Casi un millar de agricultores reclaman 36 millones a la industria del algod¨®n que cre¨® un cartel para limitar los precios

La c¨®lera del campo tiene ejemplos muy claros que evidencian por qu¨¦ los agricultores son el eslab¨®n de la cadena m¨¢s maltratado. El ¨²ltimo es sangrante: m¨¢s de 900 agricultores andaluces reclaman en la justicia unos 36 millones a la industria del algod¨®n, que hace 20 a?os cre¨® un cartel para concertar precios de mercado y pagar de menos a los productores, seg¨²n dictamin¨® la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013 y ratific¨® m¨¢s tarde la justicia.

¡°Todo el mundo nos ataca y esto es una ruina. Si una hect¨¢rea suele dar 4.500 kilos de algod¨®n, este a?o he cogido 1.520 kilos, poqu¨ªsimo, porque no ha llovido. Ahora no hay que poner dinero de antemano para recuperar lo que nos quitaron hace a?os, porque el abogado est¨¢ seguro de que ganar¨¢ el pleito¡±, explica Felipe L¨®pez, con casi 10 hect¨¢reas de algod¨®n en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Este agricultor es uno del millar corto que en Andaluc¨ªa -que aglutina el 99% de la producci¨®n algodonera nacional junto al 1% de Murcia- se han unido a la demanda colectiva para recuperar el capital -m¨¢s intereses- que no cobraron entre 2004 y 2012 por el concierto ilegal de la industria para fijar los precios de mercado. La cifra de litigantes aumentar¨¢ el pr¨®ximo trimestre hasta que a finales de mayo cumpla el plazo para sumarse, porque los agricultores perjudicados fueron 6.800 repartidos a lo largo de la cuenca del Guadalquivir.

Una quincena de empresas desmotadoras -que reciben el algod¨®n bruto y embalan las fibras de algod¨®n procesado para la industria textil- se concertaron para fijar precios, repartirse el mercado y excluir a nuevas empresas en una ¡°infracci¨®n ¨²nica, continuada y muy grave¡±, seg¨²n decret¨® la Sala de Competencia de la CNMC hace una d¨¦cada. La multa global por concertar precios, que lleg¨® incluso al cuarto decimal en el importe econ¨®mico de anticipo pagado en alguna campa?a, solo ascendi¨® a 900.000 euros, que adem¨¢s fue rebajada en 2019 por el Tribunal Supremo a 400.000 euros. ¡°El fin era consensuar y adoptar una estrategia com¨²n, mediante acuerdos de voluntades, para controlar el mercado¡±, censur¨® el organismo de vigilancia sobre la industria algodonera, que vulner¨® la Ley de Defensa de la Competencia.

Teresa (nombre ficticio) posee 60 hect¨¢reas en la vega de Jerez de la Frontera (C¨¢diz) y Lebrija (Sevilla), y est¨¢ furiosa por el ¡°monopolio¡± que contamina el campo y que considera vigente: ¡°Todo el mundo tiene los mismos precios, c¨¦ntimo arriba c¨¦ntimo abajo, da igual donde te dirijas, siempre te enga?an y no tienes margen de quejarte. He vendido a Indesa y Algosur [ambas compa?¨ªas multadas], las dos igual de golfas. Y en el trigo igual, hace dos a?os me pagaron a 400 euros la tonelada de trigo, ahora a 160. ?Crees que nos manifestamos por gusto?¡±, interroga.

Para recuperar su dinero, unos 10 c¨¦ntimos de euros por kilo, los agricultores solo tienen que demostrar los kilos que vendieron durante esos nueve a?os, que fueron certificados por la Junta, y luego aportar un informe pericial para calcular el precio pagado en ausencia de cartel mediante un informe denominado contrafactual.

Con una p¨¦rdida calculada de 10 c¨¦ntimos por kilo, un rendimiento medio de 3.000 kilos de algod¨®n por hect¨¢rea y una finca media de 10 hect¨¢reas, el dinero medio que reclame cada agricultor rondar¨¢ los 40.000 euros ¡ªal ser unos 900 agricultores, el total a indemnizar alcanzar¨ªa los 36 millones¡ª tras 11 a?os de intereses desde que en 2012 acab¨® supuestamente el ama?o de precios de mercado, seg¨²n c¨¢lculos del bufete Redi Abogados, que impulsa la demanda colectiva.

¡°La mayor¨ªa de v¨ªctimas no saben que fueron v¨ªctimas, es el problema que ata?e a todos los carteles, como el de los fabricantes de autom¨®viles o el de la leche. Esperamos llegar a los 2.000 agricultores, pero m¨¢s all¨¢ ser¨¢ complicado porque no conocer¨¢n la demanda. El campo es un sector muy castigado y algunos agricultores tienen miedo de no poder colocar su algod¨®n el a?o que viene. Adem¨¢s, a la gente no le gusta litigar¡±, resume Albert Poch, abogado de los agricultores litigantes, que cobrar¨¢ un 35% del importe recuperado si la demanda prospera, sin que estos tengan que adelantar dinero de antemano.

