El Gobierno propondr¨¢ una subida de sueldo a los funcionarios del 3,5%

El Gobierno ha convocado para este mi¨¦rcoles la mesa de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica con el fin de negociar la subida salarial de los empleados p¨²blicos que se recoger¨¢ en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En este encuentro, el Ministerio de Hacienda propondr¨¢ una subida salarial del 3,5% para el pr¨®ximo a?o, seg¨²n varias fuentes sindicales al tanto de las conversaciones. La propuesta del ministerio no t...

El Gobierno ha convocado para este mi¨¦rcoles la mesa de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica con el fin de negociar la subida salarial de los empleados p¨²blicos que se recoger¨¢ en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En este encuentro, el Ministerio de Hacienda propondr¨¢ una subida salarial del 3,5% para el pr¨®ximo a?o, seg¨²n varias fuentes sindicales al tanto de las conversaciones. La propuesta del ministerio no tendr¨¢ una aplicaci¨®n directa y estar¨¢ condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroecon¨®micas, entre las que se encuentran el crecimiento econ¨®mico o el nivel del IPC. La oferta gubernamental est¨¢ abierta y sujeta a los cambios que puedan surgir durante la negociaci¨®n, seg¨²n advierten estas mismas fuentes. La idea de Hacienda es alcanzar un acuerdo a varios a?os para repartir el coste de la inflaci¨®n.

Los sindicatos reclaman, adem¨¢s, que se compense la p¨¦rdida de poder adquisitivo sufrida durante este a?o. La revalorizaci¨®n salarial de 2022 ha sido del 2%. Sin embargo, el ¨ªndice de precios al consumo (IPC) subi¨® en agosto un 10,5% interanual y las perspectivas son que la inflaci¨®n media cierre el a?o en el entorno del 8,5%. Este ser¨¢ uno de los flecos importantes de la negociaci¨®n. La inflaci¨®n subyacente, que no recoge la subida de los precios energ¨¦ticos procedente del exterior y que, por tanto, muchos economistas ponen como una referencia m¨¢s realista, alcanza el 6,4% interanual en agosto. Para el a?o que viene, el consenso de analistas proyecta una inflaci¨®n general promedio en el entorno del 4%.

Como parte del paquete para compensar la p¨¦rdida de poder adquisitivo, el Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa varias posibilidades. Entre ellas, abrir la mano con la jornada laboral de 35 horas. Esta podr¨ªa extenderse a toda la Administraci¨®n General del Estado y servir¨ªa para que el resto, sobre todo las comunidades, puedan seguir su estela all¨¢ donde no est¨¦n en vigor. La reuni¨®n de este mi¨¦rcoles tendr¨¢ lugar con los principales sindicatos representativos del funcionariado: CSIF, CC OO y UGT.

Un coste de 5.000 millones

M¨¢s de tres millones de empleados p¨²blicos se beneficiar¨¢n de esta iniciativa. Dado que en 2021 se desembolsaron 141.000 millones para pagar las n¨®minas de todas las Administraciones, el coste de la medida rondar¨ªa los 5.000 millones de euros, solo por el 3,5% de revalorizaci¨®n, incluyendo al Estado central, las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos. Esta partida se sumar¨ªa a los 15.000 millones que costar¨ªa subir la partida de pensiones con el IPC. El Ejecutivo argumenta que puede hacer frente a estos incrementos gracias a la buena marcha de los ingresos p¨²blicos, que en gran medida est¨¢n espoleados por la inflaci¨®n y que hasta julio sub¨ªan en unos 22.000 millones, a pesar de las rebajas de impuestos en la electricidad.

Con este acuerdo, el Gobierno pretende dar una se?al al resto de la econom¨ªa. El Ejecutivo, los sindicatos y el Banco de Espa?a han insistido desde hace tiempo en la necesidad de un pacto de rentas para contener el contagio de la inflaci¨®n y repartir los costes de la crisis de precios. Se tratar¨ªa de que a la vez se garantice una cierta recuperaci¨®n del poder adquisitivo a varios a?os y una moderaci¨®n en los m¨¢rgenes empresariales. M¨¢xime cuando gran parte de la inflaci¨®n procede del exterior debido a unos costes de la energ¨ªa disparados que han empobrecido al conjunto de la econom¨ªa.

En el ¨¢mbito privado, los agentes sociales han sido incapaces de conseguir hasta ahora un acuerdo salarial a varios a?os. Por eso, el Ejecutivo considera que la propuesta que presenten a los empleados p¨²blicos debe ser un ejemplo para las empresas y representantes sindicales. De hecho, la cifra del 3,5% era la que se barajaba de subida para el a?o que viene en las conversaciones entre sindicatos y patronal. Las diferencias exist¨ªan en las cl¨¢usulas de revisi¨®n para recobrar la capacidad adquisitiva a posteriori.

Refuerzo de la plantilla

El Gobierno trata de contentar a un colectivo numeroso cuando se adentra en un a?o marcado por las elecciones auton¨®micas y locales del pr¨®ximo mayo y las legislativas de finales de 2023.

Adem¨¢s, debe afrontar el reto de renovar a unas plantillas cansadas y envejecidas tras el esfuerzo de la pandemia y a?os sin apenas renovaci¨®n de plazas. Por este motivo, el Gobierno aprob¨® en verano una oferta de empleo p¨²blico r¨¦cord con 44.788 plazas para ministerios, justicia, polic¨ªa y ej¨¦rcito.

El pasado fin de semana, el sindicato CSIF convoc¨® una manifestaci¨®n para reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos. El presidente del sindicato, Miguel Borra, exigi¨® al Gobierno una actualizaci¨®n de los salarios p¨²blicos en 2022, con car¨¢cter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este a?o (en l¨ªnea con la medida adoptada por Francia el pasado mes de julio) y un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperaci¨®n del poder de compra, mermado desde 2010, que cifra en un 18%.

CC OO y UGT tambi¨¦n plantean la necesidad de cerrar un acuerdo plurianual a tres a?os que permita mantener el poder adquisitivo al final del periodo. Y este incluir¨ªa revisar al alza el incremento del 2% para este a?o. Adem¨¢s, demandan mejoras en el acceso al empleo p¨²blico y en la carrera, promoci¨®n y clasificaci¨®n profesional. As¨ª como un proceso m¨¢s ambicioso de estabilizaci¨®n de las plantillas.