Espa?a, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional

El gobierno anunci¨® el inicio del di¨¢logo con ETA tras haber declarado el grupo armado un alto el fuego permanente en marzo, pero la iniciativa no prosper¨® a causa de un atentado con explosivos perpetrado en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre. Un a?o despu¨¦s de la muerte de 13 migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, las investigaciones no hab¨ªan dado a¨²n ning¨²n resultado. En julio de 2006 murieron en un incidente similar tres migrantes m¨¢s. El n¨²mero de migrantes y solicitantes de asilo llegados por mar a las Islas Canarias en 2006 se multiplic¨® casi por siete con respecto a 2005 y super¨® la cifra total de los cuatro a?os anteriores juntos. Sigui¨® habiendo informes de tortura y malos tratos infligidos, en muchos casos con impunidad, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Tribunal Supremo dict¨® un fallo hist¨®rico sobre la inadmisibilidad de las pruebas procedentes de Guant¨¢namo.

Informaci¨®n general

En mayo de 2005, el Parlamento hab¨ªa aprobado el inicio del di¨¢logo entre el gobierno y quienes abandonaran la violencia. A ra¨ªz de ello, en marzo de 2006, el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunci¨® un ?alto el fuego permanente?. La tensi¨®n existente en torno al proceso de di¨¢logo se intensific¨® tras un estallido de violencia que se produjo en el Pa¨ªs Vasco en septiembre y el robo de unas 350 pistolas en un arsenal franc¨¦s a finales de octubre. El 30 de diciembre explot¨® una bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas y mat¨® a dos hombres. Una hora antes de la explosi¨®n, ETA hab¨ªa avisado por tel¨¦fono de la colocaci¨®n del artefacto explosivo. El gobierno anunci¨® entonces que daba por terminado el di¨¢logo.

El Parlamento espa?ol y las comunidades aut¨®nomas de Catalu?a, Valencia y Andaluc¨ªa aprobaron una reforma de los estatutos de ¨¦stas que les otorgaba mayor autonom¨ªa. En julio, el gobierno present¨® al Parlamento un proyecto de ley sobre el reconocimiento de los abusos contra los derechos humanos sufridos durante la guerra civil de 1936-1939 y la dictadura subsiguiente.

Migraci¨®n y asilo

La situaci¨®n de los migrantes y los solicitantes de asilo en Espa?a continu¨® siendo motivo de gran preocupaci¨®n. Se siguieron dictando ¨®rdenes de expulsi¨®n contra migrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularizaci¨®n de su situaci¨®n. De acuerdo con los datos facilitados por el Comit¨¦ Espa?ol de Ayuda al Refugiado, en los primeros seis meses del a?o se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

Las rutas migratorias parecieron cambiar, pues durante el a?o llegaron a las Islas Canarias m¨¢s de 31.245 solicitantes de asilo y migrantes indocumentados de ?frica Occidental. Las autoridades del gobierno aut¨®nomo hicieron uso de centros de recepci¨®n improvisados para alojarlos, y el hacinamiento extremo agrav¨® las malas condiciones de los centros ya existentes. Entre estas personas llegaron varios centenares de menores no acompa?ados, con lo que se sobrepas¨® con creces la capacidad de acogida de menores de la regi¨®n y se vieron amenazados sus derechos fundamentales. El hacinamiento existente en los centros de inmigraci¨®n generaba tensiones y violencia.

Como consecuencia de la llegada a las Islas Canarias de un gran n¨²mero de solicitantes de asilo y migrantes, los procedimientos de determinaci¨®n de los casos de asilo, considerados ya inadecuados all¨ª, se vieron sometidos a presi¨®n extrema. El acceso restringido a asistencia letrada y servicios de interpretaci¨®n, as¨ª como los procesos acelerados de devoluci¨®n, fueron motivos de preocupaci¨®n. En septiembre, tras haber denunciado sindicatos de polic¨ªa que en los centros de detenci¨®n de inmigrantes de las islas no se cumpl¨ªan las normas b¨¢sicas sobre higiene a causa del hacinamiento, la Fiscal¨ªa de Canarias inici¨® una serie de inspecciones para comprobar las condiciones de los centros.

