El Estado abonar¨¢ 318 millones a la concesionaria de la autopista rescatada AP-36

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha reconocido el pago de 318 millones de euros a las empresas concesionarias y a sus acreedores de la autopista AP-36 Oca?a-La Roda, que tuvo que ser rescatada por el Estado tras su quiebra en 2018.

Este es la liquidaci¨®n provisional seg¨²n la f¨®rmula que el Ejecutivo dise?¨® para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la administraci¨®n (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversi¨®n que realizaron en la construcci¨®n de la autopista y no dio tiempo a amortizar a las empresas concesionarias antes de que quebrara y el Estado tuviera que salir a su rescate.

Se trata de la segunda de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y actualmente son gestionadas por la sociedad estatal Seitsa, dependiente del Ministerio de Transportes. El c¨¢lculo efectuado para la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid-Barajas, arroj¨® un importe negativo, por lo que el Estado no tendr¨¢ que pagar nada por ella, aunque el asunto deber¨¢ dirimirse finalmente en los tribunales una vez que se agote el procedimiento administrativo.

En el caso de la AP-36 Oca?a-La Roda, la f¨®rmula del Ministerio que dirige Jos¨¦ Luis ?balos determina una RPA de 319,90 millones de euros, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones a las expropiaciones. De esta cantidad, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizar¨¢ en la autopista para mejorar su conservaci¨®n, y otros 2,20 millones por la ¡°minoraci¨®n¡± de las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Adem¨¢s, retiene 1,77 millones m¨¢s para hacer frente a pagos de este tipo a¨²n pendientes.

Liquidaci¨®n provisional

La AP-36 es una v¨ªa de 125,7 kil¨®metros de longitud, alternativa a la autov¨ªa de Valencia y la de Andaluc¨ªa, que fue adjudicada a un consorcio integrado por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank en 2004, y quebr¨® en 2014 con una deuda de 527 millones de euros.

La metodolog¨ªa aprobada por el Gobierno para calcular la RPA, a la que debe hacer frente por el rescate de estas v¨ªas, est¨¢ recurrida por ACS, Sacyr, Iberpistas (Abertis), Bankia, Globalv¨ªa y fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que tuvieron que ser rescatadas.

En esa metodolog¨ªa, el Gobierno cifraba en un m¨¢ximo de 3.305 millones de euros la RPA que habr¨¢ que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su d¨ªa para su construcci¨®n y no amortizadas con una cantidad m¨¢xima para cada v¨ªa. Para la AP-36 es de 487 millones; la R-3 y R-5 (Accesos de Madrid), 637,9 millones; la R-2 (Henarsa), 40,7 millones; la R-4, 559,6 millones; Cartagena-Vera (Aucosta), 526,8 millones; Ciralsa, 398 millones; Madrid-Toledo (AP-41), 348 millones, y para la M-12, 305 millones de euros.

Se trata de una liquidaci¨®n provisional tras el inicio el 18 de febrero pasado del tr¨¢mite de audiencia, ya que el expediente administrativo no se completar¨¢ hasta dentro de un a?o., con la liquidaci¨®n definitiva. No obstante, como en el caso de la M-12, todo tiene visos de acabar en los tribunales porque las exconcesionarias y los fondos de inversi¨®n que asumieron la deuda reclaman una cantidad mucho mayor que la reconocido por el Estado.