El Supremo y los derechos econ¨®micos

El ejercicio de los derechos econ¨®micos y sociales tropieza con enormes obst¨¢culos en Espa?a. Estos derechos, como el de la vivienda o la protecci¨®n del ahorro, constituyen una parte importante del Estado de bienestar. No estamos en un Estado de bienestar si los ciudadanos pueden ver saqueados sus ...

El ejercicio de los derechos econ¨®micos y sociales tropieza con enormes obst¨¢culos en Espa?a. Estos derechos, como el de la vivienda o la protecci¨®n del ahorro, constituyen una parte importante del Estado de bienestar. No estamos en un Estado de bienestar si los ciudadanos pueden ver saqueados sus ahorros por pr¨¢cticas abusivas o si las familias pueden perder su vivienda o pagar por ella pr¨¦stamos desorbitados.

Ante el creciente desequilibrio de poder entre los conglomerados econ¨®micos y financieros y los ciudadanos, en los pa¨ªses democr¨¢ticos se han adoptado instrumentos para una mejor protecci¨®n de los consumidores. En 2020 la Uni¨®n Europea aprob¨® la Directiva de acciones de representaci¨®n ante la evidencia de que ¡°la globalizaci¨®n y la digitalizaci¨®n han aumentado el riesgo de que gran n¨²mero de consumidores se vean perjudicados por una misma pr¨¢ctica il¨ªcita¡±. La Directiva ten¨ªa que haber sido transpuesta en Espa?a el 25 de diciembre de 2022. Sigue su tramitaci¨®n en el Congreso.

Mientras, los ciudadanos deben defenderse con acciones individuales (868.989 desde 2017 a 2023, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial). Las acciones colectivas que se han emprendido han tenido su calvario particular. La Sala Primera del Tribunal Supremo siempre encuentra razones para aplazar las soluciones a estas demandas.

Un claro ejemplo es el de las cl¨¢usulas suelo en las hipotecas, que ha afectado a m¨¢s de dos millones de familias. Un tema con un gran trasfondo econ¨®mico que ha supuesto un enorme sobrecoste para los hipotecados y beneficios para los bancos. Seg¨²n el Banco de Espa?a, hasta 2015 este sobrecoste ascendi¨® a 7.600 millones de euros. Seg¨²n Analistas Financieros Internacionales, la cuant¨ªa durante el mismo periodo se elev¨® a 9.743 millones de euros y hasta 15.945 millones de euros si se considera hasta 2019.

Ante las enormes dimensiones del conflicto que implicaba pr¨¢cticamente a todas las entidades, en 2010 Adicae present¨® una demanda colectiva contra 101 bancos y cajas para reclamar la devoluci¨®n de los intereses de las hipotecas cobrados indebidamente. El presidente de la asociaci¨®n, Manuel Pardos, justific¨® la necesidad de la demanda colectiva para resolver un asunto que afectaba por igual a millones de personas y evitar el colapso de los tribunales. La demanda fue estimada en buena parte por los jueces en 2015 y 2018. Pero los bancos recurrieron al Supremo, que despu¨¦s de profundas reflexiones, tuvo dudas y en 2022 pregunt¨® al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE).

La respuesta del TJUE lleg¨® el pasado 4 de julio. El Tribunal de Justicia dictamin¨® que el derecho europeo permite el control de transparencia en el marco de una acci¨®n colectiva. Se da la circunstancia de que el TJUE ya se hab¨ªa pronunciado antes cinco veces sobre las cl¨¢usulas suelo (2016, 2020, dos veces en 2021 y en 2022) a favor de los consumidores, con correcciones clamorosas a la Sala Primera. Ahora, 14 a?os despu¨¦s, estamos pendientes de nuevo de la interpretaci¨®n del Supremo. Los derechos econ¨®micos y sociales tienen rivales poderosos. Qu¨¦ pena que el tribunal europeo no mande m¨¢s en Espa?a.

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