Arrestado en Alicante un matrimonio de recolectores de fruta que explotaba a sus nueve temporeros

Una pelea entre temporeros de una misma cuadrilla ha desembocado en el arresto de un matrimonio que explotaba a los nueve jornaleros que ten¨ªa a su cargo por un delito contra los derechos de los trabajadores. Durante la declaraci¨®n por la disputa entre compa?eros, uno de ellos relat¨® a la Guardia Civil las condiciones infrahumanas en las que viv¨ªan y desempe?aban su trabajo. Se alojaban en una nave industrial con deficiencias estructurales y sin agua, les quitaban parte de su salario, que era menor de lo estipulado en su tipo de contrato, sal¨ªan al campo de lunes a domingo y ten¨ªan que pagar la gasolina de su bolsillo. Los dos detenidos ya han declarado ante el juez y se encuentran en libertad con cargos a la espera de juicio.

La pareja, un hombre y una mujer de 31 y 26 a?os, ambos de nacionalidad rumana, ejerc¨ªan de cabos de cuadrilla desde Sollana, un municipio situado a unos 20 kil¨®metros de Valencia. A trav¨¦s de una empresa de trabajo temporal (ETT) reclutaban a temporeros para labores de recolecta en diferentes localidades de Castell¨®n, Valencia y Alicante, all¨¢ donde les llamaran, seg¨²n la Guardia Civil. Ellos se encargaban de organizarlo todo. Ofrec¨ªan un contrato, pagaban los sueldos y gestionaban los pedidos. Tambi¨¦n procuraban que los jornaleros fueran extranjeros, para poder tramitar todo el papeleo con la excusa de que sus empleados no conoc¨ªan bien el idioma ni la legislaci¨®n.

A principios de 2019, la cuadrilla se desplaz¨® a Pedreguer (Alicante). Dos de los trabajadores comenzaron una disputa que acab¨® con la denuncia de uno de ellos en el cuartel de la Guardia Civil por un delito de lesiones. Una vez ante los agentes, el jornalero relat¨® sus condiciones de vida y la de sus ocho compa?eros, todos de nacionalidad portuguesa y rumana. El testimonio daba se?ales de que la cuadrilla estaba siendo v¨ªctima de un caso de explotaci¨®n laboral y llev¨® a que el Equipo Contra el Robo en el Campo del instituto armado iniciara una investigaci¨®n.

Durante un a?o, los agentes han corroborado todas las acusaciones vertidas por el temporero. Una vez captados, los trabajadores pasaban a residir en una nave industrial anexa a la vivienda de los jefes, ¡°obligados, para mantener su puesto de trabajo, a vivir hacinados y en condiciones infrahumanas¡±, seg¨²n la Guardia Civil. Las instalaciones presentaban evidentes deficiencias en su estructura, se inundaban cuando llov¨ªa y carec¨ªan de agua corriente. De hecho, los empleados, ¡°para asearse y lavar su ropa, utilizaban el agua de las acequias cercanas¡±, describen las mismas fuentes.

Las condiciones de trabajo no eran mejores. Los ahora detenidos incumpl¨ªan todos los requisitos del convenio de recogedores establecido en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, las altas en la Seguridad Social se asociaban a las horas producidas y no a jornadas completas. Adem¨¢s, rebajaban hasta en 1.000 euros por trabajador el salario estipulado en las labores a destajo. Y, finalmente, ingresaban todas las n¨®minas en sus propias cuentas bancarias, con lo que ¡°pagaban en met¨¢lico cantidades irrisorias¡± y manten¨ªan el control de los sueldos, con el fin de obligar a sus trabajadores a soportar estas condiciones para cobrar a fin de mes, dice la Guardia Civil.

Por ¨²ltimo, las jornadas de trabajo se alargaban de lunes a domingo y duraban m¨¢s horas de las establecidas legalmente. El ¨²nico descanso laboral que pod¨ªan permitirse los jornaleros era ¡°el de los d¨ªas en que las inclemencias meteorol¨®gicas no permitiesen la recolecci¨®n¡±, se?alan las fuentes consultadas. Los gastos en combustible de la furgoneta en que se desplazaban, propiedad de los arrestados, corr¨ªan a cuenta de los temporeros. Y sus capataces se quedaban tambi¨¦n con un peque?o porcentaje de la fruta recogida.

El pasado mes de diciembre culmin¨® la investigaci¨®n y se procedi¨® a la detenci¨®n del matrimonio que explotaba a sus temporeros. Fueron acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y pasaron a disposici¨®n judicial en un juzgado de Sueca (Valencia). Tras su declaraci¨®n, han sido puestos en libertad con cargos y se encuentran actualmente en espera de juicio.