El crimen sin sangre se ceba con las compa?¨ªas
Un 54% de las empresas espa?olas han sufrido un delito financiero, aunque pocas, sobre todo entre las pymes, tienen protocolos para impedirlo
Los delitos financieros que sufren las empresas ¡ªdesde los sobornos hasta los ciber?ataques, pasando por el fraude o la evasi¨®n fiscal¡ª se han convertido en una forma de violencia habitual en el ¨¢mbito corporativo. Es cierto que en estos actos no suele haber derramamiento de sangre, pero esta circunstancia no rebaja ni su peligrosidad ni sus nefastas consecuencias. Un 47% de empresas en todo el mundo reconocen haber sido v¨ªctimas de este tipo de delitos en 2018, seg¨²n el informe El verdadero coste del crimen financiero, publicado por Refinitiv. Este fen¨®meno global afecta tambi¨¦n a Espa?a: un 54% de compa?¨ªas nacionales tambi¨¦n lo han sufrido, seg¨²n datos de la Encuesta mundial sobre fraude y delito econ¨®mico 2018, elaborado por PwC. Delitos que han ocasionado unas p¨¦rdidas en todo el planeta de 1,45 billones de d¨®lares (1,3 billones de euros, alrededor del 3,10% de las ventas mundiales de las empresas), pese a inversiones de 1,3 billones de d¨®lares para combatirlos.
Cifras abultadas que afectan a todas las compa?¨ªas, independientemente del sector, y que esquivan incluso los procedimientos de compliance, que muchas entidades han incorporado para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y poder establecer mecanismos de prevenci¨®n, gesti¨®n, control y reacci¨®n a ellos. ¡°Cualquier compa?¨ªa est¨¢ sometida a riesgos que tienen que ver con su actividad, el sector en el que trabajan o la zona geogr¨¢fica. Una empresa del sector de la moda que trabaja con pa¨ªses del tercer mundo corre el riesgo de que sus proveedores utilicen mano de obra infantil, por ejemplo. La diversidad de empresas hace que las soluciones de compliance deban dise?arse a la medida para identificar escenarios de riesgo concretos¡±, afirma Sylvia Ense?at, presidenta de Ascom (Asociaci¨®n Espa?ola de Compliance).
Seg¨²n la encuesta de PwC, la apropiaci¨®n indebida de activos es el principal delito que sufren las empresas espa?olas, seguido de la corrupci¨®n y el soborno, la manipulaci¨®n contable y el ciberfraude. Un delito este ¨²ltimo que seg¨²n apunta la consultora va a ir ganando peso en los pr¨®ximos a?os. De hecho, el estudio Panorama actual de la ciberseguridad, realizado por The Cocktail Analysis y publicado por Google, expone que los ataques de ransomware (secuestros de datos) a cambio de un rescate se incrementaron un 350% en el mundo, lo que ha ocasionado p¨¦rdidas cercanas al 0,8% del PIB mundial. El 60% de las pymes europeas que son v¨ªctimas de ci?ber?ataques desaparecen en los seis meses siguientes al incidente, muchas veces lastradas por el coste medio del ataque, que suele rondar los 35.000 euros.
Las empresas, en cambio, parecen vivir ajenas a la nueva amenaza. El 99,8% de las firmas espa?olas (sobre todo pymes) no se consideran un objetivo atractivo para un ciberataque. Esto se traduce en que casi tres millones de sociedades en Espa?a est¨¦n poco o nada protegidas contra hackers. De esta forma se convierten en el eslab¨®n m¨¢s vulnerable de la cadena, por falta de medios, tiempo e incluso concienciaci¨®n. Solo un 36% de ellas tienen establecidos protocolos b¨¢sicos de seguridad, como la verificaci¨®n de dos pasos para el correo de empresa, y el 30% de las webs no disponen del protocolo https, apunta un informe de Deloitte. ¡°Es posible que las pymes se den cuenta de la necesidad de tomar medidas por la v¨ªa de la oportunidad. Es decir, cuando las grandes empresas les exijan contar con herramientas de control y protecci¨®n como condici¨®n para que se conviertan en sus proveedores¡±, dice Ense?at.
