B¨¦lgica quiere rebajar la ley europea que exige a las empresas mayor respeto de derechos humanos y medioambientales

Tras varias semanas de bloqueo, los Veintisiete se disponen a aprobar, tan pronto como este viernes, la ley europea que busca obligar a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. El precio, no obstante, ser¨¢ alto: para lograr el voto favorable de Francia y conseguir as¨ª la mayor¨ªa cualificada necesaria para su aprobaci¨®n,...

Tras varias semanas de bloqueo, los Veintisiete se disponen a aprobar, tan pronto como este viernes, la ley europea que busca obligar a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. El precio, no obstante, ser¨¢ alto: para lograr el voto favorable de Francia y conseguir as¨ª la mayor¨ªa cualificada necesaria para su aprobaci¨®n, la presidencia de turno belga del Consejo de la UE propone rebajar m¨¢s a¨²n la cifra de compa?¨ªas que se ver¨¢n afectadas por la normativa.

En su nueva versi¨®n, que ha podido consultar EL PA?S, la ley, pactada inicialmente durante la presidencia europea espa?ola, incluye adem¨¢s un gui?o a los agricultores que protestan por toda Europa, al se?alar que con la ley se busca ¡°abordar las pr¨¢cticas de compra nocivas y las presiones en los precios sobre los productores, especialmente los peque?os¡±.

Seg¨²n la propuesta belga, la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en ingl¨¦s) se aplicar¨ªa solo a las empresas el doble de grandes de lo inicialmente previstas: con m¨¢s de 1.000 empleados (en vez de 500, como se fijaba originalmente) y un volumen de negocios superior a 300 millones de euros (antes eran 150 millones).

El texto de compromiso, que adem¨¢s alarga los plazos para trasponer la normativa, tambi¨¦n elimina, entre otros, la menci¨®n a que se aplicar¨¢ la ley a empresas m¨¢s peque?as que operan en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotaci¨®n infantil como son el textil, la miner¨ªa, agricultura (incluida la pesca y la explotaci¨®n forestal) o la construcci¨®n, un extremo que hab¨ªa sido especialmente celebrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. De hecho, uno de los impulsos tras la normativa era que no se volvieran a repetir tragedias como las de Rana Plaza, el complejo fabril en las afueras de Dhaka (Bangladesh) que colaps¨® hace una d¨¦cada, causando 1.130 muertos y m¨¢s de 2.500 heridos y provoc¨® un revulsivo internacional sobre las condiciones laborales sobre todo en la industria textil.

Tras las protestas del campo, el nuevo texto hace un gui?o al sector: ¡°Para abordar los desequilibrios de poder en el sector agr¨ªcola y garantizar precios justos en todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos y fortalecer la posici¨®n de los agricultores, los grandes procesadores y minoristas de alimentos deben adaptar sus pr¨¢cticas de compra y desarrollar y usar pol¨ªticas de compra que contribuyan a salarios e ingresos dignos para sus proveedores¡±, se?ala un nuevo punto. Al ir dirigida solo a las grandes empresas, la normativa, afirma, protege a los productores con ¡°menor poder de negociaci¨®n¡±. Los productores europeos quedar¨¢n adem¨¢s protegidos ¡°de una competencia injusta y de pr¨¢cticas da?inas por operadores dentro y fuera de la Uni¨®n¡±.

Fuentes diplom¨¢ticas defienden la nueva protesta como un ¡°equilibrio extremadamente delicado¡± para conseguir un acuerdo aceptable por todos los Estados miembros y tambi¨¦n la Euroc¨¢mara, que tambi¨¦n debe aprobar la versi¨®n modificada. La presidencia belga han subrayado que, aunque el tema est¨¢ previsto en la agenda de la reuni¨®n de embajadores del viernes, no es seguro que acabe incluido. Pero otras fuentes diplom¨¢ticas cuentan con una votaci¨®n el viernes, ya que existe un riesgo de fracaso de la directiva al menos durante este mandato por lo corto de los plazos: la Euroc¨¢mara solo tiene de tiempo para dar su propio visto bueno hasta abril, fecha del ¨²ltimo pleno antes de la disoluci¨®n del hemiciclo de cara a las elecciones europeas de junio.

La CSDDD establece una serie de obligaciones para las grandes compa?¨ªas respecto a impactos ¡°actuales y potencialmente adversos¡± en materia de derechos humanos, especialmente en materia de explotaci¨®n infantil, y medio ambiente de sus propias operaciones, pero tambi¨¦n de sus subsidiarias y de las realizadas por sus socios empresariales, y prev¨¦ multas de hasta un valor no menor del 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora. El texto ya hab¨ªa salido debilitado de las negociaciones para fijar un texto com¨²n entre Estados y Parlamento, cerradas en diciembre, en los ¨²ltimos d¨ªas de la presidencia espa?ola europea: para lograr el acuerdo provisional, se excluy¨® de la ley a los servicios financieros, como denunciaron varias ONGs.

Tras el acuerdo en tr¨ªlogos, como se denomina a estas negociaciones, solo quedaba la ratificaci¨®n final por parte de los Estados y la Euroc¨¢mara. Un paso que se consideraba pr¨¢cticamente un tr¨¢mite protocolario hasta que, el a?o pasado, a partir de la normativa para acabar con los motores de combusti¨®n en 2035, Alemania, cuyo gobierno de coalici¨®n mantiene graves diferencias internas en cuestiones medioambientales, empez¨® a intentar cambiar contenidos de leyes ya acordadas en el ¨²ltimo momento, sentando un peligroso precedente que se ha repetido ahora: a comienzos de febrero, la presidencia belga se vio obligada a retirar la votaci¨®n sobre la CSDDD porque Alemania, que por su peso es un pa¨ªs clave en las votaciones, advirti¨® de que se abstendr¨ªa ¡ªlo que equivale en estos votos a un no¡ª alegando que la directiva impondr¨¢ m¨¢s cargas burocr¨¢ticas a las empresas.

La oposici¨®n germana abri¨® las puertas a que hasta una docena de pa¨ªses tambi¨¦n se echaran atr¨¢s, especialmente Italia y Francia. Sin uno de estos grandes pa¨ªses, no se sumaba la mayor¨ªa necesaria. Par¨ªs exig¨ªa, para cambiar su voto, que se aumentara a¨²n m¨¢s el tama?o de las empresas afectadas por la ley (a 5.000 asalariados), lo que, seg¨²n la ONG Amigos de la Tierra, habr¨ªa supuesto excluir al 80% de las compa?¨ªas inicialmente previstas para su aplicaci¨®n. El bloqueo se constat¨® el 28 de febrero, cuando B¨¦lgica reconoci¨® que no lograba sacar adelante la directiva y anunci¨® que se tomaba un tiempo para ¡°considerar la situaci¨®n y ver si es posible considerar las inquietudes presentadas por algunos Estados miembros, en consulta con el Parlamento Europeo¡±.

El acuerdo ahora alcanzado es menor a la exigencia original gala pero, a¨²n as¨ª, supondr¨¢ una fuerte rebaja: seg¨²n c¨¢lculos oficiales, la directiva original habr¨ªa afectado a 16.389 empresas, mientras que la propuesta ahora cubrir¨¢ a solo 6.838 compa?¨ªas, es decir, un 58% menos de lo inicialmente previsto.

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