El Supremo y los derechos econ¨®micos

El ejercicio de los derechos econ¨®micos y sociales tropieza con enormes obst¨¢culos en Espa?a. Estos derechos, como el de la vivienda o la protecci¨®n del ahorro, constituyen una parte importante del Estado de bienestar. No estamos en un Estado de bienestar si los ciudadanos pueden ver saqueados sus ahorros por pr¨¢cticas abusivas o si las familias pueden perder su vivienda o pagar por ella pr¨¦stamos desorbitados.

Ante el creciente desequilibrio de poder entre los conglomerados econ¨®micos y financieros y los ciudadanos, en los pa¨ªses democr¨¢ticos se han adoptado instrumentos para una mejor protecci¨®n de los consumidores. En 2020 la Uni¨®n Europea aprob¨® la Directiva de acciones de representaci¨®n ante la evidencia de que ¡°la globalizaci¨®n y la digitalizaci¨®n han aumentado el riesgo de que gran n¨²mero de consumidores se vean perjudicados por una misma pr¨¢ctica il¨ªcita¡±. La Directiva ten¨ªa que haber sido transpuesta en Espa?a el 25 de diciembre de 2022. Sigue su tramitaci¨®n en el Congreso.

Mientras, los ciudadanos deben defenderse con acciones individuales (868.989 desde 2017 a 2023, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial). Las acciones colectivas que se han emprendido han tenido su calvario particular. La Sala Primera del Tribunal Supremo siempre encuentra razones para aplazar las soluciones a estas demandas.

Un claro ejemplo es el de las cl¨¢usulas suelo en las hipotecas, que ha afectado a m¨¢s de dos millones de familias. Un tema con un gran trasfondo econ¨®mico que ha supuesto un enorme sobrecoste para los hipotecados y beneficios para los bancos. Seg¨²n el Banco de Espa?a, hasta 2015 este sobrecoste ascendi¨® a 7.600 millones de euros. Seg¨²n Analistas Financieros Internacionales, la cuant¨ªa durante el mismo periodo se elev¨® a 9.743 millones de euros y hasta 15.945 millones de euros si se considera hasta 2019.

Ante las enormes dimensiones del conflicto que implicaba pr¨¢cticamente a todas las entidades, en 2010 Adicae present¨® una demanda colectiva contra 101 bancos y cajas para reclamar la devoluci¨®n de los intereses de las hipotecas cobrados indebidamente. El presidente de la asociaci¨®n, Manuel Pardos, justific¨® la necesidad de la demanda colectiva para resolver un asunto que afectaba por igual a millones de personas y evitar el colapso de los tribunales. La demanda fue estimada en buena parte por los jueces en 2015 y 2018. Pero los bancos recurrieron al Supremo, que despu¨¦s de profundas reflexiones, tuvo dudas y en 2022 pregunt¨® al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE).

La respuesta del TJUE lleg¨® el pasado 4 de julio. El Tribunal de Justicia dictamin¨® que el derecho europeo permite el control de transparencia en el marco de una acci¨®n colectiva. Se da la circunstancia de que el TJUE ya se hab¨ªa pronunciado antes cinco veces sobre las cl¨¢usulas suelo (2016, 2020, dos veces en 2021 y en 2022) a favor de los consumidores, con correcciones clamorosas a la Sala Primera. Ahora, 14 a?os despu¨¦s, estamos pendientes de nuevo de la interpretaci¨®n del Supremo. Los derechos econ¨®micos y sociales tienen rivales poderosos. Qu¨¦ pena que el tribunal europeo no mande m¨¢s en Espa?a.

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