"Creo que los dirigentes de Batasuna no condenar¨¢n la violencia"

Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, 59 a?os, apenas conoc¨ªa al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, cuando ¨¦ste le invit¨® al Palacio de la Moncloa, la tarde del 7 de febrero. Aunque, como ¨¦l mismo suele decir, so?ar es gratis, este fiscal de toda la vida jam¨¢s hab¨ªa atisbado la posibilidad de ser ministro. Al o¨ªr la decisi¨®n de labios del presidente, le pregunt¨®: “?Est¨¢s seguro de que quieres que yo sea ministro de Justicia?”. Zapatero le dijo que “absolutamente”. “Te lo pregunto porque el que no est¨¢ seguro soy yo”, apunt¨® Fern¨¢ndez Bermejo.

Esta decisi¨®n, “que no pod¨ªa no aceptar”, rememora Fern¨¢ndez Bermejo la tarde del viernes pasado, en su despacho de la calle de San Bernardo, cay¨® cuando ya estaba “normalizada” su vida como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, tras los a?os de plomo de la depuraci¨®n que sufri¨® por iniciativa del entonces ministro Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila y el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal. “Eso s¨ª, a los minutos de aceptar el cargo, ya generaba la adrenalina de otras ¨¦pocas”, bromea. Hace poco m¨¢s de un mes que trabaja bajo el retrato de Manuel Alonso Mart¨ªnez, pero parece que llevara aqu¨ª toda la legislatura. He aqu¨ª los tramos de la amplia conversaci¨®n que mantuvo con EL PA?S:

"ETA hablaba de un alto el fuego, y Batasuna se fundamentaba en eso para muchas cosas. Esa tregua salt¨® por los aires en forma de muertos"

"No nos podemos permitir el lujo de que la Sala del 61 [que juzga a Batasuna] est¨¦ bajo sospecha. Si algo se ha hecho mal hay que rectificarlo"

"El PP est¨¢ dirigido por un grupo de frustrados. Esta descripci¨®n no es peyorativa. Perdieron unas elecciones con expectativas de ganarlas"

"El PP no hubiese podido movilizar a la gente diciendo la verdad. La mentira es rentable al menos a corto plazo; a la larga, ya se ver¨¢"

Pregunta. Hemos llegado al l¨ªmite de plazos para los dirigentes de la Batasuna ilegalizada. ?Cu¨¢les son las posibilidades de que Otegi y los suyos presenten un proyecto de partido en regla para las elecciones municipales de mayo pr¨®ximo? ?Est¨¢ trabajando usted en esto o simplemente espera el momento?

Respuesta. Trabajo en este asunto desde que llegu¨¦ aqu¨ª. Nosotros no podemos esperar. El servicio jur¨ªdico del Estado est¨¢ absolutamente en tensi¨®n. Era un tema en ciernes cuando llegu¨¦. Esta ma?ana [viernes 16 de marzo] hemos tenido la ¨²ltima reuni¨®n con el Ministerio del Interior a nivel t¨¦cnico porque tenemos en marcha un operativo, sobre el cual l¨®gicamente debo ser discreto. Su finalidad es que la ley se cumpla. Es sencillo: hay una ley de partidos vigente y debe cumplirse. Creo que esa ley debe mantenerse mientras existan en este pa¨ªs grupos que no aceptan el juego democr¨¢tico. Y debe aplicarse con la contundencia que exige el momento. Batasuna est¨¢ ilegalizada, por tanto no puede comparecer en sus condiciones. Pero s¨ª pueden intentar, y lo har¨¢n, naturalmente que lo har¨¢n, comparecer con otras alternativas. Desde su ilegalizaci¨®n han ido afinando sus m¨¦todos en cada una de las sucesivas elecciones. Siempre han tenido un plan a, b y c, como opciones que pon¨ªan en marcha sucesivamente. A m¨ª me toc¨® ilegalizar la marca Aukera Gustiak. No hubo problemas. Demostramos que era una sucesi¨®n de Batasuna con las pruebas que seg¨²n el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hay que aportar a un tribunal para demostrar que determinado partido o agrupaci¨®n, en aquel caso una agrupaci¨®n, era continuidad o sucesi¨®n de la ya ilegalizada. Se consigui¨® y punto. Y ahora vamos a un escenario que tendr¨¢ un parecido enorme? porque se intentar¨¢ de nuevo...

P. Sin trampa?

R. S¨ª, claro que hay un modo de hacerlo leg¨ªtimamente. Ya saben cu¨¢l es: atenerse a la legalidad democr¨¢tica. Cumplir estrictamente la Ley de Partidos. En este caso no habr¨¢ problemas. Pero, claro, uno tiene la sospecha?

