Interrogantes sobre ¡®Radar Covid¡¯

A partir de que la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia de Covid-19 el pasado mes de marzo, se inici¨® algo parecido a una carrera entre gobiernos de diferentes continentes, para demostrar las bondades de la tecnolog¨ªa en ayudar a controlar la crisis sanitaria. Unos pa¨ªses nos han querido mostrar las ventajas de un uso centralizado de la tecnolog¨ªa de rastreo y de detecci¨®n y, en cambio la apuesta de la Uni¨®n Europea (UE), que no de Europa en su conjunto, es utilizar la tecnolog¨ªa de manera m¨¢s descentralizada y respetando la privacidad para centrarse ¨²nicamente en la detecci¨®n, ya que es de obligado cumplimiento el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protecci¨®n de las personas f¨ªsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci¨®n de estos datos. Tambi¨¦n es cierto que la propia OMS advirti¨® del necesario respeto a los derechos fundamentales si se pretend¨ªan activar aplicaciones para recopilar informaci¨®n sanitaria de los ciudadanos y para seguir sus movimientos.

Precisamente, hace unos d¨ªas y en un debate promovido por la Fundaci¨®n Alternativas en el que participaron varios expertos, la organizaci¨®n EDRI (European Digital Rights), destac¨®: ¡°Si se demuestra que la tecnolog¨ªa es ¨²til en el control de la pandemia, se deben proteger por completo los derechos fundamentales, ya que los riesgos creados por estas tecnolog¨ªas podr¨ªan durar m¨¢s que la pandemia¡±.

Por su parte, la Comisi¨®n Europea ha fijado su posici¨®n destacando las salvaguardas en derechos fundamentales que deben proporcionar las aplicaciones que se desarrollen, pretendiendo orientar las respuestas que implementen los Estados miembros. Pero no nos olvidemos de un detalle: en paralelo, las compa?¨ªas Apple y Google se aliaron para desarrollar una tecnolog¨ªa que facilitara la comunicaci¨®n entre sus sistemas, una vez instalados en ellos los programas que desarrollen soberanamente los pa¨ªses.

Es decir, estas dos compa?¨ªas han hecho valer ante gobiernos democr¨¢ticos el que sus sistemas ya pueden interactuar y que, por tanto, est¨¢n dispuestas para recibir sus aplicaciones y empezar a probarlas. Por todo lo dicho, la sociedad puede preguntarse:

- ?Qui¨¦n tiene realmente el poder?

- ?Qu¨¦ est¨¢ ocurriendo con la toma de decisiones que implica la privatizaci¨®n de un servicio que, si bien est¨¢ regulado, tiene que ver con la privacidad de las personas, con el ejercicio del derecho al consentimiento y con la utilizaci¨®n de un dato especialmente protegido como es el de la salud?

- ?Qu¨¦ tipo de transparencia y de debate previo ha habido alrededor de todos estos asuntos?

- ?Esta relaci¨®n entre el sector p¨²blico y el privado implica un pacto entre ambos poderes, al margen del necesario debate p¨²blico?

En este contexto, el 23 de junio de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde en Espa?a al contrato para dise?ar, desarrollar y evaluar una prueba piloto para la aplicaci¨®n m¨®vil ¡®Radar Covid¡¯, que permita notificar a los contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por Covid-19. Este hecho origin¨® que la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) aclarara que:

¡°El desconocimiento de los detalles de la articulaci¨®n pr¨¢ctica de la aplicaci¨®n y de la experiencia piloto, esenciales para analizar su incidencia sobre la privacidad de los ciudadanos, ha dado lugar al requerimiento de solicitudes formales de informaci¨®n a la Secretar¨ªa de Estado de Digitalizaci¨®n e Inteligencia Artificial y ha impedido valorar su adecuaci¨®n a la normativa de protecci¨®n de datos con antelaci¨®n¡±.

Parece inquietante que la decisi¨®n de poner en marcha el proyecto piloto, sin el visto bueno de la AEPD, pudiera significar una excesiva confianza de la administraci¨®n, en la tecnolog¨ªa y en los protocolos de actuaci¨®n de las dos compa?¨ªas ya citadas anteriormente. Al mismo tiempo, es preocupante que la defensa de los derechos humanos en el espacio digital pudiera quedar amenazada por la adopci¨®n de soluciones tecnol¨®gicas apresuradas.

Aunque el Gobierno afirme que la aplicaci¨®n espa?ola de detecci¨®n ser¨¢ respetuosa con la privacidad, actualmente no hay garant¨ªas de que as¨ª sea, y en menor medida las habr¨¢ cuando se instale en los sistemas de Apple y de Google. Adem¨¢s, este ser¨ªa el momento en que se nos invitar¨ªa a los ciudadanos a instalarnos el programa ¡®Radar Covid¡¯ en nuestro tel¨¦fono m¨®vil, lo que, de hecho, equivaldr¨ªa a otorgar un consentimiento expreso para que pudi¨¦ramos interactuar con otro dispositivo en poder de otra persona, para intercambiar autom¨¢ticamente identificadores, eso s¨ª, cifrados.

Por ¨²ltimo, independientemente de la utilidad de todo este operativo y de su coste, est¨¢ claro que se necesita m¨¢s an¨¢lisis e informaci¨®n p¨²blica por parte del Gobierno, para confiar en que la aplicaci¨®n ¡®Radar Covid¡¯, desarrollada en Espa?a para incorporarse a los sistemas de Google y Apple, cumpla con las garant¨ªas establecidas por la normativa europea para proteger la intimidad de los ciudadanos.

* Antoni Farriols es colaborador de la Fundaci¨®n Alternativas