Transparencia sostenible

Muface se cre¨® por ley el a?o 1975 para dar seguridad social a los funcionarios del Estado. Hasta ese momento, hab¨ªa una ley de seguridad social que daba asistencia sanitaria a los trabajadores de las empresas privadas, pero para los funcionarios p¨²blicos exist¨ªa el mutualismo administrativo, bastante anticuado. Muface fue un acierto para homogeneizar la situaci¨®n de los funcionarios. Unos a?os m¨¢s tarde se aprob¨® la Ley Lluch, que el a?o pr¨®ximo cumplir¨¢ 40 a?os, por la que la sanidad se universalizaba, es decir, todos los espa?oles dej¨¢bamos de recibir la sanidad por la Seguridad Social y la recib¨ªamos por el Sistema Nacional de Salud. ?Qu¨¦ pas¨® entonces con los funcionarios? Pues que quedaron en el mejor de los mundos posibles: ten¨ªan derecho a la sanidad p¨²blica como todo espa?ol, pero adem¨¢s el Estado les pagaba, si quer¨ªan, la sanidad privada.

Muface para los funcionarios del Estado, Isfas para los militares y Mugeju para los jueces, se convirti¨® a partir del a?o 1986 en un privilegio. Mientras el resto de los espa?oles, cuando queremos sanidad privada debemos pagarla de nuestro bolsillo, los funcionarios pueden elegir sanidad privada y la paga el Estado, es decir la pagamos entre todos.

Muface no tiene m¨¦dicos ni hospitales, sino que contrata con aseguradoras privadas que den asistencia a los funcionarios. Las aseguradoras privadas tienen la obligaci¨®n de cuadrar sus cuentas y no pueden excederse en los gastos por encima de los ingresos. Por lo que dicen las aseguradoras que contratan con Muface, los gastos son superiores a los ingresos y, por lo tanto, no pueden aceptar estos contratos. Esto viene a cuento de lo que sucedi¨® en el a?o 2010, cuando el Gobierno recort¨® los gastos para la sanidad p¨²blica en un 10%, mientras que los ingresos de Muface no se recortaron, porque era un contrato entre el Estado y una empresa privada. Actualmente, los gastos de la sanidad p¨²blica se han disparado, pero la sanidad p¨²blica no tiene la l¨®gica de que sus gastos tienen que ser menores que los ingresos, sino que puede tirar del d¨¦ficit p¨²blico que se financia con deuda p¨²blica.

A d¨ªa de hoy, son un total de dos millones las personas beneficiarias en Espa?a de Muface, Isfas y Mugeju, un volumen parecido a la poblaci¨®n del Pa¨ªs Vasco. Su gesti¨®n no est¨¢ transferida a las comunidades aut¨®nomas, sino que sigue siendo gestionada por el Estado. Esta poblaci¨®n no tiene tarjeta sanitaria, ni historia cl¨ªnica electr¨®nica, ni utiliza la receta electr¨®nica, elementos comunes del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios es similar a la de la poblaci¨®n cubierta por la sanidad p¨²blica, pero con diferencias en los copagos, aunque estas diferencias parad¨®jicamente no han sido nunca consideradas como desigualdades.

Del 80% de funcionarios p¨²blicos que escogen la sanidad privada -estos dos millones de personas- pagada con dinero p¨²blico, no tenemos ninguna informaci¨®n: no sabemos su estado de salud, porqu¨¦ motivos de salud usan los servicios, con qu¨¦ frecuencia, qu¨¦ intervenciones quir¨²rgicas tienen y, lo m¨¢s importante de todo, qu¨¦ resultados en salud obtienen. En cambio, esta informaci¨®n es transparente en el caso de la sanidad p¨²blica.

Los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades m¨¢s graves eligen la atenci¨®n en la sanidad p¨²blica

En estos momentos, s¨®lo un 20% de los funcionarios p¨²blicos escogen la sanidad p¨²blica. Esto podr¨ªa ser indicativo de algo: un significativo grupo de trabajadores calificados con un acceso muy especial a la informaci¨®n de c¨®mo funciona el sistema p¨²blico escoge la sanidad privada, muy posiblemente porque no valoran el rol del m¨¦dico de familia y porque prefieren evitar listas de espera de los especialistas. Sin embargo, hay un matiz importante, este porcentaje ha crecido del 14% al 20% en los ¨²ltimos a?os. Esto se debe a un factor a tener muy en cuenta como es el del envejecimiento del cuerpo funcionarial. A ello habr¨ªa que a?adirle la selecci¨®n del riesgo, es decir, los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades m¨¢s graves eligen la atenci¨®n en la sanidad p¨²blica, mientras que los m¨¢s sanos escogen la sanidad privada. Esta tendencia genera un desequilibrio financiero, puesto que la sanidad p¨²blica (las comunidades aut¨®nomas) asume los casos m¨¢s costosos, mientras que las aseguradoras privadas se benefician de pacientes con necesidades menos exigentes. Esto nos hace intuir que es falso el argumento de que, si todos los Muface se pasaran a la sanidad p¨²blica, el sistema ser¨ªa insostenible.