Propiedad intelectual compartida contra la covid

Los gobiernos de Sud¨¢frica, la India y muchos otros pa¨ªses en desarrollo est¨¢n pidiendo una liberaci¨®n de derechos de propiedad intelectual (incluidas patentes de vacunas) para acelerar la producci¨®n mundial de suministros contra la covid?19. Tienen toda la raz¨®n. Las propiedades intelectuales relacionadas con la lucha contra la pandemia deben liberarse y, de hecho, compartirse activamente entre cient¨ªficos, empresas y naciones.

La industria farmac¨¦utica y los gobiernos de varios pa¨ªses productores de vacunas (incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y la Comisi¨®n Europea) se han opuesto a la liberaci¨®n de patentes [este art¨ªculo se escribi¨® d¨ªas antes de que Estados Unidos decidiera apoyar la liberalizaci¨®n de las patentes de las vacunas contra la covid], pero 150 dirigentes p¨²blicos y expertos enviaron una carta abierta al presidente estadounidense Joe Biden en apoyo de la iniciativa. Ya no hay duda respecto a qui¨¦n tiene raz¨®n. En vista del aumento de contagios de covid?19 en varias regiones (el caso m¨¢s reciente es la India), la aparici¨®n continua de nuevas variantes letales del virus y la incapacidad de los fabricantes actuales para satisfacer la demanda global de vacunas, suspender la aplicaci¨®n de los derechos de propiedad intelectual, o una medida equivalente, es una necesidad urgente desde el punto de vista pr¨¢ctico; y tambi¨¦n es un imperativo moral.

Como regla general, la propiedad intelectual no deber¨ªa ser obst¨¢culo contra aumentos de producci¨®n que ayuden a luchar contra la covid?19 o cualquier otra emergencia de salud p¨²blica. Necesitamos que m¨¢s pa¨ªses produzcan vacunas, kits de diagn¨®stico y otros materiales necesarios. Cualquier demora relacionada con la propiedad intelectual puede implicar millones de muertes adicionales por covid?19 y exponer a toda la poblaci¨®n mundial a m¨¢s mutaciones virales, con posibilidad de que se contagien personas que ya han sido vacunadas.

Pero aun as¨ª, nos encontramos con que las necesidades urgentes del mundo se enfrentan a estrechos intereses corporativos de unas pocas empresas farmac¨¦uticas en Estados Unidos y Europa, que incluso est¨¢n tratando de convertir su oposici¨®n a la liberaci¨®n de patentes en una cuesti¨®n geopol¨ªtica, con el argumento de que hay que evitar que China y Rusia adquieran los conocimientos necesarios para producir vacunas basadas en ARNm. Este argumento es inmoral, y de hecho puede ser homicida. Si esa oposici¨®n frena la producci¨®n de vacunas eficaces en China y Rusia, pondr¨¢ en riesgo directo a todas las personas en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

Incluso en las mejores circunstancias, la propiedad intelectual implica un equilibrio entre costes y beneficios. Las patentes dan un incentivo a la innovaci¨®n, pero al precio de conceder 20 a?os de poder monopol¨ªstico a sus titulares. De modo que hay que sopesar los beneficios de la innovaci¨®n contra el coste del poder monopol¨ªstico que limita la oferta. En una pandemia mortal, la elecci¨®n es clara: hay que liberar las patentes para aumentar el suministro de productos vitales que permitan poner fin a la pandemia.

El derecho internacional pertinente, codificado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ya reconoce que a veces es necesario y leg¨ªtimo que los gobiernos anulen la propiedad intelectual apelando a licencias obligatorias para hacer frente a emergencias de salud p¨²blica. Dichas licencias permiten a empresas locales usar propiedades intelectuales patentadas. El derecho a la licencia obligatoria para proteger la salud p¨²blica se acord¨® en 2001 como parte del AADPIC en el caso de la producci¨®n para uso local, y en 2005 se ampli¨® a la producci¨®n para exportaci¨®n a pa¨ªses que carezcan de capacidad de producci¨®n propia.

