El Gobierno se apoya en la gran empresa para gastar los fondos europeos

El reto de gastar los fondos europeos es ingente. As¨ª que el Gobierno se apoyar¨¢ en las grandes compa?¨ªas para asegurarse la buena ejecuci¨®n de los proyectos. Estas est¨¢n presentando ideas al Ejecutivo, y algunas ya han sido aprobadas en la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos y remitidas a Bruselas. Adem¨¢s, en el ¨²ltimo borrador del real decreto-ley para modernizar la Administraci¨®n que se aprobar¨¢ este martes, el Gobierno fomenta las sociedades de econom¨ªa mixta como un nuevo modelo prioritario para trabajar con las empresas en los fondos europeos. Bajo este esquema, el Estado tendr¨¢ la mayor¨ªa del capital y ejecutar¨¢ el proyecto junto al socio.

Gastar bien 70.000 millones en un plazo de entre cuatro y seis a?os no ser¨¢ tarea f¨¢cil. Solo para el a?o que viene el Gobierno tiene presupuestados del man¨¢ europeo unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU, unos 2.400 del fondo REACT EU destinados a sanidad, y las comunidades podr¨¢n optar a unos 8.000 millones del REACT UE que se vehicular¨¢n a trav¨¦s de Fondo Social Europeo y los Feder. En total, 34.634 millones.

Los ministerios transferir¨¢n una parte de esa cantidad, 10.793 millones, a las autonom¨ªas en los cap¨ªtulos de competencias propias de energ¨ªa, transportes, vivienda, educaci¨®n o sanidad. De manera que, seg¨²n consta en el informe econ¨®mico-financiero de Presupuestos, el reparto de los fondos ser¨¢ del 54% para las comunidades, un 4% para los Ayuntamientos y el resto para el Estado. Mucho que gastar en un solo ejercicio. ¡°Tenemos que cumplir con un calendario muy ajustado, no solo para presentar los planes de inversi¨®n y las reformas, tambi¨¦n para la ejecuci¨®n y la certificaci¨®n ante la Comisi¨®n Europea¡±, declar¨® Mar¨ªa Dolores Genaro, consejera del Tribunal de Cuentas, en unas jornadas celebradas por el Observatorio de la Contrataci¨®n P¨²blica.

As¨ª que el Gobierno confiar¨¢ la ejecuci¨®n de estos recursos en la gran empresa. ¡°Solo as¨ª se puede garantizar que se ponen en marcha proyectos de gran envergadura, que no acaban enfangados en problemas de ejecuci¨®n e, incluso, que haya menos resquicios para la corrupci¨®n¡±, se?ala una fuente de la Administraci¨®n.

Y as¨ª se deduce del borrador del real decreto-ley de modernizaci¨®n de la Administraci¨®n, que ir¨¢ al Consejo de Ministros este martes y al que ha tenido acceso EL PA?S. El texto recoge los ya conocidos como PERTE (proyectos estrat¨¦gicos para la recuperaci¨®n y transformaci¨®n econ¨®mica). Estos tienen que aprobarse uno por uno en el Consejo de Ministros y se les concede una tramitaci¨®n preferente de urgencia. Pero adem¨¢s en la ¨²ltima versi¨®n del decreto se a?ade una f¨®rmula para concretar la colaboraci¨®n con las empresas: las sociedades de econom¨ªa mixta, una figura que se hab¨ªa usado bastante poco en Espa?a salvo en los municipios para la promoci¨®n de vivienda o la gesti¨®n del agua.

El Ejecutivo dice en el pre¨¢mbulo que se agiliza y flexibiliza la elecci¨®n de socios para estos instrumentos de colaboraci¨®n p¨²blico-privada. Y a?ade en el articulado que se adjudicar¨¢n directamente, si bien en realidad a continuaci¨®n determina que se licitar¨¢ igual que cualquier otro proyecto en concurrencia competitiva siguiendo la ley de contratos del sector p¨²blico.

En esta sociedad, que se rige por la ley de sociedades de capital, el Estado entra en el capital y la gesti¨®n con una participaci¨®n de, al menos, el 51%. Y el accionista minoritario es el que ejecuta la obra o servicio.

Se trata de un sistema muy utilizado en el mundo anglosaj¨®n que todav¨ªa tiene que aterrizar a Espa?a, ya que hasta ahora ha sido muy poco regulado. Supone una gran revoluci¨®n en la forma de adjudicar y funcionar en la Administraci¨®n y habr¨ªa que desarrollarlo porque existe en torno a ¨¦l un importante vac¨ªo legal, apuntan los expertos consultados.

Aunque haya una gesti¨®n p¨²blica, este partenariado se configura como una sociedad mercantil con sus estatutos, gobernanza, pol¨ªtica retributiva, vida ¨²til¡­ Preocupa c¨®mo se definir¨¢ cada una de estas particularidades y cu¨¢ntas sociedades se crear¨¢n. Tambi¨¦n que se pueda cambiar el objeto de la licitaci¨®n a posteriori.