P. Dig¨¢mosla

R. Estamos hablando de un colectivo que ha sido ilegalizado, de alguien sobre el que ya se ha declarado su vinculaci¨®n con una organizaci¨®n terrorista, raz¨®n de su colocaci¨®n fuera de la ley. Si ahora se pretendiera acudir a las elecciones locales legalmente deber¨ªa quedar meridianamente clara la desvinculaci¨®n. Por ah¨ª hay que empezar. La condena de la violencia terrorista. Sin esta condena no hay viabilidad. ?C¨®mo se va a creer nadie que hay una voluntad democr¨¢tica si alguien que ha sido ilegalizado por su vinculaci¨®n, por dar cobertura pol¨ªtica al terrorismo, no se desvincula de esa situaci¨®n? Por ah¨ª hay que empezar. Si eso no se hace, es inviable.

P. Aunque la ley no exige la condena expl¨ªcita de la violencia, en este caso, en el de una organizaci¨®n ilegalizada en presunto tr¨¢nsito hacia la acci¨®n democr¨¢tica, ?no es acaso una condici¨®n tanto m¨¢s ineludible cuando la banda terrorista ETA acaba, el 30 de diciembre pasado, de atentar en la T-4 de Barajas con el saldo de dos muertos?

R. S¨ª, claro, ¨¦se es el tema. Quiz¨¢ desde el mundo de Batasuna las cosas se ven de otra manera. Supongo que ellos la ver¨¢n de otra manera. Pero no es nuestra manera de ver este tema. Para nosotros, lo que ha habido es grav¨ªsimo. Porque la organizaci¨®n terrorista ETA hablaba de un alto el fuego y Batasuna se fundamentaba en esa tregua para muchas cosas y de repente, unilateralmente, esa tregua salt¨® por los aires en forma de muertos. No puedo aceptar el discurso del accidente, vamos. Es un sarcasmo que no vamos a tolerar. No hay accidentes en estas cosas. Cuando se coloca la dinamita ocurre exactamente eso. Nadie se puede llamar a andanas ahora. El tema est¨¢ como est¨¢. Conclusi¨®n: en estas circunstancias ?s¨®lo han pasado dos meses y medio desde el atentado de Barajas? hay que resultar muy convincente. ?Ellos saben c¨®mo tienen que hacerlo, si no?! El tema es que uno tiene que estar preparado para lo cree que va a venir, que es que no lo van a hacer. Y a partir de ah¨ª, el Estado democr¨¢tico se tiene que defender. No podemos seguir en un juego en el que no estamos dispuestos a seguir.

P. No pasan, pues, por el aro.

R....A m¨ª me gustar¨ªa que s¨ª. Ser¨ªa magn¨ªfico. Y ser¨ªa m¨¢s fenomenal todav¨ªa que ETA anunciase el abandono de las armas. Ser¨ªa maravilloso. Pero a uno le pagan para estar aqu¨ª pensando que las cosas son de otro modo? y para actuar en consecuencia?

P. La pregunta de si van a pasar por el aro o por la ventanilla de la Ley de Partidos suscita inmediatamente la imagen de que ETA va proclamar que deja las armas, ?por qu¨¦? Porque podr¨ªa darse que ellos condenasen la violencia sin que ETA diga que lo deja.

R. Bueno, aqu¨ª se pueden dar todos los escenarios y hay que ver qu¨¦ hacer luego; es decir, c¨®mo valoramos jur¨ªdicamente eso. Como so?ar es gratis, y la inmensa mayor¨ªa de este pa¨ªs desea ese momento, el mejor escenario ser¨ªa que ETA anunciara que se disuelve? Si eso ocurriera, habr¨ªa desaparecido la raz¨®n de ser de todo lo dem¨¢s.

P. Evidente. Pero como no es ETA quien, al menos formalmente, la que debe pasar por ventanilla, sino los dirigentes de la ilegalizada Batasuna que dicen querer hacer pol¨ªtica en el marco democr¨¢tico?

R. Ya saben: hay que desvincularse de una manera convincente de la organizaci¨®n terrorista, porque si no? Estamos hablando dando vueltas a la noria?

P. El presidente del Gobierno ha dicho que el caso De Juana no forma parte de ning¨²n proceso, y el ministro del Interior tambi¨¦n lo subray¨®. Se trata de evitar males mayores, provocaciones. El desenlace de la legalizaci¨®n o ilegalizaci¨®n de una fuerza originada en Batasuna, el eventual cierre de puertas, ?acaso no supone potenciales males mayores?, ?no va a producir excitaci¨®n?

