Las comunidades tendr¨¢n que devolver el dinero de las ayudas directas si no lo gastan antes del 31 de diciembre

Tras los problemas sufridos para pagar los ERTE y con las dificultades que existen para desplegar una renta m¨ªnima, la Administraci¨®n se enfrenta a otro reto ingente: c¨®mo pagar con celeridad los 7.000 millones en ayudas directas a empresas y aut¨®nomos que aprob¨® el viernes el Gobierno y que tienen que gestionar las comunidades. Con un obst¨¢culo a?adido: deben gastarlo todo este a?o. As¨ª figura en el real decreto ley publicado este s¨¢bado en el BOE. Si los gobiernos auton¨®micos no son capaces de entregar las ayudas antes, ¡°el saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021 deber¨¢ reintegrarse al Ministerio de Hacienda¡±, dice el texto legislativo. Las comunidades tendr¨¢n que darse prisa pese a las enormes dificultades que tendr¨¢n para poner en marcha este sistema de pagos.

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La fortaleza (y las cuatro debilidades) del 'Plan Calvi?o'

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta econ¨®mica, Nadia Calvi?o, y la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, manifestaron que con estas medidas se estaban adelantando a los problemas de sobreendeudamiento empresarial. Y las dos confiaban en que estas ayudas llegar¨¢n r¨¢pido.

Sin embargo, fuentes consultadas de varias comunidades expresan su preocupaci¨®n. El dinero se transferir¨¢ a las autonom¨ªas en un mes y 10 d¨ªas para dar tiempo a firmar los convenios y que la Agencia Tributaria monte la plataforma con la que certificar¨¢ las ca¨ªdas de ingresos usando los datos de IVA. Es decir, el sistema deber¨ªa empezar a rodar a principios de mayo.

El problema reside en que en los nueve meses que quedan del a?o las comunidades deben aprobar, primero, los procedimientos y si establecen unas cantidades distintas de ayudas. A continuaci¨®n, deben orquestar las estructuras y el personal necesario para poner en marcha semejante tarea sin poder contratar por los l¨ªmites a la reposici¨®n de personal. Los potenciales beneficiarios tendr¨¢n que hacer la solicitud y presentar la documentaci¨®n que justifique la ayuda. Y, finalmente, se tendr¨¢ que conceder tras comprobarlo con Hacienda. Es decir, el dinero puede llegar a las autonom¨ªas en unos 40 d¨ªas, pero tardar¨¢ m¨¢s en llegar a las empresas.

Quejas de las comunidades

Incluso cuando se haya llegado a ese punto, muchas empresas podr¨ªan quedar fuera debido a unos criterios muy restrictivos: pueden quedarse sin ayudas por tener una ca¨ªda menor del 30% de su facturaci¨®n, por no haber tenido un resultado neto positivo en 2019 o por no estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social. Cuando una empresa est¨¢ en dificultades con ca¨ªdas de ventas superiores al 30%, primero se retrasan las facturas a los proveedores, y el siguiente paso es dejar de abonar sus deudas con el Estado. Ahora bien, este ¨²ltimo problema podr¨ªa salvarse quiz¨¢s con los aplazamientos, explican fuentes de la Administraci¨®n.

¡°El Gobierno ha vuelto a dejar una patata caliente a las comunidades. Traspasan una cantidad inmensa de gesti¨®n sin ninguna consulta y sin modificar la ley de subvenciones, que incorpora muchas obligaciones. Entre ellas la comprobaci¨®n del cumplimiento del objeto de la ayuda¡±, se queja un alto cargo de una autonom¨ªa. Y este inmenso reto se mezcla con la gesti¨®n de los fondos europeos y con las elecciones en Madrid, que suelen ralentizar cualquier tramitaci¨®n.

De hecho, la aprobaci¨®n de las ayudas se ha retrasado por este debate: algunos ministros quer¨ªan que la Agencia Tributaria tomase las riendas y se ocupase al completo de las ayudas directas. Reclamaban que este organismo se echase la responsabilidad encima, igual que el SEPE o la Seguridad Social se han visto al l¨ªmite de sus capacidades. Sin embargo, Hacienda ha defendido a capa y espada que no era el momento de saturar a la Agencia Tributaria en plena campa?a de renta. Y ese punto de vista se ha impuesto.

Esto significa que probablemente se tengan que conceder las ayudas sin haber realizado las comprobaciones. Tambi¨¦n se tendr¨¢ que certificar que la empresa sigue activa el 30 de junio de 2022 y, en caso contrario, recuperar el dinero. A partir de ah¨ª, las comunidades contar¨¢n con muy poco plazo para controlar millones de facturas. Ya en el primer trimestre de 2022 las autonom¨ªas tendr¨¢n que rendir cuentas remitiendo toda la documentaci¨®n. Si no se ha conseguido examinar, Hacienda podr¨¢ reclamar el dinero.

M¨¢s deuda p¨²blica

El plan de ayudas se financiar¨¢ con cargo a deuda p¨²blica. Y no deja a un lado la batalla del relato: las comunidades no podr¨¢n apropiarse del m¨¦rito de los fondos dado que, como recoge el decreto, deber¨¢n mencionar ¡°en todas las actuaciones y soportes que utilicen¡± el origen de los fondos que las financian, esto es, deben se?alar que el dinero proviene del Gobierno de Espa?a.

95 actividades dependen de estas ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros, que incluyen un amplio abanico de profesiones y empresas, desde fabricantes de helados, panader¨ªas y taxistas a casas de apuestas, campings o gimnasios.

El decreto delimita el radio de acci¨®n: deben aplicarlas para reducir deuda, pagar a proveedores y cubrir costes fijos. Y se?ala el orden a seguir: primero pagar a los proveedores por orden de antig¨¹edad y luego el nominal de la deuda bancaria si la hubiera, priorizando siempre las deudas que est¨¦n avaladas por el Estado.

En los aut¨®nomos que no tributen en m¨®dulos y las pymes con hasta 10 trabajadores, la ayuda m¨¢xima ser¨¢ del 40% de todo aquello que supere el primer 30% de ca¨ªda de facturaci¨®n. Para el resto ser¨¢ del 20% de lo que sobrepase el 30% de disminuci¨®n de ingresos. En todo caso, habr¨¢ un m¨ªnimo fijo de 4.000 euros. Y para los aut¨®nomos en m¨®dulos ser¨¢ una cantidad fija de 3.000 euros.

Las compa?¨ªas que facturen m¨¢s de 10 millones y operen en varias comunidades podr¨¢n reclamar la ayuda en todas ellas, y no solo en la que tengan su sede.