En principio, la sociedad de econom¨ªa mixta deber¨ªa dotar a los proyectos de una mayor flexibilidad operativa. Y en general los expertos y abogados del Estado consultados alaban esta apuesta. Sin embargo, critican sobre el decreto la falta de mecanismos de gobernanza con la excepci¨®n de la conferencia sectorial creada con las comunidades y municipios. En otros pa¨ªses se han establecido comit¨¦s independientes o comisarios t¨¦cnicos ajenos al Gobierno para garantizar que imperan los mejores criterios.

Falta de transparencia

Y sobre todo censuran la falta de transparencia. Los ministerios de Industria y Transici¨®n Energ¨¦tica han publicado manifiestos en los que se pide a las empresas que expliciten su inter¨¦s por los proyectos. Pero solo esbozan unas l¨ªneas muy generales. Se desconocen los proyectos y qui¨¦nes son las entidades interesadas. La patronal CEOE est¨¢ ejerciendo de interlocutor dise?ando una serie de iniciativas tractoras lideradas siempre por una gran empresa y una consultora. Pero, adem¨¢s, diversas fuentes empresariales explican que todas las grandes firmas est¨¢n circulando por los despachos del Gobierno exponiendo sus ideas. ¡°Hay un tap¨®n en Moncloa para presentar proyectos¡±, dice una de ellas. Hay 30 componentes del plan del Gobierno, que contemplan grandes l¨ªneas de actuaci¨®n como el despliegue del 5G, la rehabilitaci¨®n energ¨¦tica o la capacitaci¨®n digital. A medida que estos se aprueban en la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos, se van remitiendo a Bruselas bajo la l¨®gica de que el primero que los env¨ªe, primero lo cobra.

¡°La rapidez no tiene que ir en menoscabo de la transparencia y el adecuado control de la gesti¨®n de los fondos¡±, afirma Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno, catedr¨¢tico de la Universidad de Zaragoza. Y tambi¨¦n se abren otros interrogantes. ¡°El problema es d¨®nde quedan las pymes en todo esto y c¨®mo se llega al resto de la econom¨ªa¡±, subraya Cristina Anto?anzas, vicesecretaria general de UGT. Conscientes de esta realidad, en el Ministerio de Industria, la titular Reyes Maroto ha establecido que el 40% de las inversiones se subcontraten a pymes. Y en el Ministerio de Econom¨ªa la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calvi?o, dedicar¨¢ una parte importante de los recursos a la digitalizaci¨®n y capacitaci¨®n tecnol¨®gica en la pyme.

Seg¨²n fuentes conocedoras, el Gobierno ya ha avanzado mucho en el desarrollo del 5G y en los proyectos de transici¨®n energ¨¦tica. Tambi¨¦n se preparan grandes planes de rehabilitaci¨®n verde de edificios, que emplear¨¢n bastante mano de obra y de cuyo dise?o se ocupar¨¢n los Ayuntamientos, seg¨²n se recoge en el real decreto-ley. Y el Ministerio de Transportes trabaja en mejorar la red de Cercan¨ªas. En cambio, va m¨¢s rezagado por ejemplo el plan de inteligencia artificial.

Conforme se avanza a marchas forzadas, las dudas que plantean los economistas afloran con facilidad. Por ejemplo: ?hasta qu¨¦ punto se est¨¢n utilizando los fondos para avanzar proyectos que las grandes empresas iban a abordar de todas formas?; ?elevar¨¢ de verdad la capacidad productiva del pa¨ªs la inversi¨®n renovable o el 5G?, o ?acaso no se han digitalizado ya las pymes que lo necesitaban con la pandemia?

Hacienda gana control de la ejecuci¨®n

Hacienda y la Intervenci¨®n General del Estado ganan protagonismo en la ¨²ltima redacci¨®n del real decreto-ley de modernizaci¨®n de las Administraciones. La primera versi¨®n caus¨® malestar e incertidumbre entre los funcionarios porque se retiraban elementos de fiscalizaci¨®n sobre estos fondos. Se daban solo cinco d¨ªas a la Intervenci¨®n para comprobar de manera previa, y si no se aplicaba un muestreo. Todo para poder agilizar el procedimiento. Sin embargo, en la segunda versi¨®n se ha visto la mano de Hacienda. El registro de las empresas interesadas pasa de Industria a Hacienda. Es decir, de un ministerio de gasto a uno m¨¢s centrado en el control. Hacienda tambi¨¦n llevar¨¢ la interlocuci¨®n sobre la ejecuci¨®n de los fondos con las comunidades y Bruselas. Y la Intervenci¨®n tendr¨¢ libertad de acceso a los sistemas de informaci¨®n para hacer una auditor¨ªa en l¨ªnea de toda la documentaci¨®n.

En el primer texto se permit¨ªa contratar sin publicidad con cantidades m¨¢s altas. Ese punto se ha suprimido. Y ahora se incluye que las inversiones deben respetar la unidad de mercado, algo cuya comprobaci¨®n ralentizar¨¢ la ejecuci¨®n.

En opini¨®n del catedr¨¢tico Gimeno, faltan por determinar los criterios de adjudicaci¨®n, por ejemplo qu¨¦ relevancia tendr¨¢ en la valoraci¨®n el precio frente a la rentabilidad de la inversi¨®n. ¡°Debe primar lo segundo sobre lo primero¡±, dice. A su juicio, tampoco se define bien c¨®mo se dise?ar¨¢ el control de la ejecuci¨®n de los fondos.