Deontolog¨ªa burocr¨¢tica pospand¨¦mica

La Administraci¨®n es el brazo ejecutor del, cada vez, m¨¢s ambicioso cat¨¢logo de pol¨ªticas y servicios p¨²blicos, con que el que se intenta dar respuesta a las expansivas demandas sociales, que, adem¨¢s, han crecido de forma exponencial con la pandemia. Como si de la propia curva de contagios se tratase.

Encomendamos a nuestra burocracia la gesti¨®n del tratamiento de los enfermos, mientras, a la vez, organiza la log¨ªstica de la mayor operaci¨®n de vacunaci¨®n conocida. O, en el ¨¢mbito socioecon¨®mico, debe gastar r¨¢pida y eficientemente, para reactivar nuestra econom¨ªa, en rehabilitaci¨®n tras el coma que previamente tuvo que inducirle en pos del obligado distanciamiento social, pero, sobre todo, para ese ilusionante objetivo de contribuir a su transformaci¨®n, a ser posible, antes de 2050.

Ante este escenario, la pregunta es obligada, ?est¨¢ preparada nuestra burocracia para este reto? Existen motivos objetivos para la zozobra. Como, por ejemplo, que a d¨ªa de hoy somos el pa¨ªs con menor porcentaje de ejecuci¨®n de los Fondos Europeos de Cohesi¨®n del Marco 2014-2020. Seg¨²n el ?ndice Europeo de Calidad de Gobierno, recientemente actualizado nuestras regiones, salvo excepciones cant¨¢bricas, solo estar¨ªan por delante de las de Grecia, el sur de Italia y este de Europa. O, para el Banco Mundial, la dificultad burocr¨¢tica de abrir un negocio en Espa?a es superior a la de Colombia o Gab¨®n. De hecho, ocupamos el nada honroso puesto 97. M¨¢s halag¨¹e?o es el an¨¢lisis del Foro Econ¨®mico Mundial, que nos otorga el puesto 28 en calidad institucional, dentro de su ?ndice de Competitividad Global.

Por todo ello, la reforma de nuestra Administraci¨®n se torna en cuasi condici¨®n necesaria previa para otras enso?adas revoluciones, como la verde o la digital. Sin la primera, las segundas corren el riesgo de convertirse en fallidas intentonas golpistas.

Necesitamos una burocracia de deontolog¨ªa m¨¢s consecuencialista, para lo que podr¨ªan ser ¨²tiles las siguientes pautas no excluyentes:

1. Naturalismo normativo: la exigencia y complejidad del marco normativo econ¨®mico debe venir definida, adem¨¢s de por los principios de necesidad y proporcionalidad, por la capacidad real de cada administraci¨®n. Una sobre regulaci¨®n del primero, por encima de la eficacia de la segunda, asfixiar¨¢ la actividad econ¨®mica, atascando, sine die, expedientes y procedimientos y ahuyentando las inversiones hacia otros territorios. Ante este dilema, la administraci¨®n debe transitar hacia la regulaci¨®n b¨¢sica, renunciando a exuberancias normativas, por bienintencionadas que fuesen.

2. Reingenier¨ªa de procesos administrativos: los procedimientos administrativos deben estar sometidos a una continua revisi¨®n simplificadora por los funcionarios que los tramitan, contando con asesoramiento experto. Ning¨²n centro administrativo debe puede eximirse de esta labor, menos a¨²n los que soportan el mayor peso tramitador, como medio ambiente o urbanismo. En caso contrario, se corre el riesgo de generar un embudo burocr¨¢tico, en el que el cuello lo definen los mecanismos de intervenci¨®n generalistas que se excluyan de la simplificaci¨®n.

3. Tras simplificar, digitalizar: los administrados deben disfrutar del mismo nivel de trazabilidad digital en sus relaciones con la Administraci¨®n, que en sus compras online. Pero esa digitalizaci¨®n debe hacerse de forma ordenada, con est¨¢ndares y protocolos comunes europeos, que permitan el uso compartido de los datos en tiempo real entre administraciones. Materia prima necesaria para una mayor inteligencia de gobierno y una efectiva cultura de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas.

4. Gobierno inteligente: con la digitalizaci¨®n, la inteligencia artificial y la robotizaci¨®n en la resoluci¨®n de los procedimientos nos deben llevar a una administraci¨®n m¨¢s objetiva, basada en criterios cuantitativos y, por tanto, menos discrecional. La discrecionalidad, en el escenario m¨¢s favorable, dilata los plazos administrativos e incrementa la incertidumbre, cuando el resultado del tr¨¢mite depende sensiblemente de la interpretaci¨®n del funcionario asignado.

5. Fast track: una verdadera Administraci¨®n 2.0 debe ser neutral, es decir, debe ofrecer la m¨¢xima velocidad de tramitaci¨®n a cualquier operador econ¨®mico, independientemente de su tama?o. Pero, en su versi¨®n 1.0, la actual, grandes proyectos inversores, que est¨¦n sujetos a estrictos calendarios que comprometan su viabilidad (como los financiados por el Next GenerationEU o las inversiones derivadas del Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima), deben contar con mecanismos de aceleraci¨®n administrativa propios, como, por ejemplo, las Declaraciones de Inversiones de Inter¨¦s Estrat¨¦gico o Auton¨®mico.

6. Menos apriorismos: la autorizaci¨®n, que frecuentemente se demora en el tiempo, no garantiza evitar futuros resultados indeseados. La Administraci¨®n debe promover la declaraci¨®n responsable como un signo de madurez en sus relaciones con los administrados, a la vez que aumenta su capacidad vigilante inspectora sobre cualquier posible externalidad negativa.

A estos elementos se podr¨ªan sumar otros, como promover una instituci¨®n funcionarial m¨¢s abierta y socialmente inclusiva, con instrumentos financieros equivalentes a los de formaci¨®n del personal investigador. A la vez que se mejora el dise?o del sistema de incentivos y retribuciones variables, que abandone el mito stajanovista de la auto motivaci¨®n a largo plazo, troppo bello per essere vero. Todo ello sin olvidarse, de potenciar una mayor cooperaci¨®n entre administraciones, aprovechando la experiencia acumulada en estos semestres pand¨¦micos.

La tarea es abrumadora. Pero, frente a otras grandes reformas procrastinadas (laboral, financiaci¨®n auton¨®mica o pensiones), la de la Administraci¨®n est¨¢ m¨¢s alejada de la primera l¨ªnea de conflicto pol¨ªtico, lo que aumenta la probabilidad de conseguir acuerdos parlamentarios transversales. Adem¨¢s, varias de estas propuestas, cuentan con el nihil obstat de Bruselas, siendo elegibles para su financiaci¨®n con fondos europeos.

Una Administraci¨®n actualizada, m¨¢s proactiva, eficiente y respetuosa con sus plazos, antit¨¦tica de la del ¡°vuelva usted ma?ana¡±, contribuir¨ªa a alumbrar un verdadero cambio social, robusteciendo los lazos entre la ciudadan¨ªa y sus instituciones.

Jos¨¦ Ignacio Castillo Manzano es secretario general de Econom¨ªa de la Junta de Andaluc¨ªa y catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Universidad de Sevilla.