Vivienda de ¡®desprotecci¨®n oficial¡¯ por culpa del IRPH

¡°El mayor error de mi vida¡±. As¨ª define Eduardo Villarramiel, de 49 a?os, la compra de su casa. Pero hace 14 a?os no sospechaba que alg¨²n d¨ªa afirmar¨ªa algo as¨ª. En 2006 le toc¨® por sorteo una vivienda de protecci¨®n oficial (VPO) en el barrio vallisoletano de Santos Pilarica. Dos a?os despu¨¦s, cuando el edificio se termin¨®, formaliz¨® la compra. Pero al firmar la hipoteca, el piso de 60 metros cuadrados donde vive con su mujer y su hijo se convirti¨® para ¨¦l en una ¡°vivienda de desprotecci¨®n oficial¡±.

Villarramiel es uno m¨¢s entre el mill¨®n de personas, seg¨²n c¨¢lculos de las asociaciones de consumidores, que compraron sus casas con pr¨¦stamos referenciados al IRPH, un ¨ªndice hipotecario que siempre result¨® m¨¢s caro que el eur¨ªbor (el ¨ªndice mayoritario en el mercado). Pero su caso es un tanto especial porque el objetivo era adquirir una VPO. Seg¨²n sus c¨¢lculos, sobre el pr¨¦stamo de 83.000 euros que pidi¨® hace 12 a?os, lleva pagados unos 20.000 euros en intereses. Demasiado, dice, para quien cobra una pensi¨®n de 840 euros mensuales por incapacidad permanente.

Las plataformas de afectados calculan que hay m¨¢s de 300.000 familias perjudicadas de una manera u otra por la compra de vivienda protegida. Es imposible saber a ciencia exacta en cu¨¢ntos de esos casos se firm¨® una hipoteca con IRPH, ya que esas asociaciones incluyen otras reivindicaciones como la devoluci¨®n de las subsidiaciones, una ayuda mensual que el Gobierno suprimi¨® en 2013. Pero cabe suponer que son muchos porque fue la propia Administraci¨®n la que, a trav¨¦s de diferentes planes estatales de vivienda, determin¨® hasta 2008 el uso de ese ¨ªndice hipotecario que ha resultado mucho m¨¢s oneroso.

Lejos de suponer una ventaja, puesto que la adquisici¨®n de una vivienda social significaba un reconocimiento de cierta vulnerabilidad, su situaci¨®n se ha convertido en un callej¨®n casi sin salida. Si el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) abri¨® en marzo la posibilidad de anular las cl¨¢usulas que impon¨ªan el IRPH, el Tribunal Supremo acaba de sentar jurisprudencia avalando la actuaci¨®n de las entidades. Las sentencias dejan alguna peque?a rendija para los compradores del mercado libre (dec¨ªan que los casos analizados no eran abusivos, aunque falt¨® cierta transparencia al negociar), pero sellaron completamente el camino a los de VPO. La sala primera del Supremo, por unanimidad, resolvi¨® un recurso asegurando que el ¨ªndice hipotecario lo determina la normativa, publicada en el BOE, y por tanto no es poco transparente ni abusivo. Fuentes de la banca coinciden que ¡°las entidades se limitaban a seguir las condiciones fijadas por la Administraci¨®n, como recuerda el Supremo¡±.

Compradores confiados

David Gonz¨¢lez Serrano, quien defendi¨® los intereses del cliente bancario en ese recurso, muestra su disgusto con el fallo: ¡°El Supremo se lo ha despachado bastante r¨¢pido¡±. El abogado, con despacho en C¨¢ceres, destaca que su defendido adquiri¨® la vivienda en 2009. Como desde ese a?o los programas de vivienda protegida empezaron a referenciarse al eur¨ªbor, pod¨ªa hacer dos cosas: pedir un pr¨¦stamo nuevo acogi¨¦ndose al ¨²ltimo plan o subrogarse en el pr¨¦stamo anterior del promotor, vinculado al IRPH porque era del plan 2005-2008. Hizo lo segundo; pero Gonz¨¢lez cree que ¡°si eso se le hubiera explicado, obviamente hubiera optado por la otra opci¨®n¡± porque el eur¨ªbor era ya mucho m¨¢s barato. El abogado a?ade que este tipo de clientes firmaban confiados ¡°en que las condiciones que iba a tener su vivienda iban a ser mejores que las del mercado libre¡±.

