El Gobierno podr¨¢ sortear los l¨ªmites de temporalidad de la reforma laboral para usar fondos europeos
Los contratos del sector p¨²blico podr¨¢n durar lo necesario para que se cumpla el plan de recuperaci¨®n
El Gobierno no aplicar¨¢ su propia reforma laboral cuando las administraciones y empresas p¨²blicas tengan que contratar personal para gastar los fondos europeos. Seg¨²n se recoge en la nueva legislaci¨®n que ha ...
El Gobierno no aplicar¨¢ su propia reforma laboral cuando las administraciones y empresas p¨²blicas tengan que contratar personal para gastar los fondos europeos. Seg¨²n se recoge en la nueva legislaci¨®n que ha pactado el Ejecutivo con los agentes sociales, las empresas solo podr¨¢n utilizar un trabajador temporal sin justificar causa durante 90 d¨ªas en un solo puesto al a?o, o durante seis meses, ampliables por convenio hasta un a?o, si se trata de atender aumentos imprevisibles de la demanda. El contrato por obra o servicio, que estaba ligado a una subcontrataci¨®n acotada en el tiempo y que se acababa cuando terminaba el proyecto, no se podr¨¢ utilizar. Sin embargo, toda esta normativa no se aplicar¨¢ a las administraciones y entidades p¨²blicas a la hora de ejecutar los eurofondos. Los contratos que firmen con los trabajadores podr¨¢n tener una duraci¨®n m¨¢s all¨¢ de los plazos aplicables al sector privado. En concreto, podr¨¢n durar todo lo que se necesite para cumplir con los objetivos marcados en el Plan de Recuperaci¨®n, que se financia con unos 70.000 millones en ayudas europeas no reembolsables. Estos recursos proceden del fondo europeo Next Generation EU y tienen de plazo para gastarse hasta 2026.
As¨ª se recoge en la disposici¨®n adicional quinta del real decreto ley de la reforma laboral, que aprob¨® el Gobierno el pasado 28 de diciembre y que est¨¢ pendiente de la convalidaci¨®n en las Cortes: ¡°Se podr¨¢n suscribir contratos de duraci¨®n determinada por parte de las entidades que integran el sector p¨²blico, reguladas en el art¨ªculo 2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n P¨²blica y para la ejecuci¨®n del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia, siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecuci¨®n de Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecuci¨®n de los citados proyectos¡±.
Es decir, la empresa privada no podr¨¢ emplear el contrato de obra y servicio por el tiempo de los proyectos que tengan contratados. En cambio, las entidades p¨²blicas s¨ª que podr¨¢n hacerlo. En la pr¨¢ctica se introduce por la puerta de atr¨¢s una suerte de contrato de obra y servicio espec¨ªfico para la ejecuci¨®n de fondos europeos. ¡°El doble rasero es evidente. En cuanto el Estado tiene que gestionar algo se libra de la carga que est¨¢ exigiendo a las empresas¡±, dice un abogado laboralista consultado.
Mientras que la empresa privada tendr¨¢ que hacer fijo al empleado e indemnizar con el r¨¦gimen ordinario de despido cuando termine su trabajo, el sector p¨²blico trata de evitar ese sobrecoste y la incertidumbre jur¨ªdica que pueda acarrear el despido. M¨¢xime cuando en esta reforma laboral se deroga tambi¨¦n la norma que permit¨ªa a las administraciones llevar a cabo despidos objetivos. Adem¨¢s, al explicitar que la contrataci¨®n durar¨¢ lo mismo que la ejecuci¨®n de los fondos europeos, se evita as¨ª que a los tres a?os estas contrataciones se puedan convertir en puestos fijos en el sector p¨²blico.
Fuentes de la Administraci¨®n admiten que exist¨ªa la preocupaci¨®n sobre c¨®mo podr¨ªa afectar la reforma laboral a la gesti¨®n de los fondos europeos. Pero reconocen que esta modificaci¨®n permitir¨¢ que se siga operando igual que hasta ahora, facilitando las contrataciones de personal para gestionar los fondos. Bruselas admite que hasta un 5% de estos recursos comunitarios puedan destinarse exclusivamente para la administraci¨®n y gerencia de estas ayudas.
El Gobierno ha dise?ado este traje a medida para evitar tener que replantearse toda la contrataci¨®n del personal dedicado a los eurofondos, lo que demorar¨ªa todav¨ªa m¨¢s el desarrollo del plan de recuperaci¨®n, que ya acumula retrasos. Gastar bien y a tiempo los 70.000 millones en ayudas europeas resulta un reto ingente. No obstante, la disposici¨®n adicional quinta tambi¨¦n extiende esta misma excepci¨®n a los fondos estructurales ordinarios de la UE: ¡°Ser¨¢ tambi¨¦n de aplicaci¨®n para la suscripci¨®n de contratos de duraci¨®n determinada que resulten necesarios para la ejecuci¨®n de programas de car¨¢cter temporal cuya financiaci¨®n provenga de fondos de la Uni¨®n Europea¡±, se?ala el texto legal.
La nueva reforma laboral supone tambi¨¦n un inmenso reto de gesti¨®n para muchos organismos y empresas p¨²blicas. La conferencia de rectores ya ha alertado de que al acabar con el contrato de obra y servicio se pueden poner en peligro muchos puestos de trabajo en el campo de la investigaci¨®n. Las universidades y centros funcionan con proyectos concretos y, por lo tanto, con presupuestos limitados a esos proyectos, explican varios docentes universitarios. Si no hay una alternativa, ¡°a partir de abril se podr¨ªa parar el sistema de ciencia y tecnolog¨ªa¡±, advirti¨® hace unos d¨ªas el rector de la Universidad de C¨®rdoba y presidente de la conferencia de rectores, Jos¨¦ Carlos G¨®mez Villamandos.
Empresas como Correos, Paradores o Tragsa tienen un tercio o m¨¢s de sus plantillas como temporales debido a la naturaleza de sus negocios. Adaptarse a las restricciones a la temporalidad ser¨¢ complicado y tendr¨¢ un impacto en sus cuentas que hay que estudiar con cuidado, explican fuentes del sector p¨²blico. Por ejemplo, el Banco de Espa?a tambi¨¦n est¨¢ dilucidando qu¨¦ hace con los investigadores que contrata y con la plantilla que atiende los picos de reclamaciones a la banca.
Aunque el personal laboral deba ahora hacerse fijo o fijo discontinuo, el Ministerio de Hacienda tendr¨¢ que aprobar cualquier contrataci¨®n indefinida que supere la tasa de reposici¨®n y, en consecuencia, controlar¨¢ estas incorporaciones. Por su parte, el sindicato CSIF reclama que se cumpla la reciente ley de estabilizaci¨®n del personal p¨²blico y un plan de recursos humanos que concrete cu¨¢les son las necesidades de trabajadores en las administraciones.