Discurso de Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega en el debate parlamentario de aprobaci¨®n del Estatut

Se?or presidente, se?or¨ªas, se?or presidente de la Generalitat de Catalu?a, se?oras y se?ores diputados del Parlament de Catalu?a, es para m¨ª un honor intervenir al inicio de esta sesi¨®n en la que vamos a considerar y votar el texto de reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, aprobado por la Comisi¨®n Constitucional de esta C¨¢mara.

Como SS.SS. recordar¨¢n, el 14 de marzo de 2004 ya se encontraban en fase de tramitaci¨®n varios procesos de reforma de estatutos de autonom¨ªa y se hab¨ªa anunciado la reforma de otros tantos.

Transcurridos m¨¢s de 25 a?os desde que los primeros estatutos comenzaran su andadura, hab¨ªa cristalizado en muchas comunidades aut¨®nomas, entre ellas la de Catalu?a, la necesidad de abordar una reforma estatutaria que permitiese adaptarlos a las nuevas demandas sociales. Por eso, en nuestro programa electoral ya asumimos el compromiso de apoyar estas reformas. Desde nuestra participaci¨®n activa en la construcci¨®n de la convivencia democr¨¢tica, siempre hemos estado convencidos tanto de las bondades del modelo de descentralizaci¨®n pol¨ªtica dise?ado por el constituyente de 1978, como del ¨¦xito del desarrollo del autogobierno que ha venido materializ¨¢ndose en este ¨²ltimo cuarto de siglo. De hecho, el apoyo a la aprobaci¨®n de las reformas estatutarias no es un elemento aislado de la pol¨ªtica auton¨®mica del Gobierno. Que los ciudadanos se identifiquen con las leyes que les afectan y las instituciones que les gobiernan constituye una condici¨®n casi ineludible para el ¨¦xito de la convivencia democr¨¢tica. Pues bien, por ello, mediante el incremento de la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en los asuntos estatales, el Gobierno ha dado un paso m¨¢s. Ha querido incrementar la integraci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos porque, junto a la libertad para gobernarse en com¨²n y consensuar normas, nos parece esencial que los ciudadanos se sientan reconocidos en el marco institucional que les permita desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad jur¨ªdica definida por unos derechos comunes. Porque solo en esa comunidad jur¨ªdica que la Constituci¨®n de 1978 plasma tan adecuadamente puede tener lugar aquello que Habermas denomin¨® la inclusi¨®n del otro, su reconocimiento como sujeto en igualdad de derechos. Y eso es lo que hace la articulaci¨®n territorial de nuestra Constituci¨®n a trav¨¦s de nuestras autonom¨ªas y eso es lo que, lejos de romper, hacen precisamente nuestros estatutos, d¨¢ndole a esa comunidad de derechos una expresi¨®n mucho m¨¢s acabada.

Se?or¨ªas, nadie puede dudar hoy de que el reconocimiento de la identidad y las singularidades de los pueblos y territorios que integran Espa?a y la plena aceptaci¨®n de su diversidad ha cohesionado la vida en com¨²n y ha hecho m¨¢s fuerte el proyecto compartido que es Espa?a. El Estado de las autonom¨ªas ha generado gobiernos m¨¢s pr¨®ximos a los ciudadanos y eso ha permitido la realizaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas m¨¢s eficientes y competitivas, que han repercutido muy favorablemente en el progreso econ¨®mico y social del conjunto de la naci¨®n. Por eso, en su discurso durante el debate de investidura, el presidente del Gobierno afirm¨® que reformar los estatutos es optar por vivir dentro de ellos, es aplicar la Constituci¨®n, y a?adi¨® que los procesos de reforma ten¨ªan que cumplir tres condiciones: ser respetuosos con la Constituci¨®n, ser aprobados mediante mayor¨ªas que supongan un amplio consenso pol¨ªtico y social, y finalmente responder a las necesidades realmente sentidas por los ciudadanos. Porque, se?or¨ªas, la reforma estatutaria solo tiene sentido si incrementa la cohesi¨®n social entre los ciudadanos y los territorios de Espa?a, desde una comprensi¨®n positiva de su pluralidad constitutiva.