Coincide con ese punto de vista el relato de Karina Brizuela, quien compr¨® en 2009 una vivienda protegida en una peque?a poblaci¨®n asturiana. Lo hizo tambi¨¦n subrog¨¢ndose en el pr¨¦stamo promotor. ¡°No nos dijeron que hubiera m¨¢s opciones y pensamos que esa era la mejor porque estaba regulada por el Estado¡±, cuenta al tel¨¦fono, como el resto de personas consultadas. Esta mujer de 47 a?os asegura que tanto ella, que tiene un contrato eventual en la docencia, como su marido, que es aut¨®nomo, son especialmente vulnerables a la crisis actual. El hogar lo completan dos hijos que est¨¢n estudiando, por lo que cualquier alivio ser¨ªa bienvenido para afrontar una letra que ronda los 480 euros mensuales y que ¡°al principio, casi la mitad era de intereses¡±.

Cerrada la v¨ªa judicial, las asociaciones de afectados creen que la ¨²nica soluci¨®n puede venir de la pol¨ªtica, ya que es donde se encuentra el origen del embrollo. El actual defensor del pueblo, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, ha emitido dos recomendaciones instando al Gobierno a ¡°promover las modificaciones normativas oportunas¡± para sustituir el IRPH por el eur¨ªbor en las hipotecas. La ¨²ltima es del pasado marzo, tras conocerse la sentencia del TJUE. La primera, rechazada por el entonces Ministerio de Fomento, es de 2017. Ese mismo a?o, el PSOE impuls¨® desde la oposici¨®n una proposici¨®n no de ley en el mismo sentido. Fue aprobada en la Comisi¨®n de Fomento del Congreso con apoyos de Podemos, Ciudadanos y Comprom¨ªs.

Respuesta ¡°decepcionante¡±

El pasado julio, el diputado de Comprom¨ªs Joan Baldov¨ª dirigi¨® una pregunta parlamentaria al Ejecutivo sobre si pensaba cumplir esa proposici¨®n. El Gobierno respondi¨® que ¡°los tipos de inter¨¦s previstos en los contratos de pr¨¦stamo no se fijan por disposici¨®n p¨²blica, sino que son el resultado de la operatividad del principio de libertad de pactos entre prestamista y prestatario¡±. Fuentes del Ejecutivo se?alan que ¡°las sentencias del Supremo dicen que el IRPH no es abusivo per se¡± y que ¡°en su momento y ahora es una referencia absolutamente v¨¢lida¡±. Para Baldov¨ª, la respuesta que obtuvo su pregunta fue ¡°decepcionante¡± e insistir¨¢ de nuevo. ¡°Lo ¨²nico que pedimos al Gobierno, y al PSOE, es que sea coherente con aquello que pidi¨® hace dos a?os y medio¡±, sostiene el diputado.

La contestaci¨®n tampoco satisface a las asociaciones de afectados, que creen que no se atiene a lo que se preguntaba. ¡°Las modificaciones anuales que se producen en los tipos de inter¨¦s son una disposici¨®n administrativa del Ministerio¡±, explica ?ngel de Sancha, abogado de la plataforma Vivienda Protegida S¨ª. Puesto que la normativa estatal contempla un coeficiente reductor sobre el ¨ªndice aprobado, cada a?o por acuerdo del Consejo de Ministros se publica una resoluci¨®n que fija los tipos de inter¨¦s. Los de este 2020 son del 1,66% para las VPO del plan 2005-2008, mientras que el eur¨ªbor est¨¢ en negativo (por lo que solo se pagar¨ªa el diferencial que aplique la entidad). La mayor diferencia entre ambos ¨ªndices, en torno a los 2,5 puntos, se alcanz¨® en 2014.

El diputado Baldov¨ª cree que se debe ¡°fijar un nuevo m¨¦todo de c¨¢lculo¡± para que el precio de esos pr¨¦stamos ¡°no supere nunca el del mercado libre¡±; y Gonz¨¢lez, el abogado de C¨¢ceres, ve margen legal para hacerlo ¡°modificando las ¨®rdenes ministeriales que bonifican al IRPH¡±. Es decir, que si no se suprime ese indicador, al menos el Gobierno le aplique una mayor reducci¨®n para compensar la diferencia con el eur¨ªbor. De Sancha cree que hay que ir m¨¢s lejos. ¡°El instrumento legislativo es importante¡±, se?ala, y por eso pide ¡°que se vote en Cortes una ley reparadora del da?o causado a todos los afectados en su derecho constitucional a la vivienda¡±.