Las el¨¦ctricas lanzan una ofensiva contra el recorte en la retribuci¨®n y se plantean acudir a la v¨ªa judicial

Las compa?¨ªas el¨¦ctricas se preparan para responder al plan de choque del Gobierno, que consideran injusto. A su juicio, ¡°las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jur¨ªdica¡±. En ese sentido, la Asociaci¨®n de Empresas de Energ¨ªa El¨¦ctrica (Aelec), que re¨²ne a Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, ha emitido un comunicado en el que manifiesta un ¡°contundente rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las compa?¨ªas el¨¦ctricas¡±. Fuentes empresariales han a?adido que estudiar¨¢n el real decreto-ley con detalle para decidir si hay justificaci¨®n para acudir a la v¨ªa judicial. A su vez, El Foro Nuclear, entidad en la que tambi¨¦n figuran las grandes el¨¦ctricas, ha anunciado que si se aprueba el proyecto de ley sobre la retribuci¨®n del CO? del mercado el¨¦ctrico que retira los llamados beneficios ca¨ªdos del cielo que reciben las empresas por no emitir di¨®xido de carbono, ¡°ser¨ªa imposible la continuidad de las centrales nucleares espa?olas¡±.

A falta de entrar en la letra peque?a del real decreto-ley, la asociaci¨®n el¨¦ctrica subraya que el recorte a los ingresos de la generaci¨®n hidr¨¢ulica y nuclear recogidos en la minoraci¨®n de los llamados ¡°beneficios extraordinarios¡±, ¡°es una medida injusta y desacertada¡± que est¨¢ basada en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas. ¡°Tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situaci¨®n ni se est¨¢ beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en Bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021¡å, a?ade.

Las empresas recuerdan que tienen vendida a plazo el 100% de su producci¨®n de base (hidr¨¢ulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses a unos precios muy inferiores a los del mercado spot (en el que se compra o vende con entrega inmediata y al precio actual de mercado). Con estas ventas a plazo se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes en mercado libre. Con las medidas se va a imponer una reducci¨®n de ingresos de unos 65 euros megavatio hora, que se suman a la minoraci¨®n de los ingresos derivados de la subida de precios del CO? (en fase de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 euros megavatio hora. ¡°Como se puede comprobar, ni las empresas el¨¦ctricas se est¨¢n beneficiando de los precios actuales del pool, ni los ingresos cerrados por las tecnolog¨ªas hidr¨¢ulica, nuclear y otras renovables permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este real decreto-ley y por el proyecto de ley de minoraci¨®n de CO?¡å, inciden.

Seg¨²n las empresas, este incremento no hace sino encarecer el coste de suministrar a sus clientes con los que tiene compromisos de venta por un volumen de energ¨ªa superior a la producci¨®n propia y, en gran medida, con precios fijos. A este respecto, hay que recordar las ofertas comerciales dirigidas a clientes dom¨¦sticos, que ofrecen precios fijos durante plazos de hasta varios a?os, blindando a estos clientes de la volatilidad del pool y logrando un recibo de la luz estable.

Respecto a la obligaci¨®n de subastar energ¨ªa, tambi¨¦n recogido en el anunciado real decreto-ley, ya se introdujo en 2007 y el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios. ¡°Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma¡±, indica la asociaci¨®n.

Aelec insta al Gobierno a buscar ¡°soluciones verdaderamente eficaces que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificaci¨®n y descarbonizaci¨®n de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, as¨ª como la protecci¨®n de los colectivos vulnerables¡±. Seg¨²n la asociaci¨®n, el sector el¨¦ctrico est¨¢ asumiendo grandes esfuerzos econ¨®micos, tanto por la v¨ªa de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones este a?o, que considera fundamentales para asegurar el suministro de calidad incluso en los escenarios m¨¢s adversos.

¡°La soluci¨®n pasa por una reforma de la tarifa regulada que evite ¡ªcomo sucede en pa¨ªses europeos de nuestro entorno¡ª el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado¡±, sentencia. Y, en otro ¨¢mbito de actuaci¨®n para reducir el precio de la luz, proponen ¡°limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producci¨®n el¨¦ctrica y su transporte y distribuci¨®n, y acometer una reforma fiscal que alivie la presi¨®n sobre el recibo de la luz con altos impuestos¡±.

