Pueblos mayas en Guatemala presionan al BID para que retire su inversi¨®n en dos hidroel¨¦ctricas

En el norte Guatemala, cerca de la frontera con M¨¦xico, campesinos de la regi¨®n de Ixquisis esperan ansiosos una carta de Washington. Espec¨ªficamente, del banco BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que han pedido que retire el financiamiento de 13 millones de d¨®lares para dos plantas hidroel¨¦ctricas. Habitantes de los pueblos mayas Chuj, Q¡¯anjob¡¯al, Akateko y Mam llevan a?os exigiendo que se ponga fin a la contaminaci¨®n, violencia e intimidaci¨®n que se desataron en sus comunidades desde que una empresa privada, que recibi¨® fondos del organismo internacional, comenzara la construcci¨®n.

¡°Ellos entraron al territorio ofreciendo proyectos de desarrollo, como construcci¨®n de escuelas, canchas deportivas, centros de salud, tambi¨¦n mejoramiento y mantenimiento de carreteras¡±, dice una mujer del pueblo Chuj, defensora del medio ambiente y los derechos humanos que desea permanecer an¨®nima por miedo a represalias. ¡±Pero despu¨¦s, no hubo nada de esos proyectos. Ellos empezaron a contratar a personas de las diferentes comunidades, a l¨ªderes, pag¨¢ndoles el doble de lo que gana una persona en la comunidad¡± para generar divisiones, asegura.

Las hidroel¨¦ctricas de San Mateo y San Andr¨¦s en Ixquisis son las ¨²ltimas dos inversiones del BID Invest que terminan en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaci¨®n (MICI), un despacho del Grupo BID que resuelve reclamos de las comunidades afectadas por cualquiera de las organizaciones que lo conforman (BID, BID Invest y BID Lab). El BID Invest financia proyectos de empresas con capital privado y debe seguir, en principio, est¨¢ndares y criterios de desarrollo y medio ambiente alineados con el BID, el cual financia proyectos p¨²blicos. Hay otras quejas similares en Chile y Colombia y ya son cuatro los casos de represas que han resultado tan conflictivos que el MICI tiene que intervenir. En Colombia el caso sigue abierto, mientras que en Chile el MICI dio la raz¨®n a los reclamantes.

En un correo, una vocera del BID Invest dijo que la instituci¨®n no puede comentar sobre las investigaciones en curso del MICI, ¡°para mantener su independencia y resguardar la integridad de su trabajo hasta que haya concluido¡±.

En Guatemala, los pueblos se organizaron y presentaron la queja en 2018, un a?o despu¨¦s de que uno de sus l¨ªderes comunitarios, Sebasti¨¢n Alonso Juan, fuera asesinado durante una protesta en contra de las represas. Sus compa?eros aseguran que el balazo que mat¨® a Juan vino de la seguridad del Estado, ya sea de la Polic¨ªa Nacional Civil o del ej¨¦rcito de Guatemala, los cuales, aseguran, llegaron a su territorio desde que la empresa empez¨® a trabajar ah¨ª en 2010. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos incluy¨® la muerte de Juan en un reporte sobre ¡°preocupantes¡± asesinatos a los defensores del medio ambiente en la regi¨®n.

¡°Cuando se ve la presencia del ej¨¦rcito y de la polic¨ªa en el territorio, es ah¨ª donde nosotros nos damos cuenta de que la empresa no est¨¢ trabajando legalmente, que pretenden hacer otros proyectos, destruyendo los recursos naturales, causando divisi¨®n entre las comunidades, causando conflictos entre familias¡±, dice la activista Chuj. Al poco tiempo, la constructora comenz¨® a perforar uno de los cerros m¨¢s grandes de Ixquisis, lo cual ha puesto en riesgo a las familias que viven en su falda. La empresa, cuyo nombre cambi¨® de Promoci¨®n y Desarrollos H¨ªdricos S.A. a Energ¨ªa y Renovaci¨®n S.A. en el transcurso del conflicto, tiene nula presencia oficial en redes y ni los pueblos afectados ni sus abogados saben qui¨¦nes son los due?os.

