Endogamia y corrupci¨®n generalizada en la Universidad espa?ola: ?seguimos mirando hacia otro lado?

La Universidad p¨²blica es altamente endog¨¢mica. Esta afirmaci¨®n la avalan los datos del Ministerio de Universidades: el 73% del Personal Docente e Investigador (PDI) trabaja en la universidad en la que se doctor¨®. Obviamente, esto no significa que todo ese personal deba ser sospechoso de fraude, pero s¨ª es llamativo ese alto porcentaje respecto a otros pa¨ªses de nuestro entorno. ?El motivo? El principal determinante de la endogamia universitari...

La Universidad p¨²blica es altamente endog¨¢mica. Esta afirmaci¨®n la avalan los datos del Ministerio de Universidades: el 73% del Personal Docente e Investigador (PDI) trabaja en la universidad en la que se doctor¨®. Obviamente, esto no significa que todo ese personal deba ser sospechoso de fraude, pero s¨ª es llamativo ese alto porcentaje respecto a otros pa¨ªses de nuestro entorno. ?El motivo? El principal determinante de la endogamia universitaria son ¡°los sistemas de acumulaci¨®n de poder¡±, concluye un reciente estudio sobre esta cuesti¨®n. Nos atrevemos a decir que lo que se esconde tras las cifras es, frecuentemente, una corrupci¨®n generalizada de nuestras universidades, que venden la internacionalizaci¨®n, la transversalidad, la movilidad y la meritocracia, pero valoran de puertas adentro el servilismo, la adscripci¨®n temprana y de por vida a un departamento y la omert¨¤. A aquellos que desde una posici¨®n de (ir)responsabilidad institucional, pol¨ªtica y sindical opinan, y as¨ª lo expresan en medios nacionales, que la cuesti¨®n de la endogamia es una ¡°chorrada¡± y que ¡°si buscamos esc¨¢ndalos en prensa sobre oposiciones a profesor universitario veremos la pr¨¢ctica ausencia de los mismos¡± quisi¨¦ramos indicarles algunas noticias recientes:

• En la Universidad Complutense de Madrid: presiones por whatsapp, documentos robados, m¨¦ritos falsificados y un largo etc¨¦tera de anomal¨ªas denunciados en la adjudicaci¨®n de una plaza de profesor ayudante doctor.
• En la Universidad de Oviedo: una candidata denuncia prevaricaci¨®n en una plaza de profesorado. El juez lo confirma y obliga a la universidad a anular la concesi¨®n de la plaza. ?sta, ni corta ni perezosa, ignora deliberadamente la sentencia y mantiene a la otra profesora en su puesto porque es ¡°el procedimiento habitual en las universidades¡±.
• En la Universidad de Cantabria: un profesor denuncia al rector y al vicerrector de Profesorado, de nuevo por presunta prevaricaci¨®n en una plaza de profesor contratado doctor.
• En la Universidad de Salamanca: un juzgado ratifica la irregularidad de un baremo que no se molesta en disimular la endogamia al otorgar expl¨ªcitamente puntos adicionales por tener el grado y/o premio extraordinario de grado o fin de m¨¢ster de esa universidad.

Estos ejemplos dan una idea de la escabrosa forma en la que se adjudican muchas de las plazas de PDI. La prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n es probablemente una manifestaci¨®n de la gobernanza casi feudal de muchos centros. En este sentido, han salido a la luz diversos casos de acoso y otros abusos de poder. Adem¨¢s de ser exigibles responsabilidades individuales a los implicados, son exigibles responsabilidades institucionales. As¨ª pues, dirigimos esta carta al ministro de Universidades y al presidente de la conferencia de rectores (CRUE) inst¨¢ndolos a que se posicionen sin ambig¨¹edad del lado de las v¨ªctimas y de la transparencia.

Desde la Federaci¨®n de J¨®venes Investigadores (FJI/Precarios) queremos poner sobre la mesa varias ideas con intenci¨®n constructiva, invitando a un debate necesario.