R. Nadie cierra las puertas aqu¨ª a nadie. Las puertas est¨¢n abiertas para todos. Es la misma puerta por la que hay que pasar. Hay quien pasa y hay quien no quiere. La puerta de la legalidad est¨¢ abierta para todos. No hay m¨¢s que trasponerla. Es un acto voluntario. Nosotros ni a?adimos ni quitamos. Desde el punto de vista de la justicia la cosa es muy clara. La puerta de la legalidad democr¨¢tica est¨¢ para el que la quiera abrir. Es un acto libre?

P. En materia de legalidad, ?ya sabe usted lo que ha pasado con el ingreso de un magistrado conservador en la Sala del Tribunal Supremo que decidir¨¢ sobre la legalizaci¨®n de la ex Batasuna y a quien no le correspond¨ªa estar all¨ª?, ?c¨®mo se va a reparar la situaci¨®n? ?El magistrado que no debi¨® ser destinado a esa Sala, la del 61, [Antonio Salas] ser¨¢ enviado a otra Sala, y la magistrado progresista que debi¨® ir a ella por ley [Encarnaci¨®n Roca] ser¨¢ designada all¨ª?

R. Pues algo m¨¢s s¨¦ yo, y tambi¨¦n mis colaboradores que est¨¢n trabajando sobre ello. Ha habido cierta confusi¨®n, pero vamos sabiendo qu¨¦ ocurri¨®. Hay un escrito del secretario general del CGPJ [Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n] que lo aclara bastante. All¨ª se pone de relieve que ha habido unas instrucciones del presidente [del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Jos¨¦ Hernando]. Esas instrucciones se han traducido en que las cosas han salido bastante raras. Quiero dejar claro que no puedo ni quiero hablar de malas intenciones o de manipulaci¨®n. No. Aclarado por delante esto, s¨ª quiero decir que algo se ha hecho mal. Algo se ha tenido que hacer mal porque el resultado es obvio. Los servicios jur¨ªdicos est¨¢n analizando la situaci¨®n. Desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, no nos podemos permitir el lujo de que la Sala del 61 est¨¦ bajo sospecha. De ninguna manera. Por tanto, si se confirma que algo se ha hecho mal y que el resultado es que no est¨¢ all¨ª quien debe estar, hay que rectificarlo. Los servicios jur¨ªdicos est¨¢n viendo qu¨¦ se puede hacer, que parte nos puede tocar a nosotros para que eso se rectifique.

P. El que no deb¨ªa ir a esa Sala tiene que dejar el lugar a quien deb¨ªa, en legalidad, ocupar ese sitio, ?cu¨¢l es el problema?

R. Esto no se arregla haciendo la segunda parte. Parece que el problema est¨¢ en la decisi¨®n que se adopt¨® anteriormente, en la ¨²ltima ocasi¨®n en que hubo cuatro magistrados en la Sala de lo Civil y que acab¨® yendo a la Sala del 61 el que no correspond¨ªa. Esto es lo que hay que intentar analizar. Y si se confirmara que no fue aquel al que le correspond¨ªa ir, repito, hay que rectificarlo. Porque el escenario de una Sala del 61 baja sospecha de mala constituci¨®n no es el escenario en el que debe trabajar la justicia.

P. El tiempo vuela, ?cu¨¢ndo se va rectificar caso de que se trata de un error?

R. Es una decisi¨®n que se tom¨® hace dos a?os. Los plazos en derecho son relevantes. Por eso estamos viendo qu¨¦ se puede hacer. Hay que establecer si est¨¢ mal y si es subsanable.

P. ?Cu¨¢ndo tom¨® conocimiento usted de esta situaci¨®n?

R. Un grupo de vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se hab¨ªa preocupado a trav¨¦s de un escrito al Pleno en el que mencionaban una noticia, filtrada al parecer por parte de la mayor¨ªa conservadora, en sentido contrario. Les estaban acusando a los progresistas de una presunta manipulaci¨®n por la cual en la ¨²ltima hornada fuera un magistrado progresista al Consejo. Ellos se quejaron. Y se empez¨® a ver que el criterio que se aplicaba ahora no es el que se utilizaba anteriormente. Cuando se indaga se empiezan a saber cosas. Pareci¨® al principio que era un error puramente mec¨¢nico de los ¨®rganos t¨¦cnicos; m¨¢s tarde se crey¨® que era un error en el env¨ªo de los decretos, y ahora, a la luz del escrito del secretario general del CGPJ las cosas est¨¢n m¨¢s claras. Hay ¨®rdenes del presidente del CGPJ. Otra cuesti¨®n, insisto, es que aqu¨ª nadie prejuzga intenciones sino an¨¢lisis para ver si algo que se ha hecho mal y si es as¨ª c¨®mo subsanarlo.

