El problem¨¢tico paso del brazo privado del BID en Am¨¦rica Latina

Contaminaci¨®n, violaciones a los derechos humanos, divisiones sociales y violencia contra las personas que defienden su territorio o recursos naturales son algunas quejas que habitantes han presentado en contra de cuatro proyectos financiados por el BID Invest, brazo privado del multilateral Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Ahora, por primera vez en su historia, la oficina de rendici¨®n de cuentas abre la puerta al banco para ¡°salir responsablemente¡± de dos proyectos, retirando la inversi¨®n.

As¨ª es como el BID se une al Banco Mundial (BM) y la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas para la Alimentaci¨®n y la Agricultura, conocida como FAO (en su sigla en ingl¨¦s), en la lista de multilaterales que tienen quejas por financiamientos en Latinoam¨¦rica. En una parte del mundo hambiento por inversi¨®n que impulse el crecimiento econ¨®mico, el BID y su filial privada son los m¨¢s grandes financiadores de proyectos de desarrollo en energ¨ªa. De acuerdo con un estimado, el BID ha otorgado pr¨¦stamos de unos 10.000 millones de d¨®lares al a?o, en promedio, mientras que BID Invest ha sumado poco m¨¢s de 2.000 millones de d¨®lares por a?o desde 2012.

La posici¨®n de BID Invest en la regi¨®n es muy particular. A diferencia del Banco del Desarrollo de Am¨¦rica Latina (CAF), es privado. Pero, a diferencia de Goldman Sachs, por ejemplo, sus accionistas son los Estados. Lleva consigo, adem¨¢s, la marca BID, lo cual le da cierto prestigio y credibilidad. BID Invest trabaja directamente con empresas para financiar obras rentables, mientras que el BID trabaja con los Gobiernos en proyectos necesarios para el pa¨ªs. Para las empresas que logran un contrato con BID Invest es mucho m¨¢s f¨¢cil recaudar el resto del capital en los mercados o en cr¨¦ditos de la banca comercial con los que gozan de plazos m¨¢s largos para pagar su deuda.

En las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, el movimiento por los derechos de los grupos ind¨ªgenas y el medio ambiente ha ido ganando terreno, chocando de manera frontal con algunos de estos proyectos. ¡°Indudablemente este tema es cr¨ªtico¡±, dice Federico Poli, asesor de organizaciones multilaterales quien encabez¨® el BID en Argentina hasta 2020. ¡°Es el tema m¨¢s cr¨ªtico cuando pens¨¢s en una obra de infraestructura de este tipo¡±, dijo, refiri¨¦ndose a las hidroel¨¦ctricas, una de las tecnolog¨ªas que el banco favorece.

¡°Estamos en un momento en la historia en que cada vez m¨¢s la construcci¨®n de infraestructuras, la miner¨ªa y todo eso que tiene impacto sobre el medio ambiente, sobre las comunidades, ha generado resistencias y eso implica un esfuerzo de management y de coordinaci¨®n con las comunidades locales¡±, apunta Poli al tel¨¦fono desde Buenos Aires.

En Colombia, 477 personas presentaron una queja asegurando que el proyecto hidroel¨¦ctrico no cont¨® con una evaluaci¨®n de impacto ambiental, bloque¨® la participaci¨®n de las comunidades y el acceso a la informaci¨®n, se desarroll¨® en un contexto de violaciones a los derechos humanos y se us¨® de manera desproporcionada la fuerza en contra de quienes defendieron su territorio y agua. En Chile, la represa financiada por BID Invest afect¨® las actividades econ¨®micas de la comunidad y limit¨® el uso recreativo y de turismo de su r¨ªo, de acuerdo con los habitantes.

En Guatemala, pueblos mayas se organizaron para pedirle al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaci¨®n (MICI) del banco que recomendara el retiro de los 13 millones de d¨®lares invertidos en dos hidroel¨¦ctricas al norte del pa¨ªs. Los proyectos, aseguran estos grupos, generaron contaminaci¨®n, violencia e intimidaci¨®n cuando una empresa privada, que recibi¨® fondos del organismo internacional, comenz¨® la construcci¨®n. Durante las manifestaciones en contra se reportaron dos muertes, en incidentes separados, una de ellas de un l¨ªder activista en la comunidad.

