Los derechos de las personas en la vacunaci¨®n contra el Covid-19

Puede considerarse un ¨¦xito que en tan pocos meses se hayan podido desarrollar vacunas contra el Covid-19 y rodearlas con la etiqueta de seguridad, pero no debe olvidarse que el valor de la universalidad, contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, debiera presidir la lucha contra esta pandemia, incluyendo una justa distribuci¨®n de las vacunas.

Merece subrayarse por ello la petici¨®n a los gobiernos formulada por parte de la organizaci¨®n M¨¦dicos Sin Fronteras, para que se apoye una suspensi¨®n temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas, solicitando un acuerdo en el marco de la Organizaci¨®n Mundial del Comercio que favorezca una mayor producci¨®n y una m¨¢s r¨¢pida distribuci¨®n de aquellas.

En los pa¨ªses de la UE, entre otros, ya ha empezado la vacunaci¨®n frente a el Covid-19 con los primeros grupos de poblaci¨®n, personas vulnerables y profesionales sanitarios, con varios posibles debates encima de la mesa, entre otros:

- la posibilidad de que se cree un pasaporte vacunal/inmunitario

- la necesidad de garantizar la protecci¨®n de datos

- la necesidad de intensificar la coordinaci¨®n entre administraciones

La posible creaci¨®n de un nuevo pasaporte/certificado de estas caracter¨ªsticas deber¨ªa analizarse desde un punto de vista ¨¦tico y legal, ante posibles usos que pudieran originar discriminaci¨®n y violaci¨®n de derechos fundamentales. De entrada, un pasaporte vacunal no ser¨ªa lo mismo que un pasaporte inmunitario.

En principio, un pasaporte vacunal no parece necesario desde el momento en que la informaci¨®n referida a si una persona est¨¢ o no vacunada (decisi¨®n voluntaria por otra parte) ya figurar¨ªa en su historia cl¨ªnica, por cierto, ya digitalizada. En cualquier caso, no deber¨ªa ser motivo de posibles discriminaciones y, por ello, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) deber¨ªa analizar, previamente a su eventual puesta en marcha, un certificado de estas caracter¨ªsticas.

En cuanto a un pasaporte inmunitario, ser¨ªa prematuro en todo caso dada la insuficiente informaci¨®n disponible acerca de la inmunidad que proporcionan las vacunas. M¨¢s adelante -si se dispone de una base cient¨ªfica consolidada, contrastada y aprobada por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS)- se podr¨ªa estudiar, por expertos en bio¨¦tica y en protecci¨®n de datos, si la inmunidad puede certificarse garantizando el respeto a los derechos y libertades.

Por otro lado, estos asuntos deben examinarse de forma multilateral, pues no afectan solamente a la UE y sus normativas, sino al llamado Reglamento Sanitario Internacional que vincula a los miembros de la OMS que lo han firmado.

La AEPD debe desempe?ar un rol importante en lo que respecta a garantizar este derecho, en especial en aspectos tales como la finalidad de los tratamientos, la delimitaci¨®n del tipo de datos que puedan recogerse y de qui¨¦n tendr¨¢ acceso a los mismos, la duraci¨®n de su conservaci¨®n y los derechos de las personas, as¨ª como el seguimiento de todo el proceso. Todo ello deber¨ªa haber quedado revisado por la Agencia con anterioridad a la puesta en marcha de todo el proceso de vacunaci¨®n por parte del Gobierno, ya que deben garantizarse los derechos de las personas establecidos en el Reglamento General de Protecci¨®n de Datos 2016/679 de 27 de abril.

Entendiendo por tal, el que debe aprovecharse la lucha contra la crisis pand¨¦mica para profundizar en la colaboraci¨®n entre administraciones. Debe prestarse atenci¨®n, por ejemplo, a evitar disparidad de criterios en decisiones que pudieran afectar negativamente a una limitaci¨®n de derechos y libertades en los procedimientos que acompa?en la vacunaci¨®n.

En estas l¨ªneas se han apuntado algunos asuntos, como muestra de los que se podr¨ªan debatir, desde la convicci¨®n de que estamos viviendo momentos hist¨®ricos. Parece claro que el ¨¦xito deseado en el proceso de vacunaci¨®n tiene que influir de forma importante tambi¨¦n en la recuperaci¨®n econ¨®mica y social, pero cuid¨¦monos de que dicho proceso no se gestione a base de generar discriminaci¨®n, desigualdad, y exclusi¨®n social.

Consecuentemente, debe prestarse atenci¨®n a que cualquier toma de decisi¨®n que afecte a derechos y libertades de la persona sea adoptada en base a conclusiones cient¨ªficas consolidadas acerca de la inmunidad, con las garant¨ªas ¨¦ticas y legales que se precisen, con la ineludible coordinaci¨®n entre administraciones y con un plan de producci¨®n y distribuci¨®n vacunal ajustado al valor de la universalidad.

* Antoni Farriols Sol¨¢ es analista de la Fundaci¨®n Alternativas