El dictamen de la comisi¨®n sobre Gescartera exime de responsabilidad al Gobierno

El dictamen de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre Gescartera, aprobado hoy gracias a los votos del PP y CiU, exime al Gobierno de responsabilidades pol¨ªticas en este caso, al tiempo que propone una serie de medidas para mejorar los controles en los organismos p¨²blicos relacionados con los mercados financieros.

El dictamen, que ha tenido como base el documento de conclusiones elaborado por el PP, ha incluido tambi¨¦n 10 medidas de reforma propuestas por CiU para evitar casos de estafa similares y media docena de enmiendas del resto de grupos pol¨ªticos, aunque de menor calado.

Los distintos grupos del Parlamento debatir¨¢n en Pleno estas conclusiones previsiblemente la pr¨®xima semana, conjuntamente con los votos particulares que presente la oposici¨®n antes del pr¨®ximo lunes, en los que mostrar¨¢n su rechazo al texto aprobado.

El dictamen sostiene que el caso Gescartera es una "gran estafa" en la que, por acci¨®n u omisi¨®n, tienen responsabilidad una serie de "sujetos privados", como son los clientes de la agencia, la auditora que revis¨® sus cuentas, las entidades bancarias que colaboraron con ella y la Fundaci¨®n ONCE, que iba a ser el accionista de referencia. La acci¨®n de estos sujetos privados hizo que la CNMV se formara una idea equivocada de la situaci¨®n real de Gescartera.

Sin embargo, se exime al Gobierno de responsabilidad porque no tuvo conocimiento, "ni pudo tenerlo", de las vicisitudes de la agencia, por lo que no se encuentran responsabilidades pol¨ªticas "adicionales" a las dimisiones de Enrique Gim¨¦nez-Reyna -ex secretario de Estado de Hacienda- y de Pilar Valiente -ex presidenta de la CNMV- y los ceses de los responsables de las empresas p¨²blicas SAES y Cetarsa.

El documento niega que las actuaciones del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Gim¨¦nez-Reyna y de la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente -ambos dimitidos- favorecieran a Gescartera, como tampoco admite que existiera trato de favor por parte de ninguna administraci¨®n u organismo.

Seg¨²n el texto, no se ha producido ning¨²n quebranto para las arcas p¨²blicas del Estado derivado de decisiones o actuaciones de cargos p¨²blicos, al tiempo que insta a aumentar la vigilancia en relaci¨®n con las incompatibilidades de cargos que hayan pasado por la CNMV.

Tanto CiU como PP se han mostrado satisfechos por el texto del dictamen y han destacado que ning¨²n documento ni compareciente ha implicado al Gobierno en este caso. Sin embargo, el resto de partidos, con la excepci¨®n de Coalici¨®n Canaria, han valorado negativamente el texto, por lo que han votado en contra, y han criticado que el Ejecutivo no asuma sus responsabilidades pol¨ªticas.

Varias ha sido las propuestas de CiU que han sido aprobadas en el documento. Entre ellas est¨¢ la de mejorar los controles para elevar entidades a agencias de valores, establecer mecanismos de control interno en el organismo supervisor y estimular la autorregulaci¨®n del sector financiero.

Otra de las medidas propuestas por los nacionalistas catalanes se refiere a un mayor control parlamentario sobre el nombramiento del presidente de la CNMV. Seg¨²n esta medida, el nombramiento tendr¨¢ que realizarse previa comparecencia del Gobierno ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso, con el objetivo de informar sobre el candidato propuesto.

Otra de las medidas est¨¢ dirigida a prohibir que las personas que han pasado por la CNMV puedan, sin mediar ning¨²n periodo de tiempo, prestar servicios en entidades del sector.

Sin embargo, el PP se ha negado a incluir la propuesta de CiU de que se omitiesen las referencias a la agencia Asesores 2000 y a su responsable, el periodista Roberto Santos. El PP recuerda que el responsable de Gescartera, Antonio Camacho, cit¨® a Asesores 2000 como "comerciales no integrados en la estructura de Gescartera que aportaban clientes especiales". Por ello, el PP pide a los responsables de la SEPI que aclaren las relaciones contractuales mantenidas con empresas vinculadas a Gescartera, sobre todo con Asesores 2000, eso s¨ª, "en los a?os anteriores a 1996".

El PP tambi¨¦n ha aceptado durante la Comisi¨®n incluir en el dictamen media docena de propuestas de los grupos de la oposici¨®n, admisiones que estos partidos agradecen, aunque han precisado que son de "importancia menor".

Entre ellas se encuentra la petici¨®n del PSOE de modificar las leyes para que se ampl¨ªen las obligaciones de las auditoras cuando inspeccionan a las empresas de servicios de inversi¨®n y otra relativa a la b¨²squeda de acuerdos para garantizar la transparencia del sistema financiero europeo.

El PP ha admitido tambi¨¦n la solicitud del Grupo Mixto de que se regule el control de las inversiones en para¨ªsos fiscales, las del PNV de que se reformen las comisiones de investigaci¨®n y se ponga en marcha el Fondo de Garant¨ªa de Inversiones, y se estudiar¨¢ una nueva propuesta del PSOE sobre inversiones de entidades sin ¨¢nimo de lucro.

Ninguna petici¨®n de responsabilidades

Tras la reuni¨®n a puerta cerrada de la Comisi¨®n para elaborar el dictamen, los partidos de la oposici¨®n han criticado la decisi¨®n del PP de no incluir en el documento ninguna petici¨®n de responsabilidades, cuando "hay elementos suficientes para solicitar dimisiones", seg¨²n el portavoz del PNV, Pedro Mar¨ªa Azpiazu.

El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, ha acusado al PP de haber redactado un dictamen de medidas que "se quedan en la superficie del problema" pues asumen que hay organismos que deben mejorar su funcionamiento "pero no dicen c¨®mo".

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, ha criticado que el PP no aceptara ninguna de las propuestas presentadas por su grupo y ha acusado a este partido de "falta de generosidad y realismo" por negarse a asumir responsabilidades cuando los ¨®rganos reguladores "han fallado rotundamente en una estafa" y el Banco de Espa?a ha tenido un comportamiento "deleznable y ab¨²lico".

Por su parte, el diputado de ERC (en representaci¨®n del Grupo Mixto), Joan Puigcerc¨®s, ha cuestionado la validez de las comisiones de investigaci¨®n cuando existen mayor¨ªas absolutas en los parlamentos, ha criticado la incapacidad de la CNMV y la Agencia Tributaria para detectar la estafa de Gescartera y ha propuesto el traslado del organismo supervisor a Barcelona, lo que ha sido rechazado por el PP.