La investigaci¨®n de la muerte de al menos 13 migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005 todav¨ªa no hab¨ªa permitido identificar ni castigar a los responsables. En julio de 2006, tres migrantes m¨¢s murieron al intentar cruzar la frontera de Melilla. Se cayeron de la cerca, de seis metros de altura, al disparar la polic¨ªa espa?ola balas de goma a modo de aviso y disparar las fuerzas marroqu¨ªes munici¨®n real. Tres d¨ªas m¨¢s tarde, el gobierno aprob¨® una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para medidas de control de la frontera sin imponer ninguna condici¨®n relativa a los derechos humanos ni pedir explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera en 2005 y 2006. En virtud de un acuerdo sobre devoluciones ya existente, se sigui¨® enviando a migrantes de regreso a Marruecos cuando se pod¨ªa demostrar que hab¨ªan salido de all¨ª. Las garant¨ªas jur¨ªdicas y de protecci¨®n pedidas en estos casos eran insuficientes, por lo que las personas devueltas quedaban expuestas a sufrir malos tratos.

Espa?a particip¨® en una misi¨®n conjunta de vigilancia mar¨ªtima llevada a cabo por varios pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE) y coordinada por Frontex, organismo encargado de la gesti¨®n del control de las fronteras exteriores de la UE. Esta operaci¨®n ten¨ªa por objeto interceptar en alta mar embarcaciones de migrantes y devolverlas a su pa¨ªs de origen. Suscit¨® gran preocupaci¨®n en relaci¨®n con el respeto de derechos fundamentales, como el derecho de toda persona a solicitar asilo, a abandonar su pa¨ªs y a no ser devuelta a ning¨²n pa¨ªs donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos.

Malos tratos policiales e impunidad

Sigui¨® habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, situaci¨®n que se ve¨ªa agravada por la falta de investigaciones sistem¨¢ticas e independientes de tales incidentes. Seg¨²n un estudio publicado por la organizaci¨®n nacional contra el racismo SOS Racismo, en uno de cada tres casos denunciados de violencia racista, los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley.

En abril, Espa?a ratific¨® el Protocolo Facultativo de la Convenci¨®n contra la Tortura, que hab¨ªa firmado en 2005. A pesar de ello, mantuvo pr¨¢cticas condenadas por el relator especial de la ONU sobre la cuesti¨®n de la tortura por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato, como la detenci¨®n en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n.

En enero, los Mossos d'Esquadra, polic¨ªa aut¨®noma de Catalu?a, pusieron fin violentamente a una fiesta tradicional callejera en la localidad catalana de Arenys de Mar, en el noreste del pa¨ªs. Seg¨²n informes, hicieron uso de la violencia para intentar dispersar a los participantes, a los que golpearon con porras en la cabeza y el cuerpo al cargar contra ellos, causando lesiones a algunos. Una de las v¨ªctimas, Joan Munich, recibi¨® al menos un golpe en la cabeza, a causa del cual se desplom¨® y qued¨® inconsciente moment¨¢neamente. Cuando recobr¨® el conocimiento, lo detuvieron. Posteriormente fue declarado culpable de agredir a un agente de polic¨ªa, por lo que se le impuso una condena condicional de un a?o de c¨¢rcel y una multa. Dos compa?eros suyos fueron declarados culpables de desobedecer una orden de la polic¨ªa y multados. Los tres presentaron un recurso de apelaci¨®n, pero sin ¨¦xito. Otros siete hombres presentes en el lugar de los hechos presentaron denuncias contra la polic¨ªa, pero tampoco ¨¦stas prosperaron.