Todas las empresas, independientemente de su tama?o o del sector en el que operen, est¨¢n en riesgo. ¡°Es dif¨ªcil pensar en compa?¨ªas que no lo est¨¦n¡±, afirma Mar¨ªa S¨¢nchez-Mar¨ªn, de Desarrollo de Mercado y Riesgo de Refinitiv. Europol estima que un 86% de los fondos obtenidos por la comisi¨®n de delitos econ¨®micos son blanqueados a trav¨¦s del sistema financiero, por lo que estas entidades est¨¢n especialmente en riesgo. Para Luc¨ªa S¨¢nchez-Oca?a, directora de compliance y delegada de protecci¨®n de datos de Cabot, compa?¨ªa financiera de recuperaci¨®n de deuda, empresas como la suya est¨¢n expuestas interna y externamente al fraude, la estafa o el blanqueo. ¡°Para estar a salvo es imprescindible identificar, prevenir y conocer la trazabilidad de las transacciones¡±, dice.
A pesar de una mayor regulaci¨®n y m¨¢s inversi¨®n en procedimientos de compliance, de media solo el 0,5% de todas las transacciones revisadas en los bancos derivan en una investigaci¨®n criminal, se?ala Europol. Pese a esto, para Elisabeth Escayola, responsable de compliance y de la gestora del banco belga Degroof Petercam, es cada vez m¨¢s dif¨ªcil ¡°encontrar la grieta¡±.
Los mecanismos que utilizan las empresas espa?olas para detener el fraude econ¨®mico son las auditor¨ªas internas, el an¨¢lisis de datos y los canales de denuncias. Con respecto a esta ¨²ltima herramienta, el informe de Refinitiv se?ala que un 67% de los encuestados afirman que informar de estos delitos podr¨ªa tener consecuencias negativas para sus empresas y para la persona que denuncia. Una realidad que provoca que del 40% de los delitos no se informe; datos que podr¨ªan revertirse si el canal de denuncias estuviera respaldado. ¡°Si se hace de forma an¨®nima y confidencial y se ampara a la persona que denuncia, ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil establecerlo¡±, apunta Ense?at. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva directiva europea llamada whistleblowing, que protege a quien revela una irregularidad y que deber¨¢ ser traspuesta en la UE antes de 2021, se facilitar¨¢ el acceso al canal de denuncias. Ser¨¢ obligatorio en todas las compa?¨ªas con m¨¢s de 50 trabajadores, en organismos p¨²blicos y en empresas del ¨¢mbito financiero, del transporte y medioambiental, con independencia del total de empleados. A su vez, se impondr¨¢ el principio de no represalia para proteger al denunciante.
Responsabilidad penal
En 2010 se public¨® una reforma del C¨®digo Penal por la que se regul¨® la responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas para algunos delitos, con penas como multa, inhabilitaci¨®n para obtener subvenciones, ayudas o contratos p¨²blicos. Desde entonces, las personas jur¨ªdicas (y no solo las personas f¨ªsicas) tambi¨¦n son responsables de delitos que hayan cometido de manera directa o por no haber ejercido suficiente control sobre sus empleados, en caso de que estos realicen alguna actividad delictiva.
Durante unas jornadas sobre delitos financieros organizadas por Refinitiv, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, explicaba c¨®mo, entre otras medidas, es clave ¡°que las empresas conozcan a sus clientes, su actividad y hagan un seguimiento de la veracidad de su negocio¡±. Velasco asegur¨® que ¡°identificar a quien est¨¢ detr¨¢s es importante, aunque es dif¨ªcil, como en el caso de los fondos de inversi¨®n¡±. La insolidaridad de estos delitos ¡ª¡°que en un 90% de los casos son cometidos por directivos¡±¡ª, seg¨²n Velasco, ha derivado en que la Uni¨®n Europea articule mecanismos para la destrucci¨®n de productos opacos. ¡°No es justo que solo paguemos impuestos los que estamos controlados y que seamos nosotros los que construyamos carreteras o colegios, mientras otros se hacen ricos y no pagan nada¡±.
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