Cese de actividad nuclear

Por su parte, el Foro Nuclear, manifiesta que el proyecto de ley sobre el CO? que est¨¢ en tr¨¢mite parlamentario, ¡°no debe aplicarse¡± sobre esta energ¨ªa¡±. A su juicio, ¡°unido a la excesiva presi¨®n fiscal actual abocar¨ªa al cese de la actividad de todo el parque nuclear¡±. Por otra parte, tambi¨¦n se?ala que ¡°el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, aun siendo de aplicaci¨®n temporal, ahonda a¨²n m¨¢s en la penalizaci¨®n a la generaci¨®n el¨¦ctrica de origen nuclear¡±. Seg¨²n el lobby, ¡°el precio de venta real de la generaci¨®n el¨¦ctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO? no deber¨ªa ser inferior a 57-60 euros megavatio hora con el nivel impositivo actual¡±, apunta. Al respecto a?ade: ¡°De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovaci¨®n de las autorizaciones de explotaci¨®n de nuestras centrales¡±, subraya, y a?ade que si la ley entra en vigor ¡°no deber¨ªa aplicarse de forma retroactiva en ning¨²n caso¡±.

Las empresas propietarias de las nucleares no pueden decidir unilateralmente el cierre de las plantas, tienen que pedir el cese de la actividad al ministerio que, previo informe del operador del sistema, Red El¨¦ctrica, decidir¨¢. El art¨ªculo 53.5 de la Ley del Sector El¨¦ctrico establece que el cierre definitivo de instalaciones de generaci¨®n requerir¨¢ el informe del operador del sistema en el que se consignar¨¢n las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deber¨¢ pronunciar motivadamente si este resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Si el ministerio decide rechazar el cierre, las el¨¦ctricas pueden acudir a los tribunales a pedir un justiprecio por operar un servicio p¨²blico.

Las centrales nucleares operan con permisos para varios a?os (normalmente se conceden para una d¨¦cada) y deben cumplir esos calendarios. Si no, pueden ser sancionadas. Como les ocurri¨® a los propietarios de la central de Garo?a, que fue multada con casi 19 millones de euros por parar su actividad en diciembre de 2012, seis meses antes de lo que fijaba su autorizaci¨®n.

El proyecto de ley tiene como finalidad minorar el precio del CO? de la retribuci¨®n de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Uni¨®n Europea del mercado de derechos de emisi¨®n de di¨®xido de carbono. La medida tambi¨¦n afecta a las centrales hidr¨¢ulicas y a las primeras renovables que se pudieron en marcha antes de dicha fecha.

El Foro Nuclear recuerda que las centrales espa?olas funcionan con autorizaciones de explotaci¨®n que se renuevan peri¨®dicamente y que las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. ¡°Por tanto, en el momento de la solicitud y para llevar a cabo las decisiones de inversi¨®n necesarias¡±, precisa, ¡°se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignaci¨®n de derechos de emisi¨®n de la UE y el precio del CO? del mercado internacional. Con este proyecto de ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes¡±.

Para la entidad, ¡°la excesiva presi¨®n fiscal que soporta el parque nuclear espa?ol y el impacto del proyecto de ley del CO? en su redacci¨®n actual (conjuntamente pueden superar los 30 euros megavatio hora), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones hasta el cese de la operaci¨®n del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 euros megavatio hora desde 2024 y a la baja por la masiva entrada de energ¨ªas renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero) le conducir¨ªan a su inviabilidad econ¨®mico-financiera y le abocar¨ªan al cese anticipado de la actividad¡±.

En Espa?a operan siete grupos nucleares (Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandell¨®s 2 y Asc¨® 1 y 2), cuya propiedad se reparten entre Endesa e Iberdrola, principalmente, y en menor medida Naturgy y EDP. Su producci¨®n ronda el 20% del parque energ¨¦tico nacional y su cierre est¨¢ previsto entre 2027 y 2035 tras haberlo acordado el Gobierno con las entidades.

Fuentes ministeriales destacan, al respecto, que la minoraci¨®n de CO? tiene un suelo de 20 euros por tonelada, que coincide con el precio que hab¨ªa cuando las el¨¦ctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019. Por lo tanto, apuntan, no supone ninguna detracci¨®n de los ingresos que recib¨ªan cuando lo firmaron. ¡°Es m¨¢s, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO? al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el di¨®xido de carbono est¨¦ por encima de esos 20 euros por tonelada¡±, afirman.

Asimismo, manifiestan que el proyecto de ley se ha tramitado con todas las garant¨ªas y ha recibido el informe positivo de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado, y es conforme a derecho nacional y europeo. Adem¨¢s, el sistema coincide con un mecanismo que el Tribunal de Justicia de la UE ya aval¨®.