P. ?Esto no nos lleva, acaso, a un problema con el que se ha enfrentado el llamado proceso de paz desde sus comienzos? A saber: ?c¨®mo lanzarse en un mundo judicial donde sobrevive el poder de la derecha en las instituciones?

R. Cuando ese proceso comenz¨®, no estaba yo aqu¨ª, pero tengo razones para afirmar que el Gobierno, este Gobierno, no pod¨ªa dudarlo. Se daban unas condiciones que permit¨ªan vislumbrar una posibilidad de andar ese camino y todo Gobierno tiene la obligaci¨®n de hacerlo. No se puede decir “no” por unas razones que tambi¨¦n hay que matizar. Es verdad que el paisaje de una justicia despu¨¦s de una ¨¦poca de mayor¨ªa absoluta est¨¢ ah¨ª, pero?

P. Fue una de sus reflexiones en voz alta nada llegar a este despacho.

R. S¨ª, pero distingamos entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la justicia. El Consejo es una cosa, un ¨®rgano pol¨ªtico-administrativo de gobierno de los jueces, con unas reglas de juego de car¨¢cter pol¨ªtico, y la justicia es otra cosa. Es cierto que despu¨¦s de ocho a?os de gobierno de la derecha, la ¨²ltima mitad con mayor¨ªa absoluta, hay rastros en puntos clave de la justicia, pero no lo es menos que existe un dep¨®sito de confianza en la justicia? Hay rastros procedentes de un Gobierno de la derecha, me parecen obvios, pero existe suficiente grado de credibilidad en la justicia como para que no fuera considerada un obst¨¢culo. Nunca me lo hubiese planteado como impedimento, en absoluto. Creo que hay mucha responsabilidad en la justicia, un alt¨ªsimo grado de responsabilidad, y si algunas veces se detectan alg¨²n otro tipo de cosas pienso que el problema no est¨¢ ah¨ª. Y lo que acabamos de ver en la Sala del 61 nos sit¨²a, precisamente, en el CGPJ, no en la jurisdicci¨®n. Insisto en que alguien ha tomado una decisi¨®n y no quiero hablar de intenciones que ha producido un resultado an¨®malo. Habr¨¢ que rectificarlo, pero estamos hablando de un ¨¢mbito que no es la jurisdicci¨®n, sino de quienes gobiernan la jurisdicci¨®n. El problema durante el proceso de paz, entiendo, no ha sido la justicia, la jurisdicci¨®n. A m¨ª me parece que la clave de lo que ha ocurrido es otra, muy distinta.

P. ?Cu¨¢l es esa clave?

R. Es lo que ha ocurrido con el n¨²cleo duro de dirigentes del pasado que perdieron las elecciones el 14 de marzo de 2004 y que no han aceptado la derrota. Y que no se resignan a tenerse que ir. Si hubiesen sido dirigentes responsables que uno presume en ellos de cara a su partido, se hubieran ido? Se pierden unas elecciones como se perdieron y lo l¨®gico es que se marcharan.

P. O corregido el rumbo?

R. Siempre que tengas la capacidad para corregirlo. Pero el problema es que se quedan para transmitir su frustraci¨®n al partido. Tenemos un gran partido, el Partido Popular, que tiene capacidad para gobernar este pa¨ªs y que lo har¨¢ en alg¨²n momento, espero yo que muy tarde, pero ese partido est¨¢ ahora mismo dirigido por un grupo de frustrados, de gente que ha sufrido una enorme frustraci¨®n. Esta descripci¨®n no tiene un ¨¢tomo de sentido peyorativo o acritud. Se pierden unas elecciones en las que hay unas expectativas de ganarlas. Se pierden porque se han cometido errores grav¨ªsimos. No nos confundamos: hay un enfrentamiento con la mayor¨ªa de los espa?oles a ra¨ªz del apoyo del Gobierno del Partido Popular a la guerra de Irak. Hay un atentado por parte de un grupo terrorista internacional y hay una gesti¨®n p¨¦sima de esa crisis que hemos visto ad¨®nde condujo. En este marco, hay un grupo de personas que se derrumban, se caen, y que no son capaces de superar el trauma de frustraci¨®n. No s¨®lo eso: se lo transmiten a la estructura del partido y la convierten en su estrategia. Y se lanzan por un camino enloquecido, en una escalada de confusi¨®n, de crispaci¨®n, animando un ataque brutal contra las instituciones. Aqu¨ª est¨¢ el problema. Volvamos ahora a la pregunta planteada: un Gobierno advierte una posibilidad de ¨¦xito en el gran problema que ha tenido este pa¨ªs durante los ¨²ltimos cuarenta a?os, est¨¢, pues, obligado a explorarla, y no creo que ni ¨¦ste ni ning¨²n Gobierno haya tenido la idea de que en el horizonte la justicia pod¨ªa ser un obst¨¢culo. No, la justicia no. Por eso: distingamos entre lo que es el gobierno de los jueces, el CGPJ, con la importancia que pueda tener en este momento, que entiendo como muy coyuntural, y la justicia. La justicia no hubiera sido obst¨¢culo. El gran obst¨¢culo es la estrategia de acoso y derribo y de tierra quemada del Partido Popular. Mejor dicho: de quienes lo dirigen ahora.