Se?or presidente, se?or¨ªas, el pasado 2 de noviembre se inici¨® el debate en esta C¨¢mara de la propuesta de reforma del Estatuto de Catalu?a. Hoy estamos aqu¨ª para pronunciarnos sobre el resultado final de un intenso y fruct¨ªfero trabajo parlamentario. El camino transitado durante estos meses ha tenido como denominador com¨²n el consenso tanto en su punto de partida en Catalu?a -donde una ampl¨ªsima mayor¨ªa aprob¨® la propuesta de reforma-, como hoy en su punto de llegada; un consenso que se ha forjado en el debate y en la negociaci¨®n leal y abierta, a partir de la voluntad compartida de responder a las demandas de mejor autogobierno y, al mismo tiempo, de profundizar en la construcci¨®n arm¨®nica y estable de nuestro Estado de las autonom¨ªas.

Porque un Estatuto goza de una doble condici¨®n, la de su incidencia en el territorio en el que se aplica y en el m¨¢s amplio del marco en el que se inserta. Es decir, no es solo una norma institucional b¨¢sica, la norma institucional b¨¢sica de cada comunidad, sino que por su posici¨®n especial incide tambi¨¦n en el proyecto com¨²n de convivencia de todos los espa?oles. Y es a esta doble condici¨®n a la que responde el procedimiento de aprobaci¨®n de todo texto estatutario, un procedimiento cuyo sentido es la exigencia de di¨¢logo, di¨¢logo entre parlamentos, el auton¨®mico y las Cortes Generales, y di¨¢logo entre los grupos parlamentarios, all¨ª y aqu¨ª, con el fin de integrar perspectivas distintas que conduzcan a un acuerdo a la altura de la vocaci¨®n de futuro y estabilidad de la norma que fija el marco de Gobierno de la comunidad aut¨®noma correspondiente y que es parte integrante de la estructura territorial del Estado. Respeto a los procedimientos parlamentarios y confianza en el debate pol¨ªtico; esa ha sido siempre nuestra posici¨®n. Creemos, porque creemos en el di¨¢logo y en la b¨²squeda del entendimiento, y rechazamos la dial¨¦ctica de la confrontaci¨®n que contradice la relaci¨®n democr¨¢tica basada en la convivencia y en la concordia c¨ªvica; porque creemos que solo integrando la diversidad en la unidad es posible construir una Espa?a mejor, m¨¢s tolerante, m¨¢s solidaria y m¨¢s fuerte; una Espa?a de todos y para todos, una Espa?a sin exclusiones ni excluidos. Esta misma actitud ha presidido nuestro quehacer en todas y cada una de las distintas fases que hoy jalonan la tramitaci¨®n de la propuesta de reforma de Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a que aqu¨ª debatimos.

Cuando la iniciativa de reforma fue definitivamente aprobada por el Parlamento de Catalu?a algunas fuerzas pol¨ªticas la tacharon de inconstitucional; afirmaron incluso que era una reforma encubierta de la Constituci¨®n. Frente a ello el Gobierno sostuvo con firmeza que en un sistema de justicia constitucional concentrada, como es el nuestro, no existen modificaciones t¨¢citas de la Constituci¨®n ni es posible anticipar juicios de constitucionalidad de la ley con pretendido valor jur¨ªdico. Defendimos, en consecuencia, la decisi¨®n de la Mesa de esta C¨¢mara admitiendo a tr¨¢mite la propuesta. Hicimos lo correcto, lo que exige nuestra democracia, abrir las puertas al debate, a la reflexi¨®n razonada, al argumento constratado, al intercambio de ideas, y no nos equivocamos, tal y como lo ha confirmado el Tribunal Constitucional. En esta ocasi¨®n se han vuelto a demostrar una vez m¨¢s las bondades del debate parlamentario; su capacidad para encauzar por la senda de lo racional y lo razonable los t¨¦rminos de cualquier posici¨®n; su vigor para extraer de entre los distintos argumentos los mejores resultados, y conviene subrayarlo, su potencia para esclarecer equ¨ªvocos y deshacer falsedades. El procedimiento de discusi¨®n de esta propuesta de reforma estatutaria es una buena muestra de que el debate parlamentario razonado y detallado, m¨¢s all¨¢ de proclamaciones enf¨¢ticas y de peticiones de principio, da resultado y permite que incluso quienes propusieron una norma acepten una propuesta alternativa o la maticen para recoger las preocupaciones e intereses de otros grupos.

