Derecho a la vivienda y ocupaci¨®n

Las circunstancias del desahucio de una familia con cinco menores en Madrid han puesto al descubierto el drama de las ocupaciones de vivienda por estado de necesidad. Una madre y cinco de sus seis hijos, de entre 8 y 18 a?os, fueron desalojados de su casa sin una alternativa por sentencia judicial en 2018. Ocupaban una vivienda vac¨ªa de Bankia sin t¨ªtulo legal. Por ello, la madre fue condenada por un delito leve de usurpaci¨®n en 2016. La Comunidad de Madrid rechaz¨® su petici¨®n de vivienda p¨²blica por ocupar una casa. Tras la expulsi¨®n vino otro calvario. Estancia en albergues que a veces separaban a los hijos de la madre y permanencia temporal en un piso de una asociaci¨®n. Al final fueron acogidos por familiares en un apartamento donde viven diez personas pendientes de desahucio el 20 de noviembre.

El desalojo y la falta de domicilio fijo han sido traum¨¢ticos para los ni?os. Han precisado atenci¨®n psicol¨®gica, desarrollado p¨¢nico a la polic¨ªa y sufrido dermatitis cr¨®nica. Sobreviven con una renta m¨ªnima de inserci¨®n de 735,90 euros al mes.

La historia se describe en el dictamen del Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos y Sociales de Naciones Unidas del pasado 11 de octubre. La resoluci¨®n concluye que Espa?a incurri¨® en varias violaciones del derecho a la vivienda seg¨²n el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales: el desalojo ¡°sin un examen de proporcionalidad por parte de las autoridades constituy¨® una violaci¨®n de su derecho a una vivienda adecuada¡±. Precisa que hay que ¡°distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como vivienda o para que les brinde una renta vital y propiedades de entidades financieras¡±. ¡°La denegaci¨®n de la solicitud de la autora de una vivienda p¨²blica sin tomar en cuenta su situaci¨®n de necesidad y ¨²nicamente por encontrarse ocupando una vivienda sin t¨ªtulo legal constituy¨® en s¨ª misma, una violaci¨®n de su derecho a la vivienda adecuada¡±. Tambi¨¦n concluye que los albergues no eran una alternativa adecuada.

El abogado de la familia Javier Rubio indica que la resoluci¨®n ¡°entra en la ocupaci¨®n por necesidad¡±. Y visualiza ¡°las bolsas de pobreza opacadas al criminalizar todas las ocupaciones en cualquier situaci¨®n¡±.

Llevamos unos 370.000 desahucios desde 2008. En 2018 los desalojos se incrementaron un 6,7% en la Comunidad de Madrid y el 2,56% en Espa?a. La vivienda del caso pertenec¨ªa a un banco que fue rescatado y cuya propiedad es p¨²blica en un 60%.

Naciones Unidas recomienda: los jueces deben considerar las consecuencias del desalojo. Se debe eliminar la exclusi¨®n autom¨¢tica de ocupantes por necesidad de las listas de solicitantes de vivienda. Hay que dar a la familia una vivienda p¨²blica u otra soluci¨®n para una vivienda adecuada y ¡°compensarla econ¨®micamente por las violaciones sufridas¡±. Con un 1,5% de viviendas sociales no hay soluci¨®n cre¨ªble.