Novedades en la ley de universidades: la ciencia hecha con fondos privados se ver¨¢ en abierto y se implicar¨¢ a la sociedad
La nueva ley obligar¨¢ a los campus a cerrar acuerdos m¨¢s transparentes con las editoriales y a valorar las revistas no catalogadas al evaluar a los profesores
El ministro Joan Subirats anunci¨® en su investidura que dedicar¨ªa espacio a la ciencia abierta, al alcance de todos, en la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU), y ya es un hecho. Un art¨ªculo de la norma, que pronto saldr¨¢ a la luz, dicta que los art¨ªculos cient¨ªficos firmados por el personal docente investigador de las 50 universidades p¨²blicas espa?olas tienen que ser de acceso libre, pero el texto va m¨¢s all¨¢ de lo que dice la reciente ley de ciencia y precisa que no solo se desvelar¨¢ la informaci¨®n cuando la investigaci¨®n se ha financiado mayoritariamente con fondos p¨²blicos (estatales, auton¨®micos o de la Uni¨®n Europea), sino sin importar de d¨®nde proceda el dinero. Adem¨¢s, seg¨²n ha podido saber EL PA?S, los acuerdos con las editoriales tendr¨¢n que ser m¨¢s transparentes y las agencias de acreditaci¨®n valorar¨¢n al evaluar un curr¨ªculo las revistas no indexadas (no incluidas en un repertorio de consulta mundial por su calidad), pero con fuerte impacto en un territorio o en la sociedad.
La propuesta de Subirats aplica la estrategia de open access (acceso abierto) que la Uni¨®n Europea intenta articular desde 2018 y cuya base es muy simple: la investigaci¨®n financiada con dinero p¨²blico deber¨ªa publicarse solamente en revistas y plataformas que permitan su acceso universal y gratuito. Los promotores del Plan S (con ¡°s¡± de science, en ingl¨¦s) fueron Francia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Noruega, Austria, Luxemburgo, Polonia, Suecia, Suiza y Eslovenia y su intenci¨®n es facilitar el acceso a la informaci¨®n cient¨ªfica. El sistema habitual es que un art¨ªculo no se considera v¨¢lido hasta que ha sido ratificado por pares y publicado en una revista de nivel.
El Ministerio de Universidad y la Unesco consideran que el conocimiento cient¨ªfico es ¡°un bien com¨²n¡± y que, por tanto, se debe compartir, pero no solo a trav¨¦s de las publicaciones, sino facilitando al interesado los datos, c¨®digos y metodolog¨ªas. Cada vez m¨¢s revistas publican anexos con los datos en bruto o los c¨®digos libres de los algoritmos utilizados. Este acceso a los datos, si tienen una aplicaci¨®n pr¨¢ctica, puede suponer un motivo de litigio con la empresa que ha financiado el proyecto y quiere tener un r¨¦dito econ¨®mico. Por ejemplo, las secuencias de un virus se comparten por cooperaci¨®n cient¨ªfica, pero datos de otras ¨¢reas de conocimiento plantean m¨¢s reticencias.
El acceso gratuito y libre a los art¨ªculos con independencia de qui¨¦n ha financiado el trabajo afectar¨¢, si sale adelante la LOSU, a los profesores universitarios, pero no a los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n que dependen del Ministerio de Ciencia. Sin embargo, el impacto de la medida es grande, porque el 60% de los documentos publicados entre 2015 y 2019 fueron universitarios, seg¨²n un estudio de la Fundaci¨®n Conocimiento y Desarrollo. Le siguen como fuente el sector sanitario (19,7%) y los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n (17,9%).
Tradicionalmente, los art¨ªculos se publicaban en revistas como Nature ¨Dtras ser revisados por sus pares en un proceso que llevaba muchos meses¨D, se acced¨ªa a ellos mediante una suscripci¨®n anual y pasados unos a?os se pod¨ªa entrar libremente. Eso limitaba mucho su divulgaci¨®n. Pero esa din¨¢mica se ha ido rompiendo porque esas revistas de suscripci¨®n abren contenidos si los autores de los art¨ªculos pagan entre 700 y 3.000 euros por ello (por las publicaciones cerradas tambi¨¦n se cobra). En paralelo, en los ¨²ltimos 20 a?os han nacido cientos de revistas digitales en las que los autores abonan una tarifa para que sus art¨ªculos aceptados sean publicados de forma inmediata.
