La FERE pide "concreci¨®n" en la alternativa a Ciudadan¨ªa

La Federaci¨®n de Religiosos de la Ense?anza (FERE), la principal patronal de la escuela cat¨®lica concertada, ha trasladado al PP su inquietud por las instrucciones que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha transmitido a los centros sobre la alternativa a la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. En una circular, el Ejecutivo regional indica que los objetores a la asignatura deben hacer un trabajo y las acciones de voluntario que el propio centro determine. La FERE se queja de falta de concreci¨®n y tambi¨¦n pregunta qui¨¦n va a correr con los gatos que genere la alternativa.

La FERE ha enviado una carta a todos sus centros en la que exige a la Comunidad de Madrid que regule de forma expl¨ªcita la alternativa que se ofrecer¨¢ a los objetores y explique c¨®mo y qui¨¦n va a financiar esa atenci¨®n educativa suplementaria. Esos suplementos educativos supondr¨¢n que los alumnos realicen trabajos individuales sobre la Constituci¨®n -cuya extensi¨®n o modo de evaluar no precisa- y tareas de voluntariado a libre elecci¨®n del centro. La patronal de los centros cat¨®licos Concertados est¨¢ preocupada por el desconcierto que la instrucci¨®n Comunidad de Madrid est¨¢ sembrando en los colegios, cuyos directores no saben con qu¨¦ material, aulas y profesores van a contar para atender esa demanda.

Ante esta situaci¨®n, la consejera de Educaci¨®n de Madrid, Luc¨ªa Figar, ha dicho que la Comunidad de Madrid "desea" y conf¨ªa en que antes de final de a?o el Tribunal Supremo dicte sentencia respecto a la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa "porque eso va a clarificar todo el panorama". Figar ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras acompa?ar hoy a la presidenta Aguirre al acto oficial de inauguraci¨®n del curso escolar.

El Gobierno, a la espera de sentencia

La consejera ha asegurado que el Gobierno regional lamenta que no se haya promovido un pacto entre los grupos parlamentarios, la comunidad educativa y las autonom¨ªas para que la asignatura se "limitara al estudio de los valores constitucionales, de la democracia, los derechos humanos y de la Declaraci¨®n de Derechos de la ONU". Tras asegurar que la Comunidad de Madrid "acatar¨¢ naturalmente" la sentencia del Supremo sobre esta asignatura, ha recordado que esta materia se imparte "en otros muchos pa¨ªses de Europa" pero "en ninguno ha sido tumbada por mas de 30 sentencias de los tribunales de Justicia" como dice que ha sucedido en Espa?a.

Seg¨²n Figar, los tribunales han coincidido en que el contenido de Ciudadan¨ªa en Espa?a "entra en cuestiones morales que pertenecen al ¨¢mbito familiar" y no al escolar y que esta afirmaci¨®n la avalan "m¨¢s de 30 sentencias" que aseguran que la asignatura "viola la libertad ideol¨®gica y los derechos constitucionales de los padres" lo que, ha dicho, "la diferencia de la que se imparte en muchos pa¨ªses europeos". En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, donde este curso comienza a impartirse Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa por imperativo legal, Figar ha dicho que existen centros donde hay "dos objetores" a recibir la asignatura y otros donde "se ha objetado en bloque" pero que ninguno de ellos han planteado problemas, por el momento, a la hora de impartir actividades alternativas de voluntariado.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid no ha precisado los nombres de los colegios pero s¨ª el n¨²mero de ni?os objetores: menos del 1%. Cerca de 62.000 escolares madrile?os de 2? y otros 53.000 de 4? de ESO empiezan las clases el pr¨®ximo mi¨¦rcoles. De ellos, han objetado 890 estudiantes de 86 centros. No obstante, ha indicado que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ha explicado y explicar¨¢ a los directores cualquier duda que se presente en relaci¨®n con este asunto, aunque ha insistido en que muchos de ellos "controlan desde antes del verano el numero de objetores que tienen" e incluso ya han pensado en los trabajos sustitutivos que les encargar¨¢n. Estos trabajos, ha dicho Figar, se referir¨¢n a "cuestiones del temario" de la asignatura que no han dado lugar a controversia, entre las que ha citado la Constituci¨®n espa?ola o los derechos humanos.