Guerra de recursos por el suelo y los montes

Los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda han criticado con dureza la Ley de Medidas Urgentes para la Modernizaci¨®n, aprobada ayer por el rodillo del PP en la Asamblea de Madrid, el primero por el contencioso con los agentes forestales y el segundo por la limitaci¨®n de alturas. Todo parece indicar que la disputa la dirimir¨¢n los tribunales. El departamento que dirige Cristina Narbona ya ha anunciado hoy la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad porque, en opini¨®n de Narbona, la pol¨¦mica normativa entra en colisi¨®n con la Ley de Montes. Poco despu¨¦s, el Gobierno de Madrid ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo del Estado, al considerar que "algunos de sus art¨ªculos invaden competencias exclusivas" de esta comunidad.

Entrevistada en la Cadena SER, la ministra ha afirmado que su departamento "analizar¨¢ inmediatamente la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad" contra la ley, que obliga a los agentes forestales a pedir autorizaci¨®n judicial para entrar en fincas privadas. Y no es una cuesti¨®n balad¨ª,, ya que el 75% del monte madrile?o est¨¢ en manos del particuales. Narbona ha se?alado que una vez que el Gobierno regional no ha aceptado "ninguna enmienda en esta materia" y "no ha atendido el clamor" contra una ley que, a su juicio, "s¨®lo beneficia a los que tienen montes privados", su Ministerio llevar¨¢ a cabo "un an¨¢lisis muy r¨¢pido" para decidir sobre la presentaci¨®n del recurso.

La ministra, que preside la comisi¨®n gestora del PSM, ha declarado que la medida "es contrarian a la Ley B¨¢sica de Montes, que dice claramente que los agentes forestales pueden entrar, inspeccionar, tomar pruebas y llevar a cabo las actuaciones que crean necesarias para prevenir delitos de car¨¢cter medioambiental o urban¨ªstico". Asimismo, ha criticado otros aspectos de la Ley de Medidas Urgentes de Modernizaci¨®n del Gobierno y la Administraci¨®n, que, en su opini¨®n, no es "ni urgente ni modernizadora" y s¨®lo favorece a "los propietarios privados de montes" y a "personas de confianza de la presidenta, que van a poder ser miembros del consejo de Caja Madrid".

Getafe pide su retirada

En su opini¨®n, la ley "rompe Espa?a y no respeta el ordenamiento constitucional". Entre tanto, la Comunidad de Madrid contraataca. El vicepresidente primero, Ignacio Gonz¨¢lez, ha anunciado al t¨¦rmino del Consejo de Gobierno que han presentado un recurso al Constitucional, que se basa en que en que el Estado se atribuye en la Ley del Suelo "competencias generales que nada tienen que ver con las materias exclusivas, urban¨ªsticas o de vivienda" para, de ese modo, asumir "competencias que no tiene" en pol¨ªtica de ordenaci¨®n del territorio, del medio ambiente o urbanismo. Estos mismos hechos, ha a?adido, motivaron que el alto tribunal "estimase un recurso anterior a ¨¦ste, tambi¨¦n de inconstitucionalidad, que interpusieron algunas comunidades contra la Ley del Suelo anterior".

Gonz¨¢lez ha explicado que la Ley del Suelo "impone un modelo de gesti¨®n" del urbanismo "que supone una intromisi¨®n directa sobre las competencias urban¨ªsticas de la Comunidad, a la que le corresponde determinar los criterios y sistemas de gesti¨®n". Asimismo, ha se?alado que "establece criterios generales en pol¨ªtica de vivienda que son competencia exclusiva de la Comunidad" o que fija los procedimientos de tramitaci¨®n, los criterios de organizaci¨®n, los crecimientos y en general que "entra en la capacidad de gesti¨®n, de auto organizaci¨®n y ejecuci¨®n exclusivas de la Administraci¨®n regional en esta materia". Ha recordado que a la Comunidad de Madrid, y no al Estado, le corresponde organizar el urbanismo de la regi¨®n, determinar los usos del suelo o la forma de utilizaci¨®n de cesiones de aprovechamiento.

Al margen de esta guerra de recursos, muchos colectivos han cargado de nuevo contra la ley. Los primero, los agentes forestales, que han formado un comit¨¦ de crisis y amenazan con ir a la huelga. Este comit¨¦ ha asegurado que, a partir de ahora "queda en manos de la sensatez, la l¨®gica y la justicia" la petici¨®n de autorizaci¨®n judicial para entrar a las fincas privadas, que consideran "claramente inconstitucional". Por su parte, la Confederaci¨®n de Consumidores y Usuarios de Madrid ha se?alado que la limitaci¨®n a tres alturas m¨¢s ¨¢tico puede tener "serias consecuencias" en cuanto a "transportes, precios de la vivienda y medio ambiente". La Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos ha denunciado la falta de transparencia en la adopci¨®n de la ley porque "ha rehuido el di¨¢logo, el debate y la participaci¨®n ciudadana".