El proyecto se detuvo a partir de la pandemia y su futuro es incierto. De acuerdo con un reporte en la prensa local guatemalteca, la empresa constructora acudi¨® el 15 de noviembre a una corte de arbitraje internacional para denunciar al Estado de Guatemala, alegando que el Gobierno no ha garantizado que la construcci¨®n de las represas se puede llevar a cabo.

BID Invest ha fallado al no consultar a la ciudadan¨ªa antes de empezar un proyecto, dice Rosa Pe?a, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la organizaci¨®n sin fines de lucro Asociaci¨®n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). A partir de las presiones sociales, dice, ¡°se han generado los espacios con la sociedad civil de escuchar, de invitar a di¨¢logos y hay recomendaciones que se han hecho, que se tienen en cuenta. No decimos que son completamente o¨ªdos sordos, pero los pasos son peque?os¡±. AIDA fue una de las organizaciones que apoy¨® a los grupos mayas en Guatemala y a las comunidades en Colombia a llevar su queja al MICI.

El caso de Guatemala puede sentar un precedente importante para Latinoam¨¦rica. En octubre, el MICI present¨® al directorio de BID Invest recomendaciones que incluyen la creaci¨®n de un plan de transici¨®n a seguir si el banco retira el financiamiento, algo in¨¦dito. BID Invest no ha anunciado su decisi¨®n y no ha respondido a peticiones de comentario hechas por EL PA?S. En el mismo sentido, el ofrecimiento que hizo una representante del banco a este diario para entrevistar James Scriven, Director General de BID Invest, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Clim¨¢tico, se vio frustrado cuando la entidad declin¨® la posibilidad de que el directivo respondiera preguntas sobre los conflictos del banco en la regi¨®n.

Por su parte, Poli asegura que, antes de dejar la direcci¨®n en Argentina, insisti¨® en cambiar el criterio con el que BID Invest financia proyectos. ¡°El BID Invest no es un banco privado como es JPMorgan o Morgan Stanley, por ejemplo, es una banca privada de desarrollo que tiene que responder a las necesidades de los pa¨ªses¡±, dice el economista. En los a?os en que ¨¦l trabaj¨® con el grupo, asegura, faltaba un mayor alineamiento de los proyectos que BID Invest financiaba respecto a las demandas y las necesidades de los pa¨ªses. Poli hizo p¨²blica esta cr¨ªtica en un estudio publicado en 2020.

¡°Lo que tendr¨ªa que empezar a financiar son proyectos energ¨¦ticos y de electricidad que respondan m¨¢s a las realidades latinoamericanas¡±, coincide Pe?a. ¡°Hay una reflexi¨®n que tambi¨¦n viene de muchos a?os atr¨¢s en AIDA que est¨¢ en evidenciar c¨®mo las hidroel¨¦ctricas a gran escala est¨¢n generando violaciones a derechos humanos, afectando el ambiente sano, pero por sobre todo, no son una soluci¨®n a la crisis clim¨¢tica¡±. Las inundaciones necesarias para hacer represas, por ejemplo, pudren ecosistemas enteros y, a veces, destruyen zonas que son fuente de seguridad alimentaria para las poblaciones, apunta la abogada.

En el debate sobre el actuar de las multilaterales, sus malas y mejores pr¨¢cticas, existe un argumento que sugiere que los conflictos sociales y ambientales generados por las inversiones surgen precisamente porque las organizaciones tienen oficinas independientes para recibir estas quejas. En esto, el BID no est¨¢ solo, ya que su oficina, el MICI, es muy similar al Servicio de Atenci¨®n de Reclamos (GRS por sus sigla en ingl¨¦s) del Banco Mundial.

¡°Hemos escuchado en muchos espacios abiertos que, pese a todas sus inconvenientes actuales y cosas que tienen que mejorar, el MICI es de los mecanismos m¨¢s fuertes que existen¡±, dice Pe?a. ¡°Pero hay tambi¨¦n una sensaci¨®n de que el enfoque est¨¢ muy pensado en c¨®mo generar este mecanismo de rendici¨®n de cuentas una vez las cosas ya han fallado¡±.

¡°El principal problema no es c¨®mo va a ser un mecanismo fuerte de rendici¨®n de cuentas, sino c¨®mo evitar que estos proyectos tengan que llegar a un mecanismo de rendici¨®n de cuentas. Y ah¨ª es donde falta mucha escucha¡±, a?ade Pe?a.

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