tolerancia empresarial¡±, concluye el tribunal, al constatarse el suministro y mantenimiento constante del servicio, asumi¨¦ndose su coste.

600 garrafas mensuales

Los trabajadores, no obstante, tuvieron que acudir de nuevo a la justicia para que obligara a la compa?¨ªa a cumplir con el fallo judicial. Seg¨²n denunciaron, la empresa no garantizaba un suministro continuado y permanente del agua mineral. La guerra por el agua se centr¨® entonces por el n¨²mero de garrafas que deb¨ªan reponerse mensualmente, seg¨²n un promedio de consumo que no se incorpor¨® al fallo condenatorio del TSJ. El agua mineral se agotaba en algunos departamentos, seg¨²n diversos testimonios, en ¡°tres o cuatro d¨ªas¡±; un suministro que distaba mucho de las 600 garrafas mensuales que ped¨ªa el comit¨¦. Mientras que el derecho era efectivo con la anterior empleadora, se quejaron, ten¨ªan agua sin interrupci¨®n, permanente y a demanda, y "no habla problemas de reposici¨®n". La compa?¨ªa, por su parte, intent¨® que el Supremo declarase caducado el derecho de los empleados a reclamar el beneficio, cuesti¨®n que el alto tribunal rechaz¨®.

Hace un mes, el juzgado de lo social n.? 3 de Valladolid, tras varios requerimientos y advertencias, ha castigado a la compa?¨ªa con una multa diaria de 3.000 euros mientras no cumplan con la sentencia. El juzgado consider¨® acreditado que, "efectivamente, la empresa no garantiza un suministro continuado y permanente del agua mineral" a sus empleados.