El Constitucional estudia que se abra la posibilidad de que los funcionarios recuperen sus pagas extra ¨ªntegras

Catorce a?os despu¨¦s del pol¨¦mico recorte salarial aplicado a los empleados p¨²blicos por el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, la anulaci¨®n de esta decisi¨®n podr¨ªa llegar a debatirse en el Parlamento. La puerta a que se revierta este recorte la ha abierto el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a tr¨¢mite un recurso de amparo contra ...

Catorce a?os despu¨¦s del pol¨¦mico recorte salarial aplicado a los empleados p¨²blicos por el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, la anulaci¨®n de esta decisi¨®n podr¨ªa llegar a debatirse en el Parlamento. La puerta a que se revierta este recorte la ha abierto el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a tr¨¢mite un recurso de amparo contra la decisi¨®n de la Mesa del Congreso de los Diputados del pasado 16 de mayo de 2023 en la que impidi¨® la tramitaci¨®n de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por el sindicato de funcionarios CSIF, que ten¨ªa como objeto presentar una norma en el Parlamento que anulara el recorte de sueldos p¨²blicos aplicado por el Ejecutivo socialista en junio de 2010. Este ajuste form¨® parte del paquete de medidas para paliar el primer impacto de la crisis financiera de 2008.

En concreto, el Constitucional ha decidido estudiar la posible anulaci¨®n del veto aplicado por la Mesa del Congreso a que el sindicato promoviera esta ILP. El rechazo de la Mesa impidi¨® as¨ª que CSIF intentara siquiera recabar el medio mill¨®n de firmas necesarias para que este tipo de iniciativas legislativas ¡ªque son la ¨²nica v¨ªa directa de participaci¨®n de los ciudadanos en la elaboraci¨®n de una ley¡ª se voten en el Parlamento. El tribunal toma esta decisi¨®n de admitir a tr¨¢mite el recurso de este sindicato ¡°porque concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional¡± debido a que ¡°el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias pol¨ªticas generales¡±, seg¨²n indica el texto del Constitucional al que ha tenido acceso este peri¨®dico.

Dichas consecuencias podr¨ªan derivarse del debate en el Congreso de la proposici¨®n de ley que pretende conseguir el sindicato a trav¨¦s de la ILP, que ahora podr¨ªa tener que aceptar tramitar la Mesa de la C¨¢mara baja si as¨ª lo decide el TC. Lo que pretende el CSIF con dicha norma es recuperar la estructura salarial previa al recorte del Gobierno de Zapatero, que dej¨® las pagas extra mermadas hasta la fecha. Por tanto, la decisi¨®n del Constitucional es solo un primer paso, ya que ahora el sindicato debe volver a poner en marcha todo el proceso para promover la ILP, buscando las 500.000 firmas necesarias para que el Parlamento debata la proposici¨®n de ley que anula el recorte estructural de las pagas extra de los empleados p¨²blicos.

Concretamente, la proposici¨®n de ley que esta central sindical quiere sacar adelante a trav¨¦s de la ILP busca derogar el art¨ªculo 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que el Gobierno de Zapatero adopt¨® medidas extraordinarias para la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico. La primera de dichas medidas, recogida en ese primer art¨ªculo de la norma que ahora se pretende anular, establec¨ªa un recorte salarial del 5% de media a todos los empleados p¨²blicos (que lleg¨® al 10% en los salarios m¨¢s altos).

Dicho recorte se aplic¨® en toda la masa salarial pero, fundamentalmente, a trav¨¦s de la aminoraci¨®n de las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad que cobran los empleados p¨²blicos. Seg¨²n ha denunciado reiteradamente el sindicato CSIF, pese a las subidas salariales aplicadas con posterioridad a lo largo de estos 14 a?os, el recorte de las pagas extras nunca ha llegado a revertirse ya que quedaron mermadas en la estructura salarial de los empleados p¨²blicos hasta ahora.

Seg¨²n las estimaciones hechas por este sindicato, dichas pagas extra se han visto recortadas en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (m¨¦dicos, jueces, inspectores de Hacienda, entre otros); en 1.020 euros menos al a?o en el grupo A2 (enfermeros, maestros¡­) y 500 euros en el grupo C1 (polic¨ªas, administrativos¡­). Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta cinco meses en estos ¨²ltimos 14 a?os, a?aden. En total, CSIF ha estimado que esta merma salarial acumulada ha restado 30.000 millones de euros de los bolsillos de m¨¢s de dos millones de trabajadores de todas las Administraciones.

Las razones del recurso

La Mesa del Congreso rechaz¨® la admisi¨®n de la iniciativa legislativa popular al considerar que no se adecuaba a lo dispuesto en los art¨ªculos 2 y 5.2 de la ley que regula este instrumento legislativo, ¡°en la medida en que afecta a materia presupuestaria¡±, se?alaron los letrados de la C¨¢mara baja en su justificaci¨®n. Sin embargo, la comisi¨®n promotora de la ILP impulsada por el CSIF argument¨® que esta supuesta afectaci¨®n a las cuentas p¨²blicas no es una de las causas tasadas y previstas para la inadmisi¨®n a tr¨¢mite de la norma.

As¨ª, la comisi¨®n promotora acredita en el escrito del recurso que, adem¨¢s de que la regulaci¨®n de las ILP no recoge la afectaci¨®n a materia presupuestaria como causa de inadmisi¨®n, la iniciativa presentada, que persigue la anulaci¨®n legal del recorte salarial de 2010, tampoco incluye propuesta alguna sobre la elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado o coste directo por estos conceptos. Lo que reclama ¨²nicamente es ¡°una supresi¨®n normativa y una negociaci¨®n en el seno de la Mesa General de las Administraciones P¨²blicas para dar cumplimiento a esta supresi¨®n¡±. Esto significa que la intenci¨®n del sindicato es llevar a cabo esta anulaci¨®n de forma negociada con el Gobierno.

Dicho esto, los impulsores de la ILP aportan al Constitucional otros casos de iniciativas legislativas que, en el caso de haber salido adelante como leyes, podr¨ªan haber comprometido m¨¢s gasto p¨²blico y aun as¨ª fueron admitidas a tr¨¢mite. Entre estas iniciativas que s¨ª llegaron a promoverse est¨¢n las proposiciones de ley para la reducci¨®n de la aportaci¨®n a la prestaci¨®n farmac¨¦utica ambulatoria de los pensionistas y sus beneficiarios, la eliminaci¨®n del 30% del copago farmac¨¦utico para los usuarios de Muface, o para la equiparaci¨®n salarial de las Polic¨ªas del Estado espa?ol.