Brasil, China, la India, Rusia y Sud¨¢frica pueden desarrollar capacidad para aumentar el suministro global de vacunas contra la covid?19. Pero no quieren apelar a la licencia obligatoria por temor a represalias del Gobierno de Estados Unidos o de otros pa¨ªses en los que haya titulares de patentes. La liberaci¨®n general de patentes vencer¨¢ el temor de los pa¨ªses a invocar la licencia obligatoria por separado y resolver¨¢ otros obst¨¢culos burocr¨¢ticos importantes que afectan el uso de esas licencias. Tambi¨¦n puede ayudar para otras tecnolog¨ªas adem¨¢s de las vacunas (solventes y reactivos, frascos, kits de diagn¨®stico, etc¨¦tera).

La liberaci¨®n de patentes se puede dise?ar de forma cuidadosa y selectiva. Los titulares deben recibir una compensaci¨®n razonable por el uso exitoso de las patentes, y la aplicaci¨®n deber¨ªa limitarse a la lucha contra la covid, sin extensi¨®n autom¨¢tica a otros usos. Adem¨¢s, la suspensi¨®n de patentes debe ser temporal, digamos, por cinco a?os.

La industria farmac¨¦utica sostiene que la suspensi¨®n la despojar¨¢ de ganancias leg¨ªtimas y de incentivos financieros para el desarrollo futuro de medicamentos. Pero estas afirmaciones son muy exageradas y obedecen m¨¢s a la codicia que a la raz¨®n. Las patentes en posesi¨®n de Moderna, BioNTech?Pfizer y otras empresas no son resultado ante todo de innovaciones propias, sino m¨¢s bien de investigaciones acad¨¦micas financiadas por el Gobierno de Estados Unidos, en particular, a trav¨¦s de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Las empresas privadas reclaman derecho exclusivo a patentes que son resultado en gran medida de la financiaci¨®n p¨²blica y de la investigaci¨®n acad¨¦mica.

Dinero p¨²blico

Algunos de los avances cient¨ªficos m¨¢s importantes en relaci¨®n con las vacunas de ARNm son fruto de investigaciones realizadas con subvenciones de los NIH en los noventa y a principios de 2000 por una bioqu¨ªmica y un inmun¨®logo de la Universidad de Pensilvania, y sus descubrimientos fueron posibles gracias a una red de investigadores acad¨¦micos tambi¨¦n financiada por los NIH. La Universidad de Pensilvania todav¨ªa es titular de patentes clave de las que dio licencia a BioNTech y Moderna. Desde la aparici¨®n de la covid-19, el Gobierno de Estados Unidos provey¨® al menos 955 millones de d¨®lares a Moderna para acelerar ensayos cl¨ªnicos y otros procesos, y adem¨¢s suscribi¨® con BioNTech?Pfizer un contrato de compra anticipada. En total, el Gobierno de Estados Unidos aport¨® m¨¢s de 10.000 millones de d¨®lares al desarrollo acelerado de vacunas contra la covid.

Las empresas aportaron inversores privados para crear capacidad de fabricaci¨®n y sostener las ¨²ltimas etapas de investigaci¨®n y desarrollo y los ensayos cl¨ªnicos necesarios para completar la creaci¨®n de las vacunas. Es una participaci¨®n importante para la cual los inversores privados arriesgaron sumas sustanciales. Pero tuvieron al hacerlo la colaboraci¨®n indispensable del Gobierno de Estados Unidos.

Los inversores privados van a tener grandes ganancias, as¨ª que deber¨ªan contener la codicia (o alguien deber¨ªa contenerla por ellos) y reconocer que en esta etapa es necesario compartir las patentes con todo el mundo. La capitalizaci¨®n actual de Moderna ronda los 73.400 millones de d¨®lares, una cifra enorme en comparaci¨®n con los 1.100 millones de d¨®lares que recaud¨® la salida a Bolsa de la empresa en 2018.

Los beneficios de las vacunas de ARNm y otras propiedades intelectuales deben ponerse ya mismo a disposici¨®n de todo el mundo, y los conocimientos pr¨¢cticos relacionados deben compartirse tan r¨¢pido y tan ampliamente como sea posible. Podemos acelerar la inmunizaci¨®n en todo el mundo para salvar vidas, evitar la aparici¨®n de nuevas variantes y poner fin a la pandemia. La propiedad intelectual debe estar al servicio del bien mundial, no la humanidad al servicio de los intereses de unas pocas empresas privadas.

Jeffrey D. Sachs es profesor de la Universidad de Columbia y director de su Centro de Desarrollo Sostenible. Tambi¨¦n es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ? Project Syndicate 1995¨C2021. Traducci¨®n de Esteban Flamini.