I. Facilitar la participaci¨®n a las plazas de PDI.

Uno de los primeros motivos por los que se da la endogamia en el Sistema Universitario Espa?ol (SUE) es porque se desincentiva y se dificulta la participaci¨®n de candidaturas ¡°externas¡±. Proponemos:

1. Eliminar las tasas administrativas. Es un aut¨¦ntico bochorno cuando se ha de explicar en Europa que para presentarte a una plaza de ayudante doctor o contratado doctor has de pagar 30 o 50 euros. Cobrar por concurrir es un freno obvio a la participaci¨®n.
2. Establecer un calendario fijo de convocatorias y hacerlo p¨²blico y accesible. Cada universidad convoca plazas cuando considera oportuno, sin previo aviso y con plazos para presentar solicitudes generalmente cortos. Muchas veces solo se enteran a tiempo las personas avisadas.
3. Obligar a las universidades a hacer claramente visibles las ofertas de empleo en su web principal. A menudo el ¡°tabl¨®n de anuncios¡± relevante est¨¢ en una direcci¨®n de dif¨ªcil acceso, muestra de la nula voluntad de fomentar la participaci¨®n.
4. Adoptar un modelo ¨²nico de curr¨ªculum para todas las convocatorias. Cuando se ha de dedicar varios d¨ªas a cumplimentar un CV distinto para cada universidad, sum¨¢ndole las tasas, es l¨®gico que se acabe concurriendo a pocas plazas, posiblemente de su propia universidad donde se tiene m¨¢s posibilidades.

II. Aumentar la transparencia y las garant¨ªas en los procesos selectivos.

Formalmente no se puede decir que la selecci¨®n del profesorado universitario se realice de manera totalmente arbitraria y opaca: existen estatutos, normativas, baremos, plazos y procedimientos establecidos. Sin embargo, hay numerosos intangibles dentro de la decisi¨®n de los tribunales y falta transparencia. Dentro del l¨ªmite de la autonom¨ªa universitaria se deber¨ªan fijar unas garant¨ªas m¨ªnimas comunes para el conjunto del SUE:

1. Publicar los baremos antes de la convocatoria y prohibir cualquier modificaci¨®n (salvo errores formales en el baremo original). Es incomprensible que se convoquen plazas sin conocerse el baremo desglosado o peor, que se cambie despu¨¦s.
2. Publicar la evaluaci¨®n detallada de todos los m¨¦ritos de cada persona candidata. No es de recibo que se publiquen solo las puntuaciones finales, sin que las personas afectadas puedan conocer (e impugnar si es el caso) la evaluaci¨®n desglosada.
3. Elegir los miembros de la comisi¨®n de evaluaci¨®n por sorteo y externos al centro para minimizar el riesgo de conflicto de intereses. El anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU) prev¨¦ un m¨ªnimo de 50% de miembros externos por sorteo. Esto ser¨ªa un avance, pero no existen impedimentos para que la comisi¨®n sea 100% externa. Posiblemente el mayor argumento en contra ser¨ªa el que defiende que es el departamento el que mejor conoce sus necesidades, pero trat¨¢ndose de convocatorias p¨²blicas no nos parece convincente a la luz de la endogamia.

III. Facilitar la denuncia y sancionar de manera efectiva los casos de malas praxis.

Parafraseando una famosa canci¨®n, podr¨ªamos resumir este apartado en la m¨¢xima: ¡°que ser valiente no salga tan caro, que ser corrupto no valga la pena¡±. En los casos de prevaricaci¨®n a menudo tiene mucho m¨¢s que perder quien denuncia que quien prevarica. Proponemos:

1. Crear un organismo estatal al que poder denunciar cualquier sospecha de prevaricaci¨®n universitaria. La denuncia tendr¨ªa que poder realizarse de manera f¨¢cil, r¨¢pida y gratuita. En la medida de lo posible se deber¨ªa mantener el anonimato de la persona denunciante para protegerla. Un procedimiento m¨¢s o menos an¨¢logo a la Inspecci¨®n de Trabajo, pero focalizado en la prevaricaci¨®n universitaria y que, por tanto, podr¨ªa depender del Ministerio de Universidades.
2. Establecer sanciones administrativas desde la Universidad al margen de las sentencias judiciales. Los reglamentos de partidos pol¨ªticos establecen que una persona investigada por la justicia debe abandonar sus cargos mientras dure la investigaci¨®n, pero en el SUE no nos consta que ning¨²n presidente de una comisi¨®n de selecci¨®n haya sido sancionado, a¨²n cuando existe una denuncia judicial. Ni tan siquiera cuando la justicia falla a favor del demandante suele haber consecuencias individuales. Como mucho, ser¨¢ la instituci¨®n la que pague una indemnizaci¨®n (con dinero p¨²blico). Existe pues una casi total impunidad a nivel individual. ?Es el PDI funcionario intocable y superior a la ley?

IV. Otras medidas: revisar el modelo de gobernanza, pol¨ªticas de evaluaci¨®n y contrataci¨®n y algunos conceptos jur¨ªdicos.

