El Gobierno recortar¨¢ los incentivos fiscales para los planes de pensiones individuales y aumentar¨¢ los de los colectivos

El Ejecutivo de coalici¨®n pretende reducir a partir del pr¨®ximo a?o las deducciones fiscales que los contribuyentes se aplican en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones privados individuales. Por el contrario, aumentar¨¢ la ayuda fiscal a los planes de pensiones colectivos, seg¨²n confirman varias fuentes del Ejecutivo. El Gobierno prev¨¦ aprobar la medida en el Consejo de Ministros de este martes en el que tambi¨¦n llevar¨¢ los Presupuestos Generales del Estado para 2021. De esta forma, sigue la ruta que se apunta en el texto del Pacto de Toledo, todav¨ªa no definitivo, que prioriza esta forma de ahorro para la jubilaci¨®n frente a la individual.

La idea del Gobierno pasa por reducir las deducciones de los planes de pensiones individuales de un m¨¢ximo de 8.000 euros al a?o a 2.000 euros. Con los planes colectivos, el movimiento ser¨ªa el contrario. La deducci¨®n anual aumentar¨ªa de los 8.000 euros actuales a 10.000 euros.

Esta medida es una de las recomendaciones que realiz¨® hace unos meses la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas p¨²blicas, tras analizar la eficacia de los principales beneficios fiscales (bonificaciones, deducciones y exenciones) del sistema tributario espa?ol. En su informe concluy¨® que esta deducci¨®n no cumpl¨ªa con su funci¨®n principal: incentivar el ahorro privado. Lo mismo puede leerse en el texto del Pacto de Toledo ultimado este viernes cuando los diputados se dicen ¡°conscientes del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas f¨®rmulas [de ahorro complementario para las pensiones] han tenido hasta la fecha¡±.

La deducci¨®n fiscal para los planes de pensiones tiene un coste de 1.643 millones para las arcas p¨²blicas y de ella se benefician 2,5 millones de espa?oles, el 12,8% del total de contribuyentes, seg¨²n c¨¢lculos de la Airef.

La conclusi¨®n del organismo presidido por Cristina Herrera tras analizar esta deducci¨®n fue: ¡°De la evaluaci¨®n se desprende que el incentivo fiscal puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilaci¨®n, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal¡±.

La deducci¨®n de los planes de pensiones arrastra cr¨ªticas y alabanzas cerradas desde hace tiempo. La Airef considera que es un incentivo ¡°regresivo, desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas¡±. Es decir, beneficia m¨¢s a quien m¨¢s tiene. Lo mismo ha dicho quien ahora es ministro de Seguridad Social y fue su anterior presidente, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢. La realidad es que de los m¨¢s de 19 millones de contribuyentes que presentan la declaraci¨®n del IRPF, menos de 20.000 personas se deducen el m¨¢ximo de 8.000 euros al a?o, el 0,9% del total. Incluso el anterior ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro (PP), ya avisaba hace unos a?os: ¡°No se puede favorecer m¨¢s a trav¨¦s del IRPF el ahorro a largo plazo a quienes ya tienen suficiente capacidad de ahorro. El IRPF se convertir¨ªa en inequitativo¡±. Seg¨²n el trabajo de la Airef, el 10% de los contribuyentes m¨¢s ricos se llevan el 66% del beneficio fiscal con un coste para las arcas de 1.084 millones.

La contrapartida estar¨¢ en que el cambio que prepara el Ejecutivo favorecer¨¢ a los planes de colectivos o de empleo al aumentar la deducci¨®n para estos hasta los 10.000 euros.

Esta medida se incrusta entre los cambios que el Gobierno prepara para reformar el sistema de pensiones. El incentivo del ahorro privado como complemento de las prestaciones p¨²blicas siempre ha figurado en los objetivos del Pacto de Toledo. Sin embargo, siempre ha tenido poco ¨¦xito. Solo ha funcionado en el Pa¨ªs Vasco a trav¨¦s de las llamadas entidades sociales de previsi¨®n, que se articulan a trav¨¦s de la negociaci¨®n colectiva entre empresarios y sindicatos. Y, de hecho, los diputados han tomado el ejemplo de una de estas entidades, Geroa Pentsioak.

Esta es una de las patas de la reforma que se est¨¢ preparando y que, tras la aprobaci¨®n de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pretende empezar a negociar el Gobierno con los agentes sociales. El objetivo es sacarla con acuerdo, como ya sucedi¨® en 2011, cuando se pact¨® el retraso de la edad legal de jubilaci¨®n de 65 a?os a 67, como norma general, con los empresarios y sindicatos, que sufrieron un importante desgaste social por esto. El fin es que entre esa reforma y la que ahora se prepara, una continuidad de aquella, se afronte el gran reto demogr¨¢fico que enfrenta Espa?a en las pr¨®ximas d¨¦cadas, cuando se jubilar¨¢ la generaci¨®n del baby boom en un pa¨ªs cada vez m¨¢s envejecido.

Los cambios que se plantea el Ejecutivo siguen el dise?o planteado por el Pacto de Toledo, que, a su vez, sigue en algunos puntos las modificaciones planteadas por Escriv¨¢ ante esta misma comisi¨®n parlamentaria. Entre esos cambios estar¨ªa el acercamiento de la edad real de jubilaci¨®n (casi 63 a?os) a la legal (entre 65 y 67 a?os). En un informe reciente de la Airef se apunta que por cada a?o que se consiga retrasar esta edad legal, se ahorra un gasto equivalente a un 0,8% del PIB. Es decir, lograr el objetivo de igualarla acerca ese ahorro a dos puntos del PIB.