P. Dice que no hubiera, pero si se recopilan las decisiones judiciales desde antes del verano de 2006, el cuadro que sale al menos plantea dudas razonables.

R. Yo no lo veo as¨ª. Lo que no se puede pedir es que, en tan corto espacio de tiempo, de repente haya cambiado tanto la etapa hist¨®rica para que los tribunales hayan de cambiar su l¨®gica. No, no. No pidamos a los tribunales que act¨²en con l¨®gica pol¨ªtica. Los tribunales deben actuar dentro de la l¨®gica de la justicia. Siguen vigentes las mismas leyes y est¨¢n enjuiciando actos anteriores a esta etapa. Ellos deben seguir aplicando la ley y los pol¨ªticos dedicarse a construir la paz. Lo que fall¨® no fue la justicia. El Gobierno anduvo ese camino sin preocupaci¨®n por el lado judicial. Es que el problema no ven¨ªa de este lado, sino del principal partido de la oposici¨®n que decide romper el pacto antiterrorista y hacer de la pol¨ªtica antiterrorista su ¨²nico tema de debate.

P. ?Puede analizarse lo que ocurre en el sistema judicial como si fuese una isla?

R. No creo que el sistema judicial sea una isla. Todos los sistemas son diferentes. Recordemos que aqu¨ª, a diferencia del sistema judicial anglosaj¨®n, no nos manejamos, sobre todo en el ¨¢mbito del derecho penal, con el principio de oportunidad, y rige el principio de legalidad, incluso en la actividad del ministerio fiscal. Hay que tener esto en cuenta. No es obst¨¢culo. No lo va a ser. Da igual en qu¨¦ momento se vuelva a plantear ?porque se volver¨¢ a plantear?, no lo va a ser. El Estado sabe que mantiene la estructura de la jurisdicci¨®n para lo que est¨¢. Y la jurisdicci¨®n debe seguir con su propia l¨®gica, y no pretendamos que tenga que asumir la l¨®gica pol¨ªtica. No, no es eso. Tiene que aplicar la ley que existe de acuerdo con el momento en que lo hace. Y s¨ª puede, la jurisdicci¨®n, estar en el horizonte, habr¨¢ un matiz. Y seguro que lo est¨¢. La justicia no es el problema. Lo digo porque vengo de all¨ª, lo he vivido y no percibo que ella sea el problema. Esto no excluye an¨¦cdotas puntuales. El grueso del aparato de justicia en funciona en el tema antiterrorista con una l¨®gica que es la que es. Es el poder pol¨ªtico el que tiene contar con que ello es as¨ª. Hay que maniobrar pol¨ªticamente por otro lado. Insisto: esta deriva viene de la ruptura del pacto antiterrorista y de la utilizaci¨®n pol¨ªtica del terrorismo por primera vez en m¨¢s de veinte a?os.

P. Pero ese pacto refleja una etapa concreta en la lucha contra el terrorismo que el Gobierno, de facto, considera desfasada. Por eso tuvo lugar el proceso de paz. El PP, asimismo, utiliza la formalidad de ese pacto contra el Gobierno por razones propagand¨ªsticas.

R. ?sa es una descripci¨®n que yo llamar¨ªa equidistante. No s¨¦ qui¨¦n tiene raz¨®n. El principio fundamental del Pacto Antiterrorista, ?cu¨¢l es? El elemento nuclear es que la pol¨ªtica antiterrorista la dirige el Gobierno, por ah¨ª empieza todo. Yo llamo ruptura, para ser exactos, a ignorar este principio, cuando no se acepta. Es lo que ocurre cuando se pretende desde la oposici¨®n ejercer de Gobierno. A partir de ah¨ª, hay aspectos parecer formales, que no lo son. Los trapos se lavan en casa. Jam¨¢s se hac¨ªa cuesti¨®n de estos temas y ahora se hace en todo, incluso en la pol¨ªtica penitenciaria. Hemos ido viendo c¨®mo se traspasan las l¨ªneas rojas del pacto. No acepto, pues, la equidistancia. No es el Gobierno el que ha dado pasos en materia de tensi¨®n. Est¨¢ claro qui¨¦n los ha dado. A falta de otro bocado pol¨ªtico, el Partido Popular ha centrado toda su labor de oposici¨®n en lo que aparentemente es lo ¨²nico que queda, habida cuenta de que la situaci¨®n econ¨®mica es excelente, la labor del Gobierno en el terreno de la situaci¨®n social a la vista est¨¢, y en la construcci¨®n del Estado auton¨®mico ya hemos podido apreciar en qu¨¦ se quedaban los vaticinios funestos. ?D¨®nde est¨¢, pues, el gran tema de la oposici¨®n? El ¨²nico es la pol¨ªtica antiterrorista. Eso es lo que yo llamo ruptura del consenso antiterrorista.

