El exorbitante poder de los ¡®lobbies¡¯ en Espa?a
Es necesario fortalecer la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia para asegurar unas relaciones menos desiguales entre las grandes compa?¨ªas y los ciudadanos
Una de las sensaciones de mayor malestar de los ciudadanos es la constataci¨®n de su impotencia ante el descomunal poder de las grandes corporaciones econ¨®micas. Esta percepci¨®n es especialmente acentuada en sus relaciones con los bancos, el¨¦ctricas, aseguradoras, distribuidoras de agua y otras entidades de las que los ciudadanos dependen para la obtenci¨®n de servicios b¨¢sicos. ...
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Una de las sensaciones de mayor malestar de los ciudadanos es la constataci¨®n de su impotencia ante el descomunal poder de las grandes corporaciones econ¨®micas. Esta percepci¨®n es especialmente acentuada en sus relaciones con los bancos, el¨¦ctricas, aseguradoras, distribuidoras de agua y otras entidades de las que los ciudadanos dependen para la obtenci¨®n de servicios b¨¢sicos. La sensaci¨®n de indefensi¨®n ante eventos como una subida de tarifas o la aplicaci¨®n de nuevas comisiones bancarias est¨¢ cada vez m¨¢s generalizada.
Un reflejo de esta situaci¨®n es la abrumadora cifra de reclamaciones que han recibido las entidades financieras por parte de sus clientes, que superan los cuatro millones durante la ¨²ltima d¨¦cada, la mayor¨ªa de las cuales no han sido estimadas.
Los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales de manera masiva. Debido a la avalancha de demandas por proliferaci¨®n de disposiciones abusivas en los contratos para la adquisici¨®n de viviendas (cl¨¢usulas suelo, gastos o ejecuciones hipotecarias) se crearon unos juzgados especiales en 2017, que est¨¢n colapsados tras recibir m¨¢s de 600.000 demandas. Los jueces fallan a favor de los demandantes en un 97% de los casos, bas¨¢ndose sobre todo en el derecho europeo. Sin embargo, casi 250.000 asuntos est¨¢n pendientes de resoluci¨®n y algunos casos tienen fecha de juicio para dentro de tres a?os. El Gobierno acaba de prorrogar la actividad de estos juzgados hasta finales de a?o.
Esta elevada litigiosidad tiene un elevado coste de reputaci¨®n para la banca. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de Espa?a, record¨® recientemente en el Colegio de Abogados de M¨¢laga que la confianza de los espa?oles en el sector era la segunda m¨¢s baja del mundo, despu¨¦s de Irlanda. Delgado destac¨® que el riesgo de conducta de las entidades ¡°tiene su efecto directo en el ratio de solvencia¡± de las entidades. Esto explica que la banca espa?ola sea la menos solvente de Europa, seg¨²n el Banco Central Europeo.
Las decisiones judiciales son especialmente relevantes porque se producen a pesar de las dificultades del proceso, que se ha convertido en ¡°un arma de disuasi¨®n¡±, como ha se?alado el magistrado Edmundo Rodr¨ªguez Ach¨²tegui, en Corporaciones versus consumidores: el proceso como disuasi¨®n, en la revista Jueces para la Democracia, informaci¨®n y debate. El magistrado sostiene que ¡°la mayor¨ªa de quienes tienen derecho a reclamar no lo hacen, disuadidos por el coste econ¨®mico y emocional que supone todo el proceso¡±.
La cuesti¨®n de fondo que desvela Rodr¨ªguez Ach¨²tegui es la enorme capacidad de las grandes corporaciones para influir en el legislador para imponer sus intereses. Califica de ¡°vergonzosos ejemplos de sumisi¨®n al inter¨¦s privado de los intereses generales¡± la Ley 1/2013 ¡°pomposamente llamada ¡®de medidas para reforzar la protecci¨®n a los deudores hipotecarios, reestructuraci¨®n de deuda y alquiler social¡¯ o el Real Decreto ley 1/ 2017, de 20 de enero, ¡®de medidas urgentes de protecci¨®n de consumidores en materia de cl¨¢usulas suelo¡±. Para el magistrado ¡°un legislador que dicta disposiciones generales sistem¨¢ticamente contrarias a las normas nacionales y europeas, como demuestran las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea que hasta en tres ocasiones declararon contrarias al acervo de la UE la Ley 1/2013, no lo hace sin un motivo, y este es, seguramente, la clara influencia de los lobbies empresariales¡±.
A la conocida deficiencia de la protecci¨®n del derecho a la vivienda se suma la falta de regulaci¨®n de los grupos de inter¨¦s en Espa?a, que act¨²an con toda impunidad en defensa de los intereses de las grandes corporaciones.
La exhibici¨®n de un poder exorbitante por parte de ciertos sectores como el financiero ha quedado patente estos d¨ªas por su reacci¨®n airada a las actuaciones regladas de los supervisores como la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una instituci¨®n m¨¢s necesaria que nunca que hay que fortalecer para que pueda asegurar unas relaciones menos desiguales entre las grandes compa?¨ªas y los ciudadanos.