La juez rechaza suspender el juicio a los controladores pese a faltar las grabaciones del caos a¨¦reo de 2010

Casi una d¨¦cada despu¨¦s se cierra al fin el recorrido judicial del mayor caos a¨¦reo vivido en Espa?a ¡ªafect¨® a m¨¢s de 700.000 pasajeros¡ª, ocasionado por el cierre del espacio a¨¦reo en el puente de la Constituci¨®n de 2010.?El macrojuicio contra 133 controladores a¨¦reos en Madrid ha arrancado este mi¨¦rcoles en el Juzgado de lo Penal n¨²mero 18. La juez Margarita Valcarce ha decidido rechazar la suspensi¨®n de la vista oral que le ped¨ªan las defensas y algunas acusaciones por la ausencia de las grabaciones completas de las comunicaciones entre el centro de control y las torres de Barajas y Torrej¨®n de Ardoz.?

La mayor¨ªa de los acusados, 119, hab¨ªan llegado antes del juicio a un acuerdo con el fiscal y las acusaciones en el que reconocen los hechos de los que se les acusa (el abandono de servicio p¨²blico) y que supone la reducci¨®n de las multas y la suspensi¨®n de cinco meses de empleo. Los otros 14 acusados de?paralizar la actividad aeron¨¢utica entre los d¨ªas 3 y 4 de diciembre de ese a?o?est¨¢n citados a finales de este mes.?Los acusados que no han pactado, entre ellos el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA C¨¦sar Cabo, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros por un delito de abandono del servicio.

Este es el ¨²ltimo de los 22 juicios que a lo largo de varios a?os se han ido celebrando por toda Espa?a. La mayor¨ªa de las causas penales contra los controladores han sido archivadas. El caos a¨¦reo afect¨® a m¨¢s de 5.000 vuelos y varios colectivos de afectados iniciaron acciones legales.?

A la entrada de los juzgados de lo Penal de Madrid, el portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, ha se?alado que "nadie abandon¨® su puesto de trabajo, como consta en autos" y ha negado que hicieran una "huelga salvaje".

Tambi¨¦n ha recordado que el cierre del espacio a¨¦reo fue algo ins¨®lito de lo que no hab¨ªa precedentes salvo en Nueva York tras los atentados del 11-M. "La obligaci¨®n de la empresa era traer a un m¨¦dico y examinar a la gente, cosa que no hizo. Insisto: nadie abandon¨® su puesto de trabajo".? Zamit ha a?adido que cerrar el espacio a¨¦reo fue una "decisi¨®n pol¨ªtica" de la que tendr¨¢n que responder los responsables pol¨ªticos de la ¨¦poca (el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero) porque los controladores no fueron responsables.

Varias de las defensas de los controladores han solicitado la suspensi¨®n del juicio para pedir que se puedan escuchar las grabaciones ¨ªntegras de las comunicaciones que se produjeron en el centro de control y la torre de Barajas y la de Torrej¨®n. Seg¨²n han se?alado durante las cuestiones previas, en la causa solo constan unas grabaciones parciales, transcritas por la Polic¨ªa Nacional, en las que aparecen destacados unos p¨¢rrafos y no otros. "La Polic¨ªa no tiene criterio para decidir qu¨¦ partes son interesantes", ha asegurado uno de los abogados defensores, Bernardo del Rosal. La juez ha decidido no suspender el juicio y continuar con el calendario previsto.

Valcarce ha argumentado que "no es el momento procesal" para pedir las grabaciones completas y ha subrayado que el caso lleva nueve a?os de instrucci¨®n. Ha a?adido que en el procedimiento, que supera los 20.000 folios, figura el informe de las transcripciones. "Ten¨ªan que haberlo visto a lo largo de la instrucci¨®n", ha dicho a los abogados, tras recordarles que la petici¨®n se hizo hace un mes.?

Los letrados han defendido que no poder escuchar todas las conversaciones vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y vulnera el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n. Uno de los abogados ha se?alado que corresponde a la jurisdicci¨®n militar juzgar a los controladores, dado que estos fueron militarizados. Otros se han negado a la personaci¨®n de nuevos perjudicados, pero la juez tambi¨¦n ha rechazado sus argumentos.

En su escrito de acusaci¨®n, el fiscal recuerda la condici¨®n de funcionarios p¨²blicos de los acusados y el "esencial" servicio p¨²blico que prestan para la comunidad, el transporte a¨¦reo. Tambi¨¦n reclama una indemnizaci¨®n conjunta y solidaria a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avi¨®n cuyo vuelo fuese cancelado y por los dem¨¢s gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelaci¨®n "en ejecuci¨®n de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones ser¨¢ responsable civil subsidiario el ente p¨²blico Aena.

Cierre del espacio a¨¦reo

El escrito de acusaci¨®n recuerda: "A consecuencia del abandono colectivo" de los acusados de sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio a¨¦reo en la regi¨®n centro-norte que oblig¨® a cancelar 443 vuelos programados para el d¨ªa 3 de diciembre de 2010 y otros 909 agendados para el 4 de diciembre. "Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio p¨²blico que presta Aena y a un elevado n¨²mero de viajeros, que perdieron el importe de sus reservas de avi¨®n y hotel, adem¨¢s de otros gastos de cancelaci¨®n", argumenta el fiscal.

Los vuelos que se vieron afectados fueron "no solo aquellos que ten¨ªan origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino tambi¨¦n aquellos otros vuelos que, partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio a¨¦reo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

Seg¨²n la Fiscal¨ªa, entre las 17.00 y las 17.15 del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acci¨®n colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeron¨¢utica al margen de cualquier negociaci¨®n colectiva u otra v¨ªa legal", present¨® ante el responsable de la sala un documento "escrito de su pu?o y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminuci¨®n significativa de sus capacidades psicof¨ªsicas para desempe?ar su puesto de controlador a¨¦reo.

En la pr¨¢ctica, la direcci¨®n de Aena estaba obligada a la sustituci¨®n inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por pr¨¢cticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 de los 62 controladores programados, y casi de manera simult¨¢nea), oblig¨® a la Direcci¨®n Regional centro-norte de Aena a reducir progresivamente la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio a¨¦reo. Al comienzo del turno de noche en el Centro de control tan solo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayor¨ªa de estos controladores, tal y como relata la Fiscal¨ªa, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Direcci¨®n de USCA, sindicato mayoritario de controladores a¨¦reos.

El 4 de diciembre ocurri¨® algo parecido. De los 73 controladores a¨¦reos que ten¨ªan que acudir a su puesto de trabajo solo 19 lo hicieron, y de ellos una docena sigui¨® la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio a¨¦reo por falta de personal", alegando disminuci¨®n de capacidades psicof¨ªsicas para ejercer su funci¨®n de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscal¨ªa, con constancia de la situaci¨®n "l¨ªmite" en que pon¨ªan a Aena "y previendo y asumiendo que se deber¨ªa cerrar el espacio a¨¦reo ante la indisposici¨®n para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno". Es m¨¢s, hace hincapi¨¦ en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que interven¨ªa en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeron¨¢utico, coordin¨® la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboraci¨®n esencial de los delegados locales de Madrid, integrantes del comit¨¦ ejecutivo del sindicato.

De ah¨ª que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio P¨²blico reclame 75.000 euros y un a?o de suspensi¨®n de empleo a los siete miembros que o bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comit¨¦ ejecutivo, y para el resto de trabajadores una indemnizaci¨®n de 60.000 euros.