P. ?No cree que ha podido haber una sobreactuaci¨®n judicial durante todo el periodo del alto el fuego?

R. Veamos. Cuando hablamos de la entrada en el proceso de paz uno tiene que dar un paso previo, debe mirar hacia el campo pol¨ªtico. Hay que crear unas condiciones en el ¨¢mbito pol¨ªtico, y cuando se consiguen entonces se avanza. Analicemos: tenemos una foto fija en la cual hay cese de la violencia y una manifestaci¨®n de la banda terrorista ETA sobre el alto el fuego permanente. Este nuevo marco, con todos los matices del caso, genera unas expectativas en el terreno pol¨ªtico en un marco judicial que es el que es y que contin¨²a con su din¨¢mica. Insisto: no pidamos al sistema judicial que se transforme y act¨²e como si ETA hubiese dejado las armas definitivamente y el entorno de Batasuna aceptase, inequ¨ªvocamente, la legalidad democr¨¢tica porque le estar¨ªamos pidiendo algo imposible. Es que ese no es el escenario. La justicia, ante una etapa provisional, que, por otra parte, ya ha tenido lugar en muchas veces, act¨²a con una l¨®gica que es la que le corresponde. Ha habido matices. En las dos direcciones. Pero son an¨¦cdotas.

P. ?Acaso el caso De Juana no es un bot¨®n de muestra de esa sobreactuaci¨®n?

R. Es paradigm¨¢tico, pero de lo que yo acabo de decir. La justicia ha actuado en su l¨®gica. La Audiencia Nacional en la suya. Si echamos un vistazo a las resoluciones de la Audiencia Nacional que han sido revisadas por el Tribunal Supremo a la baja ver¨ªamos que el porcentaje es alt¨ªsimo, lo mismo que resoluciones de otros tribunales inferiores. Para eso est¨¢n el Tribunal Supremo. Y no tiene nada de particular en el caso De Juana. Una petici¨®n de pena que se explica mal, una sentencia condenatoria de doce a?os y siete meses, un recurso y una rebaja sustancial. El Supremo dice la ¨²ltima palabra: tres a?os. Es el sistema ha funcionando con normalidad. ?Qu¨¦ ha habido anomal¨ªas? Yo las que veo no son las del funcionamiento de la justicia. Son otras. Me parece un ejercicio de hipocres¨ªa brutal por parte de la oposici¨®n, que utiliza un hecho que no deber¨ªa haber pasado de una an¨¦cdota, y lo transforma en un verdadero mito. Y no es casual: se ha aprovechado una inercia que se llevaba y se ha intentado catalizar con De Juana una oposici¨®n por esos mismos dirigentes que desde el poder gestionaron la pol¨ªtica penitenciaria con criterios diametralmente contrarios a los que ahora invoca al dirigirse al Gobierno. Han puesto en pie un castillo de manipulaci¨®n y mentira al servicio de la oposici¨®n. Nunca han dicho la verdad. El PP ha mentido en todo. No es verdad que el Gobierno ha puesto en la calle a un asesino. Ha resuelto una medida de prisi¨®n atenuada, confirmada por el juez de vigilancia penitenciaria, sobre la base de informes m¨¦dicos acreditados. Tampoco es cierto que esa medida se aplica a un asesino que cumpl¨ªa condena por asesinar a 25 personas. Este se?or hab¨ªa cumplido su condena, pag¨® las deudas a la sociedad por muy asesino que sea. Estaba en la c¨¢rcel condenado por amenazas. De los tres a?os de prisi¨®n que deb¨ªa cumplir llevaba a?o y medio. ?Por qu¨¦ se miente de esta manera? Porque la verdad no vende. El PP no hubiese podido movilizar a la gente diciendo la verdad. La mentira es rentable al menos a corto plazo, a medio plazo menos y a la larga ya se ver¨¢. Todo lo que se ha hecho es construir un edificio de mentiras y manipulaciones de una realidad dif¨ªcil de gestionar, cosa que nuestros opositores saben bien. S¨ª, muy dif¨ªcil de administrar. Porque no nos enga?emos. Cuando alguien decide protagonizar una huelga de hambre contra una sentencia que estima desorbitada lo hace y creyendo probablemente que la pena es injusta y que no merec¨ªa tanto. Bien, por lo que sea, lo hace. Y llega a una situaci¨®n tan delicada que est¨¢ en riesgo su vida. Siguiente mentira, escandalosa, casi obscena: eso era una dieta blanda, no hay riesgo de vida. ?C¨®mo se llega a estos niveles de mentira? Lo supongo: cuando no tienes otro bocado pol¨ªtico que llevarte a la boca. Pero es una mentira. La situaci¨®n de De Juana estaba al borde de la muerte. Y resulta que no, que sus problemas de salud eran el resultado de una dieta. En el ¨¢mbito medi¨¢tico hay quienes en otras circunstancias ?pienso en la huelga de los GRAPO, durante los a?os noventa, contra el Gobierno socialista- mantuvieron exactamente la posici¨®n contraria de la que sostienen estos d¨ªas con el ¨²nico fin de desgastar al Gobierno. En aquella ocasi¨®n el Gobierno resisti¨® esa huelga. La gente no tiene por qu¨¦ tener memoria pero algunos tenemos la afici¨®n de consultar las hemerotecas ya que no olvidamos. El Gobierno ha tenido que optar en el caso De Juana entre una mala decisi¨®n y otra peor. Y, bueno, pues la menos mala. ?Libertad? No, prisi¨®n atenuada.