Desde la cooperativa Coesagro, que forma parte de la multada Coalsa, su consejero delegado, Fernando Rodr¨ªguez, echa balones fuera: ¡°De momento no tenemos ninguna reclamaci¨®n sobre la mesa, solo sabemos que hay un runr¨²n popular. Ya nos sentaremos porque estamos con el agricultor¡±, defiende, antes de admitir que su compa?¨ªa no pidi¨® disculpas a sus algodoneros suministradores de materia prima pese a la firmeza de la sanci¨®n, ratificada por el Supremo y la Audiencia Nacional. Jos¨¦ Tejero, presidente de Las Marismas de Lebrija, tambi¨¦n integrada en Coalsa, alega: ¡°Ahora no pactamos precios, pero si el agricultor pregunta, los precios tarde o temprano se alinean¡±.

En los carteles descubiertos en el campo hasta ahora en Espa?a siempre son pocos compradores y much¨ªsimos y dispersos vendedores, lo que provoca la distorsi¨®n del mercado. En el caso del algod¨®n llueve sobre mojado porque el mismo ramillete de empresas desmotadoras fue sancionado ya en 1997 -en este caso un total de 21 compa?¨ªas- por el Tribunal de Defensa de la Competencia por concertar precios. Solo 16 a?os despu¨¦s, volvieron a las andadas, seg¨²n dictamin¨® la CNMC. ¡°Al ser el algod¨®n un cultivo subvencionado, las desmotadoras se aprovechan de ello y compran el producto a precio de coste de producci¨®n o incluso por debajo, dado que el suelo retributivo del agricultor lo marca el importe de la subvenci¨®n¡±, ilustra Poch.

Los agricultores consultados se quejan de que las organizaciones agrarias son conniventes con las desmotadoras y no les apoyan para recuperar su dinero. COAG en C¨¢diz organiz¨® una charla para informar, pero tras convocar una segunda, la aplaz¨®. ¡°Creo que habr¨¢ acuerdos extrajudiciales antes de llegar a juicio, porque si se pagan esos millones que se piden, habr¨¢ desmotadoras que deban cerrar. La gente ya sabe que la reclamaci¨®n est¨¢ en marcha. Eso s¨ª, yo no reclamar¨¦ como agricultor algodonero porque me tirar¨ªa un tiro en el pie en un sector tan peque?o¡±, afirma Jos¨¦ Luis Ib¨¢?ez, secretario de organizaci¨®n de COAG en esta provincia andaluza. Las tres organizaciones -Asaja, COAG y UPA- han alojado una reuni¨®n informativa cada una en un territorio que abarca cuatro provincias y 5.111 algodoneros seg¨²n el ¨²ltimo censo agrario de 2020, lo que no parece suficiente y har¨¢ que muchos agricultores desconozcan su derecho a reclamar.

El procedimiento sancionador de la CNMC incluy¨® actas de la empresa Las Marismas de Lebrija para fijar el precio de salida en la compra de algod¨®n bruto y correos electr¨®nicos de la antigua patronal AEDA ¡°para consensuar y difundir los referentes a las tablas de correcci¨®n de precios¡±, reza su resoluci¨®n. En a?os sin la sequ¨ªa extrema actual, Andaluc¨ªa produce el 17% del algod¨®n de la Uni¨®n Europea, pero toda la producci¨®n europea solo representa el 1,5% de la producci¨®n de fibra de algod¨®n mundial, con la industria textil deslocalizada principalmente en el sudeste asi¨¢tico.

El sindicato UPA dio el primer aviso de denuncia para que la investigaci¨®n de la CNMC echara a andar. Azucena Gonz¨¢lez, secretaria general de UPA en C¨¢diz, alega que ¡°Asaja y COAG se han desligado¡± del proceso, y defiende que su sindicato cedi¨® instalaciones para una primera reuni¨®n informativa en Rota (C¨¢diz) el pasado verano, aunque el proceso judicial de reclamaci¨®n econ¨®mica excede de sus competencias. ¡°Estas pr¨¢cticas ilegales les sali¨® a cuenta a las desmotadoras, porque la condena final del Supremo respecto al lucro obtenido fue irrisoria¡±, a?ade Gonz¨¢lez. Si la producci¨®n en Espa?a de algod¨®n bruto fue en 2010 de 38 millones de kilos, con un lucro estimado de 10 c¨¦ntimos de euro por cada kilo seg¨²n un informe pericial, el beneficio obtenido por las desmotadoras durante nueve a?os pudo alcanzar los 34 millones de euros, 85 veces el valor de la multa final impuesta por la justicia, de 400.000 euros.