Desde que la empresa lleg¨® a Ixquisis, dice la activista, brotaron conflictos entre familias que no hab¨ªa antes. ¡°Nos ha afectado bastante¡±, dice la mujer. ¡°Antes hab¨ªa paz y armon¨ªa entre comunidades, nosotras pod¨ªamos ir a comprar nuestros productos a otras comunidades pero con la presencia de la empresa y la polic¨ªa, que est¨¢ cuidando a la empresa, no a la ciudadan¨ªa, cuando nosotros caminamos nos intimidan. No tenemos la confianza de trasladarnos de un lugar a otro¡±, agrega.

El r¨ªo que une a las comunidades campesinas se ha contaminado, lo cual ha impactado no solo a sus cultivos y ganados, sino a su higiene y a su convivencia y han sido las mujeres ind¨ªgenas quienes han liderado el movimiento en contra de las represas. ¡°Ahora existen las redes sociales,¡± cuenta la activista, ¡°pero para nosotras en las comunidades las redes sociales son el r¨ªo¡±. Las mujeres usan el agua desde el momento en que se despiertan para preparar los alimentos y durante todo el d¨ªa, cuando lavan ropa o se ba?an. En el r¨ªo sol¨ªan congregarse a platicar y los ni?os jugaban en sus orillas. ¡°Es decir que, el r¨ªo, para nosotros es algo muy sagrado. Nosotros no podemos comprar un r¨ªo, un r¨ªo no se aparece en cualquier lugar¡±, dice.

La empresa desconoci¨® una consulta que se hizo en la regi¨®n en 2009 en la que los habitantes decidieron que en su territorio no se permitir¨ªan proyectos de infraestructura. ¡°La consulta previa es un derecho reconocido a nivel nacional, no solo en el marco internacional¡±, explica la abogada de la Asociaci¨®n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Liliana ?vila. AIDA tom¨® el caso ante el MICI junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y con el Gobierno Plurinacional de la Naci¨®n Q¡¯anjob¡¯al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza.

El BID Invest aport¨® seis millones de d¨®lares para una hidroel¨¦ctrica y siete millones para la otra. Se espera que el MICI emita su recomendaci¨®n en las pr¨®ximas semanas. Si el BID Invest decidiera retirar el capital como lo piden las comunidades en Guatemala, las p¨¦rdidas ser¨ªan significativas, dice ?vila. ¡°Ah¨ª pierde la empresa y pierde el banco, y el BID Invest no solo perder¨ªa la inversi¨®n, pierde tambi¨¦n porque se muestra que incumpli¨® sus pol¨ªticas operativas¡±, dice al tel¨¦fono la abogada, ¡°que los marcos de actuaci¨®n a los que se compromete no los cumple¡±.

Lo que los pueblos, que conforman un grupo llamado Resistencia Pac¨ªfica de la Microrregi¨®n de Ixquisis, quieren tambi¨¦n es reparaci¨®n y la creaci¨®n de espacios de di¨¢logo, ya que han quedado muy divididos. ¡±Las comunidades se han vuelto a relacionar, se han unido y han hecho peque?os proyectos porque ya no est¨¢ la empresa¡±, dice la activista Chuj, refiri¨¦ndose a la pausa que ha habido en la construcci¨®n por la pandemia. ¡°Cuando llega la empresa fastidian nuevamente y todo vuelve a ser un problema¡±, agrega.

¡°Lo que deseamos con todo el coraz¨®n es que estas personas que est¨¢n enviando dinero a esta empresa para destruirnos, que Dios les toque la conciencia, que retiren el capital, que se aleje la empresa y que nos dejen vivir en paz como hac¨ªamos anteriormente¡±, dice la mujer. ¡°Queremos que se nos devuelva la tranquilidad, la armon¨ªa porque, para nosotros, la empresa es el problema¡±.

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