P. El PP ha utilizado las ilusiones democr¨¢ticas de mucha gente que ha cree que el Gobierno se ha equivocado, y confiaba al salir a la calle en una rectificaci¨®n.

R. Gente de perfecta buena fe ha salido a la calle porque los dirigentes del PP les han enga?ado con una mara?a de mentiras. La hipocres¨ªa es que si alguien puso en libertad a De Juana antes de tiempo fueron ellos con anterioridad. El expediente penitenciario lo registra todo y all¨ª muestra que el Gobierno popular regal¨® beneficios hasta 600 d¨ªas y la raz¨®n para ello. Por escribir un libro de enaltecimiento del terrorismo. Este Gobierno dej¨® sin efecto 175 d¨ªas de aquellos que le hab¨ªan regalado. De Juana lleg¨® a estar en condiciones de salir a la calle antes de tiempo porque el PP le dio los beneficios penitenciarios sabiendo que era el asesino que es. Tal cinismo no me extra?a. He sufrido las consecuencias de la mayor¨ªa absoluta del PP. S¨¦ c¨®mo se las gastan.

P. Por todo esto, el Gobierno, ?no deber¨ªa haberse aplicado m¨¢s a explicar lo que ha ocurrido?

R. S¨ª, seguramente. Primero, la prisi¨®n atenuada de este sujeto, hablamos de una medida que al propio Gobierno no le gusta. Es la menos mala de las soluciones. El Gobierno tiene la obligaci¨®n de que no se le muera en prisi¨®n. El Tribunal Constitucional lo tiene dicho. De ah¨ª nos viene el mandato de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria. Es una obligaci¨®n?

P. Sea su situaci¨®n el resultado de su propia iniciativa. La huelga de hambre no es una excepci¨®n en el ejercicio de esa obligaci¨®n.

R. Naturalmente. La doctrina del Tribunal Constitucional se form¨® a primeros de los a?os noventa, en 1992, en relaci¨®n con presos en huelga de hambre. Fueron dos o tres sentencias. El debate: los l¨ªmites de la libertad del recluso a oponerse que lo alimenten y obligaci¨®n del Estado a alimentarle incluso con la fuerza. El Gobierno pues no pod¨ªa hacer otra cosa que optar por mantener a este sujeto con vida. El sistema lo tiene previsto. Y no es la calle. Es la prisi¨®n atenuada, medida prevista por el reglamento penitenciario, para casos de salud. Y esta medida no es definitiva. El juez de vigilancia tiene que pronunciarse sobre ella. En caso de no estimar que es procedente la deja sin efecto. El control de la actividad de las instituciones penitenciarias la tiene el juez de vigilancia. El juez cont¨® con un informe del fiscal. Ambos coincidieron en que esa era la medida adecuada para que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones. As¨ª funciona. Claro que cuando no cuentas toda la historia, y en su lugar manipulas, mucha gente bienintencionada salga a la calle ilusionada con el objetivo de cambiar una cosa que est¨¢ mal. Yo he salido a la calle con la ilusi¨®n de cambiar una realidad. Tengo todo el respeto por esta gente que act¨²a bajo una campa?a de desinformaci¨®n. Y esta campa?a solo se explica por el dominio impresionante de la derecha sobre medios de comunicaci¨®n.