Si la endogamia y la corrupci¨®n son tan comunes es en gran parte porque se delega todo el poder de la contrataci¨®n de PDI en los departamentos. El ministerio y la CRUE, en una dejaci¨®n de funciones, aluden a la ¡°autonom¨ªa universitaria¡± para relegar las responsabilidades a cada universidad. A su vez, estas defienden la independencia de sus departamentos. Finalmente, los departamentos y las comisiones de selecci¨®n alegan ¡°discrecionalidad t¨¦cnica¡± para justificar sus decisiones. A las v¨ªctimas se les da a entender que es imposible luchar contra las injusticias porque el sistema defiende la arbitrariedad. Sin embargo, existen sentencias del Tribunal Supremo en sentido contrario declarando que ¡°la motivaci¨®n del ¨®rgano de selecci¨®n [...] es insuficiente y no queda amparada por la llamada discrecionalidad t¨¦cnica¡± (STS 211/2019). Planteamos:

1. Revisar y velar por la correcta aplicaci¨®n de los conceptos de autonom¨ªa universitaria y discrecionalidad t¨¦cnica. Ser¨ªa recomendable incluir en estos procesos selectivos un recordatorio al art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n: ¡°La Constituci¨®n garantiza [¡­] la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos.¡±
2. Luchar contra la precariedad separando los procesos de estabilizaci¨®n interna de las convocatorias p¨²blicas y de atracci¨®n. En gran parte, la endogamia se debe al uso (fraudulento) de convocatorias supuestamente p¨²blicas como medidas de estabilizaci¨®n del PDI precario de la universidad. No es raro escuchar que tras a?os de contratos precarios a uno/a le van a sacar ¡°su¡± plaza. La FJI apoya las medidas de estabilizaci¨®n, pero es intolerable que se haga tergiversando convocatorias p¨²blicas. Es necesario que existan procesos claramente distinguidos entre la estabilizaci¨®n interna y las convocatorias p¨²blicas de acceso libre.
3. Fomentar la ¡°v¨ªa investigadora¡± y la certificaci¨®n I3 o R3. Defendemos la estabilizaci¨®n del personal investigador en el SUE por medio de la certificaci¨®n I3 (o la futura R3). ?ste ha sido necesariamente valorado nacional o internacionalmente (y no por la universidad) previamente para obtener contratos competitivos (adem¨¢s de la certificaci¨®n de la agencia de acreditaci¨®n ANECA). Por eso pedimos que se aumente el porcentaje de reserva de plazas para ese personal del 15% al 25%, como en los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n (OPIs).
4. Separar la selecci¨®n de las personas candidatas de su adscripci¨®n al centro. Merece la pena discutir un modelo en el que las personas candidatas competir¨ªan a nivel nacional en su ¨¢rea respectiva y solo en una segunda etapa (entre las personas ya seleccionadas) se vincular¨ªan a una universidad que haya ofertado una plaza en esa ¨¢rea. As¨ª funciona, por ejemplo, el programa Ram¨®n y Cajal del Ministerio de Ciencia. ?Podr¨ªan atribuirse as¨ª las plazas de profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor, por ejemplo? S¨ª. Los centros podr¨ªan tener un poder mayor o menor para seleccionar los candidatos (previamente preseleccionados a nivel nacional) en funci¨®n de sus necesidades. Sin embargo, tenemos que evitar el ¡°perfilado¡± excesivo de las plazas. Se convocan muchas con un perfil tan cerrado que solo falta poner el nombre y apellido de la persona que se quiere contratar.

No queremos olvidar que la infrafinanciaci¨®n en el SUE es un agravante para la endogamia, ya que la tendencia a asegurarse los bienes para s¨ª mismo y ¡°los suyos¡± se acent¨²a cuando hay escasez. Sin embargo, no podemos aceptar que sea excusa para justificar la prevaricaci¨®n y la corrupci¨®n generalizada en las universidades p¨²blicas.

Por todo lo expuesto hasta aqu¨ª insistimos en apelar al Ministerio de Universidades y a la CRUE para que aborden el problema de la endogamia y la corrupci¨®n. Ignorar el problema o minimizarlo es un posicionamiento insostenible e intolerable, como tambi¨¦n lo es que un Gobierno progresista opte en la nueva LOSU por delegar ampliamente ¨¦ste y otros muchos temas como la gobernanza de las universidades o las tasas de temporalidad a los claustros y las comunidades aut¨®nomas en una clara dejaci¨®n de funciones.

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