Se?or¨ªas, el texto que se somete a la consideraci¨®n de este Pleno, este Estatuto, es producto del m¨¢s profundo sentido democr¨¢tico; del acuerdo guiado por las reglas y los procedimientos previstos; un acuerdo cuyo efecto es sin duda la mejor argamasa para cohesionar nuestro Estado auton¨®mico; un acuerdo que tanto en su esp¨ªritu como en su letra es plenamente conforme a nuestra Constituci¨®n.

Cada uno de los art¨ªculos del dictamen ha pasado el cedazo del examen cr¨ªtico y el an¨¢lisis pausado de la Comisi¨®n. Se ha ponderado el encaje de cada pieza en la funcionalidad del sistema de distribuci¨®n territorial y el resultado es, como no pod¨ªa ser de otro modo, un texto constitucional. Aunque el Tribunal Constitucional ostente el monopolio de rechazo de las normas con rango de ley, la defensa y la garant¨ªa de la Constituci¨®n corresponde a todas las instituciones de nuestra democracia. Sin duda, las Cortes Generales son garantes del respeto de nuestra norma suprema a trav¨¦s del ejercicio de sus funciones, porque la Constituci¨®n no es solo criterio de validez de la norma, sino tambi¨¦n gu¨ªa y marco de acci¨®n para todo aquel que ejerce poder en nombre de los ciudadanos.

Este dictamen es producto de la aplicaci¨®n sin excepciones del criterio del pleno respeto a la Constituci¨®n, de sus procedimientos y de sus contenidos. Se?or¨ªas, si la Constituci¨®n es la garant¨ªa de nuestro proyecto com¨²n de convivencia, este Estatuto, respet¨¢ndola, la fortalece. No hay lugar para la a?agaza de la quiebra del Estado o de la ruptura de Espa?a. El intenso trabajo realizado en el seno de la ponencia de la Comisi¨®n Constitucional entre los representantes del Congreso y la delegaci¨®n del Parlamento de Catalu?a ha permitido alcanzar un acuerdo fundamental sobre los contenidos del Estatuto que sirvi¨® de s¨®lida base para la elaboraci¨®n de este dictamen. En las sesiones de la Comisi¨®n todas las voces han sido o¨ªdas, todos han tenido ocasi¨®n de expresar sus posiciones y formular sus argumentos. La Comisi¨®n Constitucional, con un orden y una programaci¨®n en muchos de sus aspectos novedosos, puesto que era la primera vez que se tramitaba la reforma de un Estatuto del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n, ha sabido aunar la conocida experiencia de su presidente con el buen hacer de todos sus miembros. El esfuerzo conjunto, tras horas intensas de debate pol¨ªtico, ha dado sus frutos hoy, se?or¨ªas. Esos frutos se someten a la aprobaci¨®n de este Pleno en un nuevo Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a; un Estatuto que es la conjunci¨®n democr¨¢tica de la voluntad del Parlamento catal¨¢n y de estas Cortes Generales; un Estatuto que renueva el pacto pol¨ªtico de 1979 y que vigoriza y consolida la unidad de todos los pueblos de Espa?a.

Se?or¨ªas, hoy vamos a votar un texto que como estatuto de autonom¨ªa es un excelente estatuto para Catalu?a y como ley org¨¢nica es una excelente ley del Estado. Es bueno para Catalu?a porque reconoce su identidad, porque aumenta su autogobierno y mejora su calidad al servicio de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y es bueno para el conjunto del Estado porque se circunscribe plenamente a la Constituci¨®n, porque reafirma el compromiso democr¨¢tico de convivencia dentro de un mismo Estado y porque al integrar y reconocer la diversidad de ese Estado se enriquece, permitiendo la convivencia de las m¨²ltiples sensibilidades y modos diferentes de entender nuestra propia identidad y porque al enriquecerse se hace m¨¢s participativo ganando en cohesi¨®n social y estabilidad pol¨ªtica.

El Estatuto de Sau de 1979 ha rendido unos frutos extraordinarios en t¨¦rminos de progreso y bienestar. Mantener la vitalidad de ese instrumento de Gobierno requer¨ªa adecuarlo a las nuevas realidades pol¨ªticas, econ¨®micas y sociales que se han desarrollado a lo largo de estos m¨¢s de 25 ¨²ltimos a?os y requer¨ªa dar respuestas a las nuevas demandas de los ciudadanos del siglo XXI. Con esta reforma se renueva el compromiso de las instituciones con la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a.