P. Queda pr¨¢cticamente menos de un a?o para el final de la legislatura si se mantiene el calendario de agotar el periodo y usted est¨¢ empe?ado en lograr la asignatura pendiente de renovar el Consejo General del Poder Judicial. ?Qu¨¦ va a hacer para lograrlo?

R. Partimos de una evidencia reconocida. A m¨ª se me ha recibido con ¨¦stos v¨ªtores tan amables de la derecha que saludaban poco menos que al Diablo. Pero hete aqu¨ª que el 28 de febrero pasado el pleno del CGPJ llega a un acuerdo, casi por unanimidad. Me felicita por mi llegada al cargo, lo que es un gesto de educaci¨®n que en la justicia todav¨ªa se lleva. Y a?ade que el Consejo ya ha cumplido con sus obligaciones para su renovaci¨®n y que cuanto antes las fuerzas pol¨ªticas lleguen a un acuerdo. Agrega tambi¨¦n que estima estar actuando en la legalidad, una cosa que yo jam¨¢s he puesto en duda. Bien. Parece que estamos de acuerdo: el CGPJ en funciones no est¨¢ en las mejores condiciones para seguir actuando y debe renovarse. Lo que estoy haciendo, en consecuencia, es insistir en que el PP deje de una vez de bloquear ese acuerdo. Ahora resulta que el ¨²ltimo pretexto de dicho bloqueo soy yo.

P. ?Por qu¨¦ va el PP a cambiar una estrategia que tan buenos resultados le ha dado en el ¨¢mbito judicial y pol¨ªtico?

R. La maniobra es evidente. Llevan largos meses impidiendo la renovaci¨®n porque este CGPJ les va bien. Est¨¢n de espaldas a una realidad parlamentaria diferente a cuando se form¨® el Consejo, pero sobre todo a algo obvio: este Consejo ya no es constitucional. Por no tener, no tiene ni el n¨²mero de miembros que debiera tener. Pero eso a la derecha no le importa. Pero nos debe preocupar. Porque la Constituci¨®n prev¨¦ 20 miembros y un presidente. Pues ya no los tiene. Los va perdiendo. Y perder¨¢ m¨¢s ya que la gente envejece y se jubila. Si seguimos as¨ª? El mandato de cinco a?os se ha cumplido, perdi¨¦ndose as¨ª el marchamo de legitimidad. Sigue siendo legal porque la ley porque la ley no le proh¨ªbe seguir actuando en funciones, pero todos sabemos, incluyendo al actual CGPJ, que un ¨®rgano en funciones no es el mismo que el que estaba en plazo constitucional. Lo voy a intentar con dedicaci¨®n. Creo que puedo hacer una buena oferta de renovaci¨®n.

P. ?Cu¨¢l?

R. Bueno, quiero decir que no estoy buscando una renovaci¨®n para seguir de la misma manera, es decir, m¨¢s de lo mismo. Hay que replantearse a fondo las cosas. Estoy convencido de que para llegar a la situaci¨®n actual debemos haber hecho muy mal las cosas todos ya que hemos sido incapaces de dar con un modelo que sea aceptado y cumpla su misi¨®n. No, por alguna raz¨®n, el ¨®rgano no est¨¢ bien dise?ado y las reformas adoptadas lo han empeorado. Ahora tenemos que llegar a un acuerdo para su renovaci¨®n a fin de que represente lo m¨¢s fielmente al conjunto de la carrera judicial, que es complejo, porque todos deber¨ªamos saber que hay mucho que conservadores y progresistas. Me gustar¨ªa que refleje mejor la realidad de lo que la polarizaci¨®n actual permite. Y esta es mi oferta. Cuando pase este ruido podremos avanzar. No soy yo, evidentemente, el motivo para no alcanzar ese acuerdo. Es siempre la dial¨¦ctica tramposa del que te imputa a ti aquello que ¨¦l en realidad no quiere hacer. He vuelto a tender la mano al PP. Tengo para m¨ª que el portavoz del PP, Ignacio Astarloa, ya va entrando en razones. Aunque ¨¦l diga que no, creo que nos acabaremos entendiendo. Es una pena que Astarloa se haya deslizado hacia el n¨²cleo duro, hacia una minor¨ªa que ha arrastrado al partido. Ese es el espect¨¢culo actual. La gente debe saberlo. No es un debate de ideas ni de supervivencia del partido. Se juegan la supervivencia quienes dirigen este partido, los que le llevaron a la ruina de las ¨²ltimas elecciones generales. Guardo, en cambio, de Astarloa un recuerdo de un hombre de talla?