El fiscal mantiene la pena de 54 a?os para Kantauri
El Ministerio P¨²blico acusa a los terroristas de intimidaci¨®n e intento de asesinato de los guardias civiles que desactivaron el artefacto explosivo
El fiscal Jes¨²s Alonso ha mantenido hoy su petici¨®n inicial de 54 a?os de c¨¢rcel para el etarra Jos¨¦ Javier Arizcuren, Kantauri, por tres tentativas de asesinato en relaci¨®n con la colocaci¨®n de una bomba en un bar de la localidad guipuzcoana Eskoriatza, el 22 de mayo de 1987. Como en ocasiones anteriores, Kantauri se ha negado a declarar ante el tribunal que lo ha juzgado hoy en la Audiencia Nacional. "Soy miembro de ETA, no voy a participar en este teatro por lo que no voy a contestar a ninguna pregunta", ha indicado el acusado. El Ministerio P¨²blico ha considerado que es responsable de esos tres delitos ya que en el atentado pudieron morir los tres guardias civiles que desactivaron la bomba.
Arizcuren integraba el comando Araba de ETA, en compa?¨ªa de los ya condenados por estos hechos, Alberto Plazaola, Juan Carlos Arruti y Jos¨¦ Ignacio Gazta?aga, adem¨¢s de otra procesada en rebeld¨ªa, quienes planearon el atentado contra el bar Naira de Eskoriatza.
Intentos de intimidaci¨®n y asesinato
Con el atentado, seg¨²n el fiscal, los terroristas pretend¨ªan, por un lado, "intimidar" a los arrendatarios del establecimiento, debido a que ten¨ªan la creencia de que en el establecimiento se traficaba con droga y, por otro, asesinar a los guardias civiles que acudiesen a desactivar el artefacto. Los etarras avisaron al diario Egin de la colocaci¨®n de la bomba, por lo que se desplazaron hasta el lugar agentes de la Ertzaintza de Arrasate y el equipo de desactivaci¨®n de explosivos de la Guardia Civil de Arechavaleta. La explosi¨®n fue "violent¨ªsima" y, aunque tuvo v¨ªctimas, caus¨® importantes da?os a los inmuebles y veh¨ªculos cercanos.
En la vista, Arruti se ha negado a contestar y Gazta?aga ha dicho que no se acordaba de nada. Sin embargo, en sus declaraciones policiales reconocieron a Kantauri como miembro del comando. En su informe final, el representante del Ministerio P¨²blico ha sostenido que las declaraciones de los coimputados y la cantidad de explosivo empleada por los terroristas son pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria para el acusado.
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