Las universidades y los centros de investigaci¨®n han promocionado en la ¨²ltima d¨¦cada repositorios en los que se pueden consultar los art¨ªculos ¨Dhay 105 en Espa?a¨D pero menos de un 10% se cuelgan en ellos. Por eso, la LOSU va a obligar a depositar una copia en este almac¨¦n digital, sin perjuicio de que se pueda consultar en otros lugares. Las agencias de acreditaci¨®n (la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n, ANECA, y sus derivadas auton¨®micas) tendr¨¢n que acceder por esta v¨ªa a la consulta de los art¨ªculos, con el fin de agilizar los tr¨¢mites de evaluaci¨®n que resultan interminables para los cient¨ªficos.
El ministerio pretende tambi¨¦n que haya m¨¢s transparencia en las negociaciones de las universidades y el CSIC ¨Dmuchas veces de forma conjunta¨D con los grandes grupos editoriales cl¨¢sicos para facilitar el proceso de apertura de la ciencia. Los convenios tendr¨¢n que ser p¨²blicos. Hay en el mundo 5.000 editoriales de revistas cient¨ªficas, pero solo cinco de ellas son responsables de m¨¢s del 50% de todos los art¨ªculos publicados (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis y Sage).
Publicar en una revista de impacto internacional es b¨¢sico en la progresi¨®n acad¨¦mica de los cient¨ªficos espa?oles: los art¨ªculos son m¨¦ritos fundamentales para acreditarse para presentarse a una plaza, lograr financiaci¨®n para un proyecto o postularse para una estancia en el extranjero. Pero quiz¨¢s esa investigaci¨®n no tenga una aplicaci¨®n pr¨¢ctica, cuando deber¨ªa de ser el objetivo ¨²ltimo en muchos casos. Por eso, el ministerio pretende que las agencias tengan tambi¨¦n en cuenta publicaciones que no est¨¢n indexadas, pero que tienen un fuerte impacto en el territorio o en la sociedad que no est¨¢ cuantificado en ¨ªndices bibliom¨¦tricos (citas, ¨ªndice de impacto, etc¨¦tera).
Por ejemplo, que la ANECA valore el art¨ªculo sobre los ensayos de un tratamiento contra una plaga que afecta al trigo de una comarca espa?ola que no se publicar¨¢ usualmente en un medio extranjero, sino en una revista local de divulgaci¨®n no indexada. En el campo de las letras, hay muchas revistas que no est¨¢n en los repertorios mundiales, parte de ellas solo en castellano, y eso limita la progresi¨®n acad¨¦mica de los investigadores.
Una nube europea
La Uni¨®n Europea est¨¢ desarrollando una nube de datos de investigaci¨®n europea (EOSC) que Universidades quiere promover. En esta red la informaci¨®n cient¨ªfica debe de seguir los principios FAIR (datos f¨¢ciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables) y siempre que sea posible ¨Ddeja abierta la puerta a que no sea as¨ª¨D difundirse en acceso abierto. El sistema actual deja sin acceso a la ciencia bajo suscripci¨®n a los estudiantes, a cient¨ªficos sin medios (aunque hay excepciones con pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo) o a periodistas que pod¨ªan divulgar ese trabajo.
En consonancia con la ciencia abierta, Subirats quiere impulsar la ciencia ciudadana ¨Dinvestigaci¨®n hecha con la participaci¨®n de personas que no son cient¨ªficas¨D mediante la colaboraci¨®n de los consistorios, las comunidades aut¨®nomas, las universidades y las ONG. Los universitarios que participen en estas actividades tendr¨¢n un reconocimiento acad¨¦mico. Podr¨ªa ser con cr¨¦ditos aprobados del grado, pero el ministerio deja la soluci¨®n en manos de los campus.
¡°No seremos capaces de avanzar si no incorporamos la ciencia ciudadana en el propio diagn¨®stico y respuestas a los retos que depara este siglo¡±, asegur¨® Subirats a finales de abril tras reunirse con 15 expertos en este ¨¢mbito. El ministro no habla desde la teor¨ªa, pues puso en marcha algo similar en la Bienal de Pensamiento del Ayuntamiento de Barcelona, donde fue teniente de alcalde de Cultura, Educaci¨®n y Ciencia. En estos multitudinarios encuentros se debati¨® sobre tecnolog¨ªa, urbanismo y ciudades, democracia o futuro.
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