En junio, un agente de la polic¨ªa nacional asest¨® un pu?etazo en la cara a una mujer que intent¨® intervenir en la detenci¨®n, aparentemente violenta, de una desconocida a la puerta de un bar de Barcelona. Seg¨²n informes, a continuaci¨®n la mujer fue detenida y llevada a una comisar¨ªa de polic¨ªa, donde cuatro agentes la introdujeron a empujones en una celda y la golpearon por todo el cuerpo y la cabeza. Tambi¨¦n le dieron patadas en la cabeza, estando ella ca¨ªda en el suelo de la celda y con las manos esposadas a la espalda. Un m¨¦dico de la polic¨ªa que la examin¨® bajo custodia indic¨® que presentaba s¨®lo contusiones de poca importancia, pero un informe m¨¦dico solicitado por la mujer cuando qued¨® en libertad se?al¨® la existencia de m¨²ltiples lesiones en la cabeza, el rostro, los brazos, las piernas y la espalda. En agosto se impuso a la mujer una multa por haber opuesto resistencia a su detenci¨®n.

En febrero se separ¨® de su cargo a ocho de los nueve agentes de polic¨ªa implicados en el maltrato y la muerte bajo custodia de Juan Mart¨ªnez Galdeano en julio de 2005. Se retiraron las acusaciones formuladas contra uno de ellos y se presentaron cargos contra los dem¨¢s por agresi¨®n grave, lesiones y homicidio por imprudencia. El fiscal de Almer¨ªa solicit¨® diez a?os de prisi¨®n para el de mayor rango, y ocho para los dem¨¢s. Seg¨²n la autopsia e informes m¨¦dicos posteriores, la muerte de Juan Mart¨ªnez Galdeano se debi¨® a una combinaci¨®n de los violentos golpes y las t¨¦cnicas de inmovilizaci¨®n a que fue sometido por los agentes de polic¨ªa y una reacci¨®n adversa a la coca¨ªna que hab¨ªa consumido.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres segu¨ªa siendo un problema grave. En los tres primeros meses del a?o fueron v¨ªctimas de homicidio a manos de sus parejas o de ex parejas 21 mujeres. Fue la cifra m¨¢s alta alcanzada desde 1999, cuando hab¨ªan comenzado a registrarse estas muertes. Ochenta y seis mujeres murieron en 2006 a consecuencia de la violencia en el ¨¢mbito familiar, 68 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas.

Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de g¨¦nero, en enero de 2005, las denuncias de este tipo de delitos hab¨ªan aumentado un 18 por ciento. Sin embargo, los nuevos tribunales dedicados a instruir tales causas no ten¨ªan recursos suficientes para ocuparse del elevado n¨²mero de ellas que se presentaban. Las autoridades judiciales rechazaron m¨¢s del 20 por ciento de las solicitudes de ¨®rdenes de protecci¨®n presentadas por v¨ªctimas. Los programas de rehabilitaci¨®n de individuos declarados culpables de violencia dom¨¦stica eran insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que hab¨ªa m¨¢s de 1.700 maltratadores convictos en espera de recibir plaza en alguno de ellos. En muchas comunidades aut¨®nomas hab¨ªa una persistente falta de centros de crisis para v¨ªctimas.

'Guerra contra el terror' En julio, el Tribunal Supremo anul¨® la condena impuesta a Hamed Ahmed, ex detenido de Guant¨¢namo, y orden¨® que fuera puesto en libertad de inmediato. En octubre de 2005, a su regreso a Espa?a de Guant¨¢namo, donde hab¨ªa estado recluido desde 2002, Hamed Ahmed hab¨ªa sido declarado culpable de pertenecer a una organizaci¨®n terrorista por la Audiencia Nacional y condenado a seis a?os de prisi¨®n. El Tribunal Supremo determin¨® que Guant¨¢namo constitu¨ªa un limbo jur¨ªdico, sin garant¨ªas ni control, por lo que toda prueba procedente de all¨ª deb¨ªa ser declarada completamente nula. Por consiguiente, no hab¨ªa ninguna prueba contra Hamed Ahmed, salvo su propia declaraci¨®n, que a juicio del Tribunal Supremo no conten¨ªa elementos incriminatorios.