Porque el ejercicio eficaz de la autonom¨ªa requer¨ªa, se?or¨ªas, tras 25 a?os de experiencia auton¨®mica, clarificar los respectivos ¨¢mbitos de competencia, asegurando que la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado no extralimite -como a veces ha ocurrido con demasiada frecuencia- los espacios que constitucionalmente tiene reservados y requer¨ªa actualizar y ampliar el marco competencial para afrontar los nuevos ¨¢mbitos de responsabilidad y actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos auton¨®micos derivados de la evoluci¨®n tecnol¨®gica, de los avances sociales, como las pol¨ªticas de g¨¦nero, de la integraci¨®n de la inmigraci¨®n o las referidas a las comunicaciones electr¨®nicas o a las nuevas tecnolog¨ªas. La tipolog¨ªa y las t¨¦cnicas empleadas para deslindar las competencias se ajustan plenamente a los par¨¢metros constitucionales y a su interpretaci¨®n jurisprudencial, al tiempo que conforman un marco dentro del cual los poderes p¨²blicos catalanes van a poder dise?ar pol¨ªticas propias sobre los respectivos ¨¢mbitos materiales. Este nuevo marco competencial implica correlativamente una mayor responsabilidad de la comunidad aut¨®noma, porque profundizar en las competencias supone, sin duda, acercar m¨¢s el poder p¨²blico a los problemas y a sus soluciones, pero tambi¨¦n supone que cuanto m¨¢s se aproxime a las competencias, m¨¢s responsabilidad tiene la administraci¨®n. A todos se nos va a exigir que la profundizaci¨®n en la descentralizaci¨®n pol¨ªtica conlleve una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos.

Pues bien, el reconocimiento en el Estatuto de un cat¨¢logo de derechos, lejos de afectar al conjunto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci¨®n, como se ha llegado a afirmar -a mi juicio- equivocadamente, refuerza su cumplimiento y su garant¨ªa, porque los poderes p¨²blicos de Catalu?a asumen obligaciones adicionales a favor de la realizaci¨®n de bienes b¨¢sicos como la salud, la atenci¨®n a las personas vulnerables o el medio ambiente, entre otros. Como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, la igualdad de derechos no puede concebirse como una rigurosa y monol¨ªtica configuraci¨®n del ordenamiento jur¨ªdico; antes bien, con la debida reserva respecto de las condiciones b¨¢sicas a las que se refiere el art¨ªculo 141.1 de la Constituci¨®n, la potestad legislativa de las comunidades aut¨®nomas hace que nuestro ordenamiento tenga una estructura compuesta, por obra de la cual la posici¨®n jur¨ªdica de los ciudadanos puede ser distinta en las distintas partes del territorio nacional. En coherencia con todo ello, los ciudadanos de Catalu?a, a trav¨¦s de sus representantes leg¨ªtimos han decidido democr¨¢ticamente que su Estatuto incorpore nuevos derechos a la par que nuevas obligaciones para los poderes p¨²blicos que ellos eligen y cuya responsabilidad pol¨ªtica tambi¨¦n exigen. Una opci¨®n constitucionalmente impecable que, sin duda, mejora el Estatuto jur¨ªdico de los ciudadanos de aquella comunidad aut¨®noma. Resultaba asimismo necesario aumentar y mejorar la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en aquellas decisiones estatales que directamente afectan a sus competencias y, de modo especial, a su intervenci¨®n en los procesos de formaci¨®n de la voluntad del Estado en el seno de la Uni¨®n Europea. Es obligado reconocer que el proceso de cesi¨®n de competencias a la Uni¨®n Europea ha incidido en muchos casos en la distribuci¨®n interna de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, por lo que, al igual que ha ocurrido en otros Estados miembros con entidades pol¨ªticas subestatales dotadas de potestad legislativa, era necesario disponer de cauces de participaci¨®n y colaboraci¨®n institucional que integrasen y posibilitasen la formaci¨®n de una voluntad com¨²n. El Estatuto que hoy se somete a la aprobaci¨®n de esta C¨¢mara incorpora soluciones en esta materia plenamente generalizables a las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas y compatibles con procesos decisorios eficaces y capaces de reducir la complejidad; con ello se refuerza la posici¨®n del Estado y su voluntad recibe un plus de legitimaci¨®n.

Finalmente, se mejora la financiaci¨®n incrementando no solo sus recursos, sino tambi¨¦n su responsabilidad fiscal, incorporando un conjunto de principios que son generalizables para todas las comunidades aut¨®nomas con el fin de conseguir haciendas m¨¢s competitivas y capaces de atender a los servicios y prestaciones que precisan los ciudadanos.

Una vez m¨¢s, al mismo tiempo que estos, aumenta tambi¨¦n la responsabilidad de la comunidad aut¨®noma a la hora de gestionar esos mayores recursos. En consecuencia, m¨¢s autogobierno s¨ª, pero m¨¢s responsabilidad tambi¨¦n.

Se?or¨ªas, incrementar cuantitativa y cualitativamente el autogobierno tiene un destinatario com¨²n: la ciudadan¨ªa. Ella es la raz¨®n de ser del proyecto de convivencia plural que sustenta nuestra Constituci¨®n y tambi¨¦n el aliento que anima este Estatuto de Autonom¨ªa, un Estatuto que permite a los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a responsabilizarse de las pol¨ªticas de acogida y empleo de los inmigrantes que lleguen a su comunidad, que en el marco de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial articula una Administraci¨®n de justicia m¨¢s integrada en el territorio, pr¨®xima al ciudadano y conocedora de sus preocupaciones y vivencias jur¨ªdicas; un Estatuto que abre las puertas a una ordenaci¨®n del territorio m¨¢s ajustada a la realidad geogr¨¢fica y cultural o que, sin perjuicio del irrenunciable principio de unidad de mercado, asegura a los emprendedores y emprendedoras de Catalu?a que contar¨¢n con instrumentos de promoci¨®n y defensa de la competencia, con el reconocimiento por la Generalitat de la denominaci¨®n de origen de sus productos o que podr¨¢n beneficiarse de las amplias posibilidades que se vinculan a las nuevas competencias sobre comercio, industria, tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n o de regulaci¨®n de la econom¨ªa social y las cooperativas, un Estatuto, en fin, que se ocupa y se preocupa de los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a y que para ello edifica unos poderes p¨²blicos m¨¢s ¨¢giles, m¨¢s cercanos y m¨¢s transparentes.

Se?or¨ªas, con la aprobaci¨®n de este Estatuto estamos apostando decididamente por la estabilidad del sistema auton¨®mico, por su generalizaci¨®n, porque en ¨¦l se garantiza de manera efectiva el espacio propio y el ejercicio seguro de la autonom¨ªa pol¨ªtica y se da cauce de este modo a la satisfacci¨®n de las demandas de reconocimiento y bienestar de los ciudadanos de Catalu?a y tambi¨¦n porque se fortalecen los mecanismos de cooperaci¨®n y de comunicaci¨®n entre las administraciones. As¨ª, al principio general de lealtad constitucional y a la responsabilidad compartida en la realizaci¨®n del inter¨¦s, se unir¨¢n instrumentos m¨¢s ¨¢giles y m¨¢s eficaces para la cooperaci¨®n y la coordinaci¨®n de las administraciones.

Estoy segura de que, como aconteci¨® con el de Sau, el Estatuto que hoy vamos a votar tambi¨¦n dejar¨¢ una especial huella en nuestra historia, en la historia de Catalu?a y en la de Espa?a, pero tambi¨¦n, se?or¨ªas, en la historia de nuestra democracia parlamentaria y de su capacidad para hacernos avanzar juntos desde el di¨¢logo y la comprensi¨®n, afrontando con renovadas energ¨ªas los retos que nos depara el futuro. Por todo ello el Gobierno se congratula del resultado de este proceso, felicita a las fuerzas pol¨ªticas que han participado en el mismo y manifiesta su convicci¨®n de que, una vez concluida la tramitaci¨®n en el Senado, los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a valorar¨¢n muy positivamente los avances que para Catalu?a y su autogobierno trae consigo el nuevo marco institucional resultante de este proceso de reforma.

Concluyo y perm¨ªtame que lo haga uni¨¦ndome a la cadena que inici¨® don Amadeu Hurtado durante la discusi¨®n del Estatuto de 1932 y que continu¨® en el debate de 1979 el diputado se?or Roca. Dijo Hurtado y recordaba Roca: Tengo la absoluta seguridad de que dentro de muy poco tiempo, menos del que todos pensamos, los que hayan votado el Estatuto y los que no lo hayan votado querr¨¢n tener todos el honor de haberlo votado. Yo